Tensión en Chiapas por la incursión del Ejército en comunidades zapatistas

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. México, a 31 de Agosto, 1999. Mex - Denuncian graves violaciones de ddhh y las actuaciones del gobernador sustituto. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human* Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información, 31ago99

DENUNCIAN LA ACTUACIÓN DEL EJÉRCITO FEDERAL Y GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS.
25 de agosto de 1999.

Valoración de la situación que se vive en el estado de Chiapas.

A la situación de extrema tensión creada en Chiapas por la incursión del Ejército en comunidades zapatistas, se ha venido a sumar de manera alarmante el clima de violencia auspiciado por las declaraciones del gobernador sustituto Roberto Albores Guillén y secundada por toda una campaña de autoridades y líderes priístas contra todos aquellos que, en ejercicio de sus libertades constitucionales, cuestionan sus políticas y denuncian las violaciones de derechos humanos en el estado. Repitiendo un discurso chauvinista, los problema de Chiapas los resolvemos los chiapanecos, y etiquetando indiscriminadamente a toda persona que manifieste una opinión u acción distinta calificándola como entrometido, provocador, pseudoestudiante, zapatista, guerrillero, extranjero, propiciando un clima de linchamiento cuyos resultados no se han hecho espera.

No podemos dejar de tener presente que las iniciativas de Ley de desarme de los grupos civiles armados, ley forestal, Ley de Derechos y Cultura Indígena y Ley de Remunicipalización, han sido iniciativas que en su operatividad, han tenido como consecuencia el que se polarice la tensión en las comunidades ya que fundamentalmente el apoyo que ha dado el gobierno del estado es a través de una serie de apoyos económicos, que muchos no cumplidos están generando enfrentamientos entre los mismos grupos paramilitares como es en la zona Norte, donde miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia en el municipio de Tila, han causado el asesinato hace tres días de un miembro de esta organización, impidiendo la libertad de tránsito de los pobladores locales y de observadores nacionales e internacionales. Esta situación puede propiciar que los enfrentamientos entre miembros de grupos paramilitares, puedan propiciar una situación que al no estar controlados ni por las autoridades estatales que les han creado y apoyado, ni las autoridades municipales, puedan controlar y esto nos lleve a enfrentamientos entre civiles que tendrían costos muy altos.

Ante lamentables situaciones que se han venido dando en las comunidades por agresiones a miembros de organizaciones civiles y de derechos humanos, nos preocupa la actuación de las autoridades de procuración de justicia, ya que permiten la actuación impune de personas, hay una aplicación parcial de la Ley, ya que ahora se están estableciendo nuevamente retenes de esta grupo en los municipios de Tila y Sabanilla, y además se esta responsabilizando de los asesinatos de miembros de paz y justicia a personas de otras organizaciones que están al margen del conflicto en la misma organización.

Con fecha del 18 de agosto de 1999 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas recibió una denuncia sobre presuntas violaciones de derechos humanos producidas en el Ejido Amador Hernández, municipio de Ocosingo, por una incursión del Ejército Mexicano. Dicha denuncia fue presentada a este Centro por el Comisariado ejidal Manuel Clara Hernández, el agente auxiliar municipal Luciano Lorenzo Pérez, consejo de vigilancia Marcelino López Sánchez, Secretario Juan García Hernández.

El siguiente día, tres miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se trasladaron al lugar de los hechos, con el fin de investigar y documentar las presuntas violaciones de Derechos Humanos y constaron lo siguiente:

1. Que miembros del Ejército Mexicano (EM) ocupan una parte del Ejido Amador Hernández de aproximadamente una hectárea de superficie, misma que han cercado y cerrado con alambre de púas.

2. Con esta acción, además, el EM ha obstruido el paso del camino real que comunica al Ejido Amador Hernández con el poblado de San Quintín. 3. A causa de varios aterrizajes de helicópteros militares, una milpa fue dañada en un radio de aproximadamente 300 metros a la redonda y fue destruido el techo de zacate de una casa habitación.

4. Según numerosos testimonios de miembros de la comunidad, el sábado 14 de agosto fueron agredidos por el EM con gases paralizantes, resultando con ello 8 personas lesionadas (5 mujeres y 2 hombres indígenas, más 1 observador civil).

5. La vida cotidiana de la comunidad esta siendo afectada a causa de la amenaza que representa para ella la presencia del EM; la libre circulación de los habitantes ha sido obstruida, los hombres no salen a realizar las labores del campo, lo que redunda en daños en su patrimonio, y existe temor en mujeres y niños principalmente a causa de la presencia del ejército y constantes sobrevuelos de helicópteros militares.

6. Por otro lado, pudimos observar que el EM, que según las autoridades también realiza actividades de protección a la ecología, en realidad tira basura y contamina el medio ambiente.

De los hechos anteriores se sigue que el EM ha incurrido en diversas violaciones de derechos humanos al transgredir, entre otras las disposiciones contenidas en el propio código de justicia militar, en el capítulo "Contra las Personas" y las garantías consagradas en el artículo 16 de nuestra Carta Magna en el sentido de que "nadie puede ser privado de la libertas, ni molestado en su persona, papeles o posesiones, sin un nombramiento escrito por la autoridad judicial".

Con fundamento en lo anterior y a solicitud de las autoridades ejidales, los representantes de este Centro se presentaron ante el personal del EM para solicitarle en forma verbal que les informaran si poseen un mandamiento escrito, tal como lo establece el Artículo 16 constitucional. Nunca se nos mostró tal documento, pero cabe hacer notar que no sólo no se les mostró sino que estando presentes tanto elementos de tropa, como oficiales del EM, ni siquiera se dignaran respondernos ni dirigirnos una sola palabra, exhibiendo una insultante falta de respeto a la dignidad ciudadana y un total desacato de la normatividad constitucional, en particular de derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Mexicana.

Por otra parte, consideramos importante mencionar algunos acontecimientos graves que se han presentado en Ocosingo como fue el hecho de que el jueves 19 fueron privados de su libertad, por priístas de Taniperlas, 3 miembros del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" que se dirigían a investigar la detención arbitraria de 3 personas de la comunidad Viejo Velasco, una de las cuales, Pedro Gómez Aguilar, sigue desaparecida desde el 23 de julio hasta la fecha. Durante dos horas, los priístas los tuvieron detenidos amenazándolos y repitiéndoles el discurso, de evidente inspiración laborista, de que ustedes son extranjeros y nos vienen a quitar el progreso, a pesar de que todos ellos son de nacionalidad mexicana. Asimismo, les dijeron que sólo las autoridades municipales de Ocosingo podían dar permiso de transitar por ese lugar y que si volvían a entrar sin su autoridad tendrían que pagar las consecuencias. Finalmente, les dieron un plazo de media hora para salir de la comunidad, amenazándolos con que, si no lo hacían, quemarían el vehículo en que se transportaban.

Unos días después, el 21 de agosto, azuzados por las declaraciones del gobernador sustituto y sus correligionarios en el sentido de que no se permitiría las estancia de estudiantes en Chiapas, cerca de 150 priístas de Nuevo Momón, municipio de las Margaritas, instalaron un reten ilegal (contra ellos no hay rápidas acciones para restaurar el estado de derecho) en el que privaron de su libertad, insultaron, robaron y golpearon a 3 observadores y, a una de ellos, una doctora perteneciente a la organización Enlace Civil A.C., la vejaron sexualmente. Todo ello a menos de 50 metros de un destacamento del Ejército Mexicano.

Cabe hacer notar que tanto el grupo detenido en Nuevo Momón como el detenido en Taniperlas, habían pasado unos minutos antes por sendos retenes militares, en Vicente Guerrero y Monte Líbano respectivamente, por lo que se sospecha que los destacamentos de fuerza pública que estaban estacionaos, en ambos casos, a unos metros de donde sucedieron los hechos de violencia, no hicieron absolutamente nada para impedirlos. En el caso de los observadores del CDHBLC, los observadores reclamaron a los militares de Monte Líbano que, a pesar de que éstos habían manifestado su presencia era "para resguardar el estado de derecho" no habían hecho nada para impedir la agresión; a lo cual el Sgto. Sarabia Noriega respondió que "esa gente es muy violenta y ni a nosotros nos hacen caso".

Todo lo anterior una vez más da un rotundo mentís a las repetidas declaraciones de autoridades federales y estatales que afirman que el ejército está en Chiapas para garantizar la seguridad pública y el estado de derecho. Es preocupante que miembros del Ejército Mexicano solapen a prisitas armados y es cómplice en múltiples violaciones de derechos humanos.

1. Manifestamos que no pueden creerse las repetidas declaraciones de las autoridades federales y estatales, civiles y militares en el sentido de que la actuación del ejército se ajusta estrictamente a las normas legales. Más bien lo que abunda son las violaciones de las garantías individuales.

2. El gobierno estatal de Roberto Albores Guillén, ha hecho aprobar una serie de iniciativas de ley, con las que pretende estar dando cumplimiento a la demanda de legislar sobre derechos indígenas e incluso a los Acuerdos de San Andrés (entre esas se encuentra su propuesta de remunicipalización). Con preocupación registramos el hecho de que en Chiapas, no sólo no se están cumpliendo las nuevas demandas sobre derechos indígenas, sino que ni siquiera se respetan las viejas garantías del Constituyente de 1917.

3. En el presente caso las autoridades han declarado que la presencia del EM obedece a la necesidad de proteger a una compañía constructora de caminos. Hace unos días, para justificar la entrada de cinco mil soldados a la Selva Lacandona, se dijo que iban a sembrar árboles. En otras ocasiones se dice que el ejército, esta haciendo labor social, y en incontables retenes se dice que están aplicando la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, los pretextos varían (así como su grado de incredibilidad) pero lo constante es el avance del ejército, implacable sobre las comunidades y el territorio chiapaneco.

4. Es seriamente cuestionable una política de obras públicas que no hace lo que la población demanda y en cambio utiliza hasta la fuerza del Ejército para hacer lo que la población no quiere.

Finalmente, viene al caso recordar que, hace unos meses, numerosas personalidades del Gobierno Federal se opusieron al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés (que ya habían sido firmados por los representantes del Ejecutivo) con el argumento, carente de toda prueba, de que ponían en riesgo la unidad nacional y llevarían al país a la balcanización, autonomía que, por otra parte, es reconocida no sólo por los Acuerdos de San Andrés, sino por Convenios Internacionales suscritos y ratificados por México, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Lo que conduce a tragedias, como la reciente en Kosovo, es el exacerbar hasta el punto de la violencia los sentimientos regionalistas y el odio y la intolerancia a quien es diferente. Los prolegómenos de las campañas de limpieza étnica como la de Slovodam Milosevic, no son los justos reclamos locales e internacionales por el respeto a los derechos humanos, sino discursos como el de Albores y sus correligionarios, de que deben salir del estado todos los que no sean auténticamente chiapanecos.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC
"Todos los derechos para todos"
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