Atentados contra la libertad sindical en un planta de Coca Cola en Tabasco

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. México, a 4 de Octubre, 1999. Mex - Graves incidentes en un planta de Coca Cola en Tabasco. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human* Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Solidaridad Urgente DESC, 4oct99

UTILIZAN TÉCNICAS MAFIOSAS PARA IMPEDIR LA LIBERTAD SINDICAL EN UNA EMPRESA DE COCA-COLA EN EL ESTADO DE TABASCO.

Esta acción está basada en el detallado informe de una de las ONG's que participaron como Observadoras en el proceso electoral. El Equipo Nizkor es el único responsable de su redacción y distribución internacional.

HECHOS:

El sábado 12 de septiembre un grupo de golpeadores (matones) contratados por José Luis Rodríguez Ballinas, Secretario de Organización y Propaganda de la CROC, agredieron a palos a un grupo de trabajadores que impulsan la afiliación de los empleados al Sindicato Nacional Benito Juárez.

Un grupo de aproximadamente 15 agresores llegaron después de la 02:00 p.m. frente a la planta de refrescos Coca-Cola, ubicada en el kilómetro 1.5 de la carretera a Luis Gil Pérez; éstos portaban palos y armas punzocortantes para de inmediato arremeter contra Román de la Cruz García, Orlando Fredy Gómez Ruiz, Víctor Patricio Mayo, Winston Rodríguez Moreno, José del Carmen Cuba Esteban, Miguel Ángel Pérez Baeza y Guadalupe Gerónimo Gallegos.

Todos ellos se encontraban sentados frente a las instalaciones de la transnacional para hablar, al término de la jornada laboral, con los obreros inconformes con la corrupción del dirigente estatal croquista. Fue entonces cuando el grupo de golpeadores, chilangos, llegaron a bordo de dos automóviles Jetta y comenzaron a provocarlos para de inmediato golpearlos con palos y amenazarlos con armas punzocortantes; en esa ocasión hubo tres heridos de consideración, Román de la Cruz, Miguel Ángel Pérez Baeza, y Guadalupe Gerónimo Gallegos.

No conforme con golpearlos, los agresores destrozaron el Volkswagen con matrícula WTN3086 modelo 64, en el que se trasladaban los trabajadores disidentes de la dirigencia nacional.

Estando de acuerdo con esa agresión, el Gerente de Recursos Humanos de la Coca-Cola. Héctor Mendoza, se prestó a la misma, ya que al iniciarse la gresca ordenó poner candados a la entrada de esas instalaciones y no dejó salir ningún obrero hasta bien tarde.

Román de la Cruz García explicó que, tras ser golpeados, decidieron retirarse y presentar una demanda penal, porque además los amenazaron con que llegarían elementos de la dirección de fuerzas de protección a detenerlos.

Se interpuso la demanda ante la segunda delegación (expediente B-III-3280/99) donde se hace responsable a Alberto Juárez Blancas, Hugo Ramos Ramírez, José Luis Rodríguez Ballinas y Víctor Contreras Arias.

En nombre de sus compañeros reiteró un llamado a las autoridades judiciales, a la alcaldesa del Municipio del centro y al Gobernador interino para evitar el agravamiento del conflicto intergremial, así como a la empresa Coca-Cola, a esta última en el sentido de que se abstuviera de intervenir en este conflicto intergremial.

Como consecuencia de todo ello, la semana siguiente fue de intimidación dentro y fuera de la planta así y se implantaron una serie de medidas de seguridad, tales como poner en la entrada un detector de metales, así como un grupo especial de seguridad traído desde FEMSA, México, cuyos integrantes se hacían acompañar de perros amaestrados para atacar; todo el personal tenía que identificarse y pasar todas estas medidas; además, en las oficinas administrativas se colocaron barrotes de acero, y un plástico de protección en las ventanas; se trabajaba en en contra de los disidentes.

Además, sacaron a todo el personal administrativo y no sindicalizado a otros Estados o municipios; también sacaron computadoras y equipos diversos.

Este grupo de disidentes pidió ayuda en la Cámara de Diputados, así como a las ONGs's y a otros sindicatos, para la observación y acompañamiento durante el día de las elecciones, que se iniciaron alrededor de las 11:00 a.m. y terminarían a la 01:00 p.m.

Miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados Federales, llegaron hace dos días y solicitaron al Gobernador interino, Víctor Manuel Barcelo Bas, garantías mínimas para el recuento legal en el Sindicato de la Embotelladora Sin Rival (Coca-Cola). Estuvieron presentes los diputados Rosalio Hernández Beltrán y Joaquín Hernández Correa, integrantes de esa Comisión Legislativa, y los diputados Federales Juan Moisés Calleja, Javier Paz Zarza y Marco Antonio Rodríguez, por la Comisión de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta comisión tiene su origen en una decisión de la Cámara Federal apoyada por los legisladores del PAN, PRD, PT, PVEM.

Cuando los observadores de derechos humanos y algunos reporteros llegamos al lugar, lo primero que notamos es que había alrededor de 300 hombres que portaban una calcomanía color naranja que decía CROC; estaban armados con palos, armas de fuego y punzocortantes; además, estaban fumando Mariguana; había también una camioneta de la Policía Judicial, con unos 30 elementos fuertemente armados que se mantenían a distancia del grupo de choque, y, junto a ellos estaban los diputados federales comisionados por la Cámara de Diputados, donde se tomó el acuerdo de observar y acompañar el proceso de elección sindical y evitar enfrentamientos, dado que ya se temía por los hechos antes sucedidos.

Aproximadamente a la 11:00 a.m., se produjo el primer ataque contra los trabajadores disidentes, cuando éstos llegaron a la planta y quisieron entrar para votar, cosa que les fue impedida por el personal de seguridad que custodiaba la planta, de modo que los golpeadores se les echaron encima y les golpearon de manera despiadada. Lograron replegarse en una casa cercana; es entonces cuando la camioneta de la Policía Judicial, presente en el lugar, trata de retirarse, acción que fue impedida por los Diputados Federales, quienes se colocaron en frente de la camioneta para que no avanzara.

Hubo unas horas de aparente calma, si bien el ambiente era de tensión, porque a una distancia de 70 -80 metros de distancia de los croquistas había un olor muy fuerte a mariguana; alrededor de las 08:30 p.m. dos camiones de transporte de personal salieron de la planta pero lo hicieron por el lado contrario a la carretera que va a Tamulté; momentos después, el General a cargo de los judiciales recibe la orden por radio de que se retire del lugar; tanto los Diputados como los observadores y empleados simpatizantes del Sindicato Benito Juárez le insistimos en que debían permanecer; sin embargo, pusieron en marcha la camioneta, golpeando al Diputado Federal Jorge León; fue entonces cuando los croquistas se precipitaron sobre nosotros arrojando piedras, palos, botellas y todo tipo de artefactos.

Los judiciales echaron a correr, abandonado la camioneta, lo cual propició que los golpeadores se lanzaran sobre todos los allí reunidos, golpeando incluso a los judiciales; éstos empezaron a disparar al aire para tratar de detener a los croquistas; comenzaron a oírse balazos del lado de los croquistas.

Llegaron dos ambulancias de la Cruz Roja para recoger a los heridos, pero los croquistas hicieron un cerco humano y no permitieron el paso de los paramédicos para atender a los heridos, los cuales eran alrededor de 30; estos hechos son a todas luces violatorios del derecho constitucional a la libre asociación sindical.

El viernes 25 por la noche, después de escribir el primer informe, mi preocupación por dos ancianos que se encontraban apoyando me hizo regresar al lugar de los hechos. Se trata de dos jubilados de Pemex; supe por una reportera que se encontraban en una de las casas aledañas a la planta; algunos trabajadores también se habían resguardado en otras casas, pero los croquistas entraron a golpearlos y causaron destrozos en las casas; al mismo tiempo, los empleados identificados como disidentes y se encontraban en la planta no podían salir, porque inmediatamente serían golpeados.

Los diputados federales presentes en estos incidentes son: Rosalio Hernández Beltrán, Joaquín Hernández Correa, Adolfo González Zamora y Jorge León Díaz, integrantes de las comisiones legislativas del trabajo, de asuntos internacionales y de información, gestión y quejas,

Éstos estaban ahí para facilitar que los paramédicos de la Cruz Roja atendieran a los heridos, que en ese momento era unos 40, pero no sabíamos cuántos había aún en las casas y que no podían salir; temíamos que este número aumentara porque aún faltaban por salir los del último turno, ya muy entrada la noche (02:00 a.m.) aproximadamente. A través de las estaciones de radio XEVT y XEVA algunos familiares de los trabajadores informaban de más heridos, así como desaparecidos.

El sábado 26 por la madrugada, en una plática con Ezequiel Cavazos Lerma, el apoderado legal del Sindicato Benito Juárez, éste nos informó que a las seis de la tarde se reanudó la votación, cosa totalmente ilógica ya que, cuando se produjo la agresión, se estaba en el recuento de los votos y éste se suspendió por los disturbios, siendo entonces cuando permiten votar a 51 trabajadores de confianza, pese a no estar sindicalizados, todos ellos plenamente identificados; ello hace que cambie la tendencia de la votación, pues a las 02:00 p.m. la votación era de 160 votos a favor del sindicato Benito Juárez y 110 para la CROC.

No se contó en cambio con los trabajadores disidentes a los que no se dejó entrar, que eran alrededor de 40 a esa misma hora. Dentro de la planta también hubo golpeadores, en complicidad con los funcionarios de la empresa Coca-Cola, y hubo un momento en que quisieron agredir a Mario Arroyo, dirigente sindical, y a al mismo Ezequiel Cavazos; al no lograrlo se ensañaron con otro de sus abogados, Alejandro Tomás Paredes, y también con un funcionario de la empresa a quien confundieron como representante sindical.

Ante estos hechos, los asesores hicieron saber que interpondrían una demanda ante la Procuraduría General de Justicia por el secuestro de que eran objeto y ante la gravedad que presentaba Alejandro Tomás Paredes, como consecuencia de la paliza que había recibido.

Los mismos funcionarios de la Coca-Cola le sacaron a escondidas, recostado en una camioneta, pues temían que muriera ahí mismo. Una vez afuera y a distancia prudente, se lo entregaron a dos sindicalistas para que de inmediato lo sacaran del Estado y fuera atendido.

Ante todo esto se acuerda, con el apoderado legal, hacer una visita a la quinta Grijava, residencia del Gobernador, a las 09:00 a.m., para solicitar audiencia e informarle de lo acontecido y además, para solicitarle garantías para los trabajadores, porque se sabía que a 11 de los disidentes se les había despedido cuando se presentaron a laborar; unas cien personas acudieron ante la casa del Gobernador y estuvieron alrededor de 4 horas sin ser recibidos por el Gobernador interino Víctor Manuel Barcelo Rodríguez.

Finalmente, salió un empleado llamado Oscar Manuel Jiménez Aguirre, quien comunica que serian atendidos por la Secretaria de Gobierno, Martha Guadalupe Martínez Castillo, pero ésta tampoco les pudo recibir y les remite a un funcionario de tercer nivel, Manuel Chan García, quien hizo una llamada telefónica al Gerente de la "Embotelladora Sin Rival", Carlos Pano García, quien le dice que los trabajadores simpatizantes del sindicato nacional Benito Juárez, podían presentarse a cobrar su sueldo y a trabajar, pero pide que lo hagan uno a uno y no en grupo; esto crea desconfianza, pues se sabía que los croquistas aún estaban fuera y dentro de la planta.

Durante todo este tiempo, los del Sindicato de la CROC, a través del dirigente nacional de la CROC, Francisco Javier Mancilla, presentan un acta oficial del recuento legal de la votación, con 237 votos a favor de la CROC y187 para el Sindicato Nacional Benito Juárez.

Cabe resaltar que todo lo sucedido provoca un problema de poderes, pues no se reconoció la investidura de los diputados federales, además de agredir a Jorge León; asimismo, la ineficiencia de la policía judicial se hizo manifiesta, y quedó bien claro cómo una empresa transnacional se alía con los golpeadores, brindándoles todo tipo de comodidades y muy buena paga, incluso en drogas, de lo cual fuimos testigos los allí presentes.

Finalmente, el día 27, un centenar de personas bloquearon durante una hora la carretera que lleva a la planta, exigiendo al Gobernador que reclamara a la Coca-Cola la indemnización de los daños sufridos en las casas y además, se reintegrara a los trabajadores despedidos, restableciendo así el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, los diputados federales (del PRD) regresaron a la ciudad de México, no sin antes manifestar su asombro por la barbarie en que se vive en el Estado, y comprometiéndose a hacer un pronunciamiento desde el Congreso del Estado para anular los resultados de la CROC y hacer una nueva votación, esta vez con todas las garantías constitucionales. Cabe resaltar que los diputados se comunicaron con el Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, para que diera órdenes al Gobernador Interino, cosa que nunca llegó a suceder.

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