Situación de los presos políticos en Guerrero

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. México, a 15 de Diciembre, 1999. MÉXICO: CIM2000: Presos Políticos en Guerrer.

Estimados compañeros,

Anexo a este mensaje se envía un reportaje sobre la situación de los presos políticos en Guerrero y también una carta del Comité de Presos Políticos y de Conciencia en Guerrero. Esperamos que el artículo les sea útil.

Fraternalmente, Colectivo de Información México 2000

¡ALERTA SOBRE SITUACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS DE GUERRERO!

En el estado de Guerrero, un importante número de presos políticos, muchos del movimiento social y de organizaciones campesinas, indígenas y de colonias, del Partido de la Revolución Democrática, y sobrevivientes de dos masacres, se han organizado en el Comité' de Presos Políticos y de Conciencia en el Estado de Guerrero. Estos luchan por justicia en sus casos y para que se ponga fin a la tortura a la que son sometidos.

Recientemente, se traslado ilegalmente a seis de ellos al penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. En el transcurso del traslado y una vez dentro del penal, continuaron las torturas. Además se les ha negado una defensa legal adecuada.

A continuación, les enviamos una carta transcrita que el Comité' redacto' denunciando la tortura y pidiendo apoyo hace unos meses. Además anexamos un reportaje sobre el caso de los seis presos políticos trasladados.

COLECTIVO DE INFORMACIÓN MÉXICO 2000
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES
E INTERNACIONALES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.
A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

Por medio del presente documento les enviamos un combativo y cordial saludo y hacerles de su conocimiento que los portadores del presente es compañero de nuestra entera confianza y lo avalamos para que en nuestro nombre pida solidaridad política y económica.

Queremos manifestar que nosotros hemos sido objeto de las peores torturas físicas y psicológicas por los cuerpos policíacos como son: golpes, bolsasos, toques eléctricos en genitales, tehuacanazos con chile por boca y naríz, telefonazos, licuadora, lagunazos, interrogatorios de familiares, simulacros de ajusticiamiento, pérdida total o parcial de alguna extremidad etc.

Dentro del penal se nos ha obligado a firmar documentos ante personas desconocidas así' como hojas en blanco.

El presente documento lo avalan también los Presos Políticos de los CERESOS DE TECPAN, CHILPANCINGO, OMETEPEC y otros.

ATENTAMENTE

JUSTICIA DEMOCRACIA Y LIBERTAD.
COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA EN EL ESTADO DE GUERRERO.
PRESOS POLÍTICOS DEL CERESO DE ACAPULCO

(firman)
BENIGNO GUZMÁN MARTÍNEZ, Dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). BERTOLDO MARTÍNEZ CRUZ, Coordinador del Movimiento 6 de marzo, Coordinador de la Unión de Organizaciones Sociales de la Sierra del Sur (UOSS), Secretario de los Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal PRD. MIGUEL ÁNGEL SERAFÍN JUÁREZ, Militante del Partido de la Revolución Democrática PRD. NOEL VEGA CABRERA, Militante del Partido de la Revolución Democrática PRD. CIRO URIOSO LARA, Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero. LUCIO DE LA CRUZ VILLA, Partido de la Revolución Democrática. EFRÉN CORTES CHÁVEZ, Partido de la Revolución Democrática, sobreviviente de El Charco. ERIKA ZAMORA PARDO, CCH, sobreviviente de El Charco. ERASTO HURTADO ARIAS, (OCSS). CANDELARIO MALDONADO MIRANDO, PRD. PEDRO SANDOVAL HERNÁNDEZ, PRD. SABINO ADELAIDO GARCÍA, Organización Independiente de Los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, sobreviviente de El Charco. PRD. ALFONSO OLIVA MORALES ESTEBAN LEBARDO ERITACIO, Organización Independiente de Los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, sobrevivientes de El Charco. ANASTACIO RAMÍREZ SIMONA, Organización Independiente de Los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, sobreviviente de El Charco, PRD. SALOME AGUIRRE BAHENA, OCSS. PRD. JOVIEL RAFAEL VENTURA, OCSS. PRD. Sobreviviente de masacre de Aguas Blancas. JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Asesor jurídico de la UOSS. Abogado de las Viudas de Aguas Blancas y de los presos políticos. GREGORIO VENTURA TORRES, Dirigente de la Colonia 3 de enero. CARLOS VILLASEÑOR, PRD. JOSÉ LUIS TORRES, PRD. Consejo Consultivo de Colonias Populares de Acapulco.

PRESOS POLÍTICOS DE CONCIENCIA DEL CERESO DE ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO

5 de Junio 1999
PRESOS POLÍTICOS DE GUERRERO TRASLADADOS ILEGALMENTE A JALISCO
FUERON COLGADOS DE UN HELICÓPTERO EN SIMULACRO DE EJECUCIÓN
SE VIOLA AMPARO Y SE LES NIEGA EL DERECHO A LA DEBIDA DEFENSA LEGAL
CONTINÚAN LAS TORTURAS EN RECLUSORIO DE JALISCO

Lunes 13 de diciembre

El 26 de noviembre familiares de presos políticos de Guerrero y la dirigencia estatal del PRD se entrevistaron con Mary Robinson, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos quien se encontraba efectuando una gira por México. En la reunión, que se llevo' a cabo en el Distrito Federal, se le entrego' expedientes de los casos de violaciones a los derechos humanos en manos del Ejército y corporaciones policíacas, como la Policía Federal Preventiva (PFP), contra militantes y dirigentes opositiores de Guerrero que han constituido el Comité' de Presos Políticos y de Conciencia en el Estado de Guerrero (La Jornada del Sur).

Florentina Rosario Morales y Jorge Cortés Chávez, esposa y hermano de dos de los presos políticos, trataron la situación de los presos en la reunión y solicitaron a la comisionada que interviniera ante la tortura y el traslado, efectuado por la nueva PFP, de seis de ellos a un penal de máxima seguridad de Jalisco. Esta nueva agresión contra el Comité' de Presos Políticos de Guerrero es considerado como un aspecto más de la ofensiva que el Estado mexicano y sus cuerpos represivos libran contra el movimiento social y opositor. En el fondo de trata de dividir, desarticular y silenciar, no sólo a los luchadores sociales que trabajan todos los días con sus organizaciones y sus comunidades, sino además a los que ya fueron víctimas de la persecución y están recluidos. El objetivo: impedir que reclamen sus derechos, expongan sus casos y vuelvan a participar en la lucha social.

Los seis presos políticos trasladados son Bertoldo Martínez Cruz, Efrén Cortés Chávez, Erika Zamora Pardo, Ángel Guillermo Martínez y Virginia Montes González, todos a excepción de los primeros dos acusados de ser militantes del ERPI, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Estos, por órdenes del Gobernador priista Rene' Juárez Cisneros, el 6 de noviembre fueron sacados del CERESO de Acapulco por agentes de la PFP y la Policía Judicial Federal y trasladados el helicóptero hasta el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. De acuerdo a un breve comunicado del gobierno estatal el traslado se efectuó "en virtud de que se ha tenido información respeto a la posible organización de un motín" que pudiera ocasionar desórdenes y atentados por lo que se respondió "para proteger [la] seguridad e integridad física" de los presos (la Jornada El Sur, 7, 10 de noviembre, 1999).

"La acción ocurrió aun cuando dos días antes, el jueves 4, la defensa del Comité' de Presos Políticos y de Conciencia promovió un juicio de amparo" y antes de que se "conociera si dicho amparo sería o no procedente" así' violando las leyes al respecto. Según una carta dictada vía telefónica a los medios de información Miguel Ángel Serafín Juárez, uno de los presos políticos que no fue trasladado, subrayo' que a sus compañeros "los sacaron con lujo de violencia, los ataron y se los llevaron a empujones" y luego "fueron entregados a la PFP y al Ejército", versión confirmada por familiares de los presos que hacían cola, esperando ingresar y visitar a los reclusos (La Jornada El Sur, 7 de noviembre, 1999).

A partir de ese momento las cosas se convirtieron en una verdadera pesadilla para los trasladados. Ese mismo día empezaron una nueva tanda de "torturas físicas y sicológicas, similares a las aplicadas en la época de la represión de los años 70". Relata Florentina Rosario, esposa de Bertoldo Martínez que lo visito' una semana después, que éste le contó que primero fueron esposados y vendados de los ojos para luego ser conducidos bajo trato violento constante al Campo Militar de Acapulco. Allí los introdujeron a un helicóptero que los transporto' al penal de Puente Grande. "Agrego que en el trayecto--que duro' cerca de dos horas--fueron torturados por los agentes de la PFP y los efectivos militares, quienes los golpearon en sus genitales y estómago". Además, fueron amarrados de los pies y colgados fuera del helicóptero por los agentes de la PFP quienes simulaban aventarlos al vació y amenazaban hacer lo mismo a sus familiares si negaban pertenecer al ERPI. Al llegar finalmente a Puente Grande, el director del penal, Leonardo Beltrán Santana les advirtió que no informaran sobre las torturas recibidas. Estas fueron verificadas por Florentina Rosario quien constato' las huellas de los golpes en los brazos y tórax de Martínez (La Jornada El Sur, 16 de noviembre, 1999).

Una vez dentro del penal, continuaron los abusos. Por lo afirmado por Rosario se sabe que los seis presos políticos están aislados completamente en una celda donde siguen siendo torturados y de la que no se les permite salir. La tortura física que sufren consiste en ser sumergidos en grandes tambos de agua para asfixiarlos. Además son torturados sicológicamente siendo forzados a aguantar cases de preescolar como dibujos con crayola.

(Mientras tanto, los que siguen en el cereso de Acapulco también han sufrido más represión y represalias. A Miguel Ángel Serafín, el preso político quien dicto la carta a los medios, le han colocado "una estrecha vigilancia a cargo de 30 custodios, que le vigilan hasta lo que come" denunciaron sus abogados defensores del Comité', José Manuel Reyes Camero y José Sánchez Sánchez. Este último agrega que el director del penal, Jesús Torres Quiroz, "ha enfilado sus baterías represivas en contra del compañero" (La Jornada El Sur, 16 de noviembre, 1999).

Además de las evidentes y repudiables consecuencias físicas y síquicas que sufren los seis miembros del Comité' de Presos Políticos, el traslado parece tener otros fines. Primero, se ha divido el Comité' que se había organizado efectivamente y obtenido visible apoyo público de la sociedad civil, agrupaciones políticas y grupos no gubernamentales, como el PRD y las ONG de derechos humanos. La selección de los seis no es casual: se trata de dirigentes y personajes conocidos o activistas cuyos casos han evocado gran simpatía y provocado un fuerte repudio. En este sentido el traslado busca quitarle atención política a la situación de los presos y debilitar el Comité' y su lucha política y judicial. Como afirmo' Pedro Nava Rodríguez, dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG)--organización que tiene militantes presos políticos en el Comité'--"el gobierno sabi'a que las organizaciones iban a realizar una manifestación de protesta" ese día y por ello decidio' trasladarlas a otro penal (La Jornada El Sur, 7 de noviembre, 1999).

También con la movida se busca obstaculizar la defensa legal de los presos políticos. El traslado en sí, que es ilegal, pretende extraer los casos del estado de derecho, impidiendo así' una defensa jurídica funcional. A esto se suma el hecho de que Sánchez Sánchez y Reyes Camero son los abogados de todos los miembros del Comité'. Ahora tendrán que viajar constantemente de Acapulco a Jalisco para defender a los presos políticos, dificultando aun más una eficaz representación legal. En efecto con el traslado se les ha negado el derecho constitucional de la debida defensa y, por la distancia y sobre todo en los procesos más recientes contra Martínez González y Montes González, se obstaculiza la presentación de pruebas. De hecho, la noche siguiente del traslado el director del cereso de Acapulco todavía se negaba a proporcionar información acerca del paradero de los seis presos por los que Sánchez y Reyes presentaron una queja en su contra ante la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos del estado (La Jornada El Sur, 7 de noviembre, 1999).

Por último, los familiares de los seis presos políticos han sufrido un gran golpe moral por el traslado. Para todos movilizarse a Jalisco para visitar a los presos se hará sumamente difícil. El caso de Florentina Rosario, esposa de Martínez Cruz es típico; como explica ella misma, si "no teníamos dinero para ir a visitarlo... al reclusorio de Acapulco" allá en Jalisco sería mucho más difícil verlo (La Jornada El Sur, 7 de noviembre, 1999). No sólo provienen de pueblos bastante aislados sino además muchos son de origen campesino o trabajador: la esposa de Benigno Guzmán, dirigente campesino, por ejemplo, "lava ropa ajena para sacar adelante a sus hijos" (La Jornada El Sur, 10 de noviembre, 1999). Y cuando logran llegar a Puente Grande a visitar a sus parientes recluidos, les ponen más trabas aun. Según relata Rosario, al presentarse a visitar a Martínez cruz el 13 de noviembre, tuvo que realizar un tramite de tres horas (presentar una carta de antecedentes no penales, acta de nacimiento, fotografías, comprobante de domicilio y tres referencias personales) para acreditar ser su esposa y, junto a los abogados y otros familiares, pasar por diez puestos de revisión para ingresar. Incluso "les aplicaron un examen [físico] minucioso, los obligaron a desnudarse y los marcaron con un sello que después verifican en una maquina digital" (La Jornada El Sur, 16 de noviembre, 1999).

En la última noticia sobre el caso, el juez cuarto de distrito con sede en Acapulco, Joel Carranco Zuñiga, inclusive concedió el amparo de la justicia federal contra la orden de traslado y por tanto, como señaló este mismo juez, la Dirección General de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Gobernación violó el artículo VI de la Constitución. Aun así', habiéndose establecido que el traslado no tiene fundamento legal, las violaciones a los derechos humanos y constitucionales de los presos políticos persisten (La Jornada El Sur, 13 de diciembre, 1999).

Las agresiones e intimidaciones contra los presos políticos deben cesar inmediatamente. Estos ya han sufrido suficientes torturas, calumnias e irregularidades judiciales. Benigno Guzmán Martínez fue injustamente condenados a 30 años de cárcel por ser dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, organización campesina que empleaba métodos de acción directa y desobediencia civil en su lucha contra la corrupción y represión y por las reivindicaciones de este sector social. La OCSS ha sido prácticamente desarticulada por la embestida represiva en su contra (17 de sus compañeros perdieron la vida en la masacre de Aguas Blancas en junio de 1995) y sigue siendo perseguida (la semana pasada fue asesinado otro dirigente de la OCSS (La Jornada El Sur, 09 de diciembre, 1999)).

Bertoldo Martínez Cruz, médico de profesión, es dirigente del Movimiento 6 de Marzo del PRD y debe su encarcelamiento al cacique-diputado, Salvio Herrera Lozano, quien junto a las autoridades municipales priistas le fabrico' delitos. A pesar de que tiene derecho a pagar fianza para salir libre, el juez de la causa nunca le dio esa oportunidad (La Jornada El Sur, 7 de noviembre, 1999).

Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez representan casos muy llamativos por ser sobrevivientes de la masacre de El Charco en la que el ejército, bajo mando del general Oropeza, asesino' a 11 campesinos indefensos. Ambos jóvenes se encontraban en la reunión que transcurría en la escuela local de esta comunidad de Ayutla (región de La Montaña) realizando una labor social y en beneficio de la comunidad. Zamora, estudiante universitaria del CCH de la UNAM, impartía clases de alfabetización a los campesinos indígenas, mientras que Cortés asistía para plantear asuntos de mejoramiento de las comunidades campesinas como la suya. Ambos han sido sometidos a las torturas más brutales para que admitan militar en el ERPI, a pesar de que ya una vez fueron absueltos de los delitos de acopio de armas y terrorismo de que se les acusaba. (Otros cuatro sobrevivientes de la masacre de El Charco, campesinos mixtecos de comunidades de extrema pobreza que asistieron a la reunión en la escuela para buscar soluciones a los problemas de sus comunidades y que se encontraban dormidos a la hora de ser atacados por el Ejército -hicieron sus declaraciones bajo fuertes e incesantes torturas; dos de ellos ni hablan el español- están en peligro de ser condenados a cinco años de prisión por el delito de conspiración (La Jornada El Sur, 6 de noviembre, 1999).

Finalmente está el caso de Ángel Guillermo Martínez González y Virginia Montes González, matrimonio de reconocidos activistas del PRD en Acapulco. Estos fueron detenidos después de las elecciones municipales del 3 de octubre ganadas por el PRD, primero acusados del atentado contra uno de sus propios compañeros activistas del PRD (en el que murió el hijo de este) y luego de almacenar cartuchos como militantes del ERPI. Fueron secuestrados por efectivos de la PFP quienes con tortura les obligaron a confesar a estos ilícitos. Sus defensores insisten en que las balas y otra evidencia les fueron sembradas (La Jornada El Sur, 27 de octubre, 1999).

(Estos casos son los más notables--por el papel que han desempeñado los seis presos--pero no por eso los más repudiables. El caso del joven perredista Lucio de la Cruz Villa es el más alarmante y el que mejor ilustra el horror que les ha tocado vivir a los miembros del Comité'. Durante las sesiones de tortura salvaje a la que fue sometido, a Lucio les dispararon dos veces en la pierna y posteriormente le siguieron golpeando la pierna herida hasta dejarla triturada. Por el daño extremo que sufrió su pierna y la falta de asistencia médica, tuvo que ser amputada.)

Es evidente que las agresiones a los presos políticos de Guerrero constituyen un ataque más contra el movimiento social, las comunidades campesinas e indígenas, los activistas y sus defensores dentro del esquema de guerra de baja intensidad que maneja el gobierno actualmente en México. Como en el caso del secuestro y atentado contra la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, las acciones específicas contra el Comité' de Presos Políticos deben considerarse un intento de silenciar y desarticular todo esfuerzo para defender y obtener justicia para los luchadores sociales injusta e ilegalmente detenidos, interrogados (bajo tortura salvaje) y condenados. El gobierno priista busca actuar en la impunidad sin rendir cuentas a nadie respecto a la represión y militarización que se ha desatado en lo que ya una gran parte de comentaristas sociales y políticos denominan una guerra sucia. La fórmula es simple: si los presos políticos no pueden organizarse y sus abogados y las ONG de derechos humanos no pueden defenderlos, la mano represiva del Estado puede actuar libremente y sin límites.

Esta vez, según el expediente del amparo, el pretexto para esta acción represiva (aunque inicialmente se dijo que era para defender a los presos de un posible motín carcelario), fue que "los seis presos son gente peligrosa', de alto índice de peligrosidad'... vinculados con grupos armados" como el ERPI y el EPR y que "estaban conspirando para preparar un motín para evadirse de la prisión" (La Jornada El Sur, 13 de diciembre, 1999). Lo anterior no solamente es obviamente falso sino busca además negar el hecho fundamental de que los seis (como también el resto de los miembros del Comité') son Presos Políticos, encarcelados por su labor y convicciones sociales. Desprestigiarlos como delincuentes de alta peligrosidad' o guerrilleros violentos pretende ocultar una de las causas primarias del Comité': luchar por la justicia y transparencia en sus casos, poner fin a los abusos que sufren, demostrar su inocencia y exigir que se les trate como Presos Políticos y no como delincuentes comunes.

La lucha del Comité' de Presos Políticos es una espina en los pies del gobierno ya que demuestra que los terroristas, los que subvierten el estado de derecho, los que secuestran y los que torturan no son los supuestos guerrilleros del movimiento social sino las mismas autoridades y los cuerpos de seguridad. Como considera el comentarista guerrerense Octavio Augusto Navarrete Gorjón, es el gobierno el que "cree que estamos en guerra y hace la guerra contra su pueblo" (La Jornada El Sur, 10 de noviembre, 1999). Los presos políticos y sus organizaciones luchan por la justicia social y la democracia y lo seguirán haciendo, encarcelados o en libertad como es debido.

COLECTIVO DE INFORMACIÓN MÉXICO 2000

Desde: juan Pérez mexfo2000@yahoo.com

From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
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