La organización criminal AUC amenaza a la diócesis de Apartadó y Quibdó

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 17 de Diciembre, 1999. Col - La organización criminal AUC amenaza a la diócesis de Apartadó y Quibdó. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Solidaridad Urgente.

PIDEN APOYO PARA LAS DIÓCESIS DE APARTADÓ Y QUIBDÓ ANTE LOS HECHOS Y AMENAZAS ACAECIDOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1999

En carta abierta de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dirigida al padre Leonidas Moreno, de la Diócesis de Apartadó, se dice: "...Nuevamente recurrimos a usted [sic]... para que impida que estas comunidades sean utilizadas por la guerrilla como estrategia de guerra, así está sucediendo...", sigue la carta: "De esto no son culpables los miembros de las comunidades sino sus creadores". Se advierte al padre "es su deber aclarar y corregir esta preocupante situación, sólo así impediría que la corrijamos nosotros (ver carta abierta de las AUC 31/10/99).

Según Comunicado de la Diócesis de Apartadó y Quibdó, "Recientemente Patricia Teherán, desertó del V frente de las FARC, y sus declaraciones se han convertido en la mayor amenaza para la comunidad de Paz de San José de Apartadó y no para la guerrilla" (09/11/99). Ante esta información la Comunidad de Paz de San José dijo: "queremos señalar que realmente nuestra Comunidad de Paz, sigue firme en sus principios de neutralidad, que no brindamos apoyo a ningún actor armado porque ésta ha sido la decisión de la comunidad como la única forma posible de sobrevivir en medio del conflicto (06/11/99).

Entre los días 22 y 27 de septiembre de 1999, milicianos de las FARC asesinaron a cuatro campesinos, dos de ellos miembros de la comunidad de paz de San Francisco de Asís, tras acusarles de tener vínculos con grupos paramilitares (ver comunicado Diócesis de Apartadó y parroquia de Riosucio 8/10/99). El 6 de noviembre la Diócesis de Apartadó emitió una acción urgente en la que se advierte de la posibilidad de un ataque a las comunidades de paz.

Entre el 20 y 21 de octubre pasado, una embarcación con ayuda humanitaria para los damnificados del municipio de Riosucio fue detenida en la Ciénaga de Cacarica. En su interior, de acuerdo con las autoridades, fueron encontrados precursores químicos para el procesamiento de coca. En sus declaraciones a los medios de información, el Coronel Nicolás Montenegro, Comandante del Batallón Fluvial No. 50 de la Armada, sugirió una asociación entre la embarcación detenida y sus supuestos destinatarios, los desplazados del Cacarica en misión de exploración para un pre-retorno, hecho que posteriormente fue desmentido por la Cruz Roja y la Red de Solidaridad Social (Ver Comunicado de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz 3/11/99).

El 10 de noviembre es retenida por un grupo paramilitar Diana Salamanca (integrante de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, que acompañaba a las comunidades desplazadas de la Balsita, albergadas temporalmente en Dabeiba, Antioquia) en la carretera que comunica los municipios de Dabeiba y Mutatá. El 12 de noviembre Diana fue entregada a una comisión de la Diócesis de Apartadó, tres campesinos también retenidos ese mismo día continúan desaparecidos.

El pasado 18 de noviembre en las cercanías de Quibdó (Chocó) una chalupa en la que se encontraban varios campesinos, unos miembros de la Diócesis de Quibdó y un cooperante español fue embestida por un panga que, según testigos presenciales, portaba a seis hombres armados y es utilizada por paramilitares de la zona. El accidente provocó la muerte del sacerdote Jorge Luis Mazo, párroco de Bellavista-Bojayá, y de Iñigo Egiluz, delegado español de la organización Paz y Tercer Mundo (PTM). (Ver Acción Urgente de la Diócesis de Quibdó 19/11/99).

ANTECEDENTES E INFORMACIÓN DE CONTEXTO: Durante el pasado mes de abril se produjeron una serie de ataques a varias comunidades de desplazados en Urabá, en los que fueron asesinadas 15 personas. Estos hechos fueron reivindicados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los ataques vinieron precedidos de graves señalamientos y cuestionamientos por parte de las AUC (entre los que cabe destacar una carta firmada por Carlos Castaño, en términos similares a la mencionada en los hechos de referencia, dirigida al padre Leonidas -ver carta de las AUC 28/3/99-) y de algunas autoridades locales, civiles y militares, frente a la labor de las organizaciones nacionales e internacionales de atención humanitaria a la población desplazada en la región de Urabá.

De la misma manera en que ahora se sustentan las acusaciones contra la neutralidad de las comunidades en el supuesto testimonio de una ex-guerrillera, en aquel momento se puso en entredicho la neutralidad de los procesos por supuestos "testimonios", que fueron mencionados como justificación para las masacres, por parte de las AUC.

Por otra parte y dadas las características del conflicto armado que vive Colombia, la confusión creada por declaraciones de autoridades militares de la región, a raíz de la incautación precursores químicos para el procesamiento de coca, aumentan la vulnerabilidad e indefensión de las comunidades desplazadas.

La gravedad de este panorama se ha visto incrementada por los recientes ataques a instituciones y ONG's colombianas e internacionales, destacándose en este sentido el secuestro (con posterior liberación) de Diana Salamanca, de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, en Dabeiba y los hechos que provocaron la muerte del Padre Jorge Luis Mazo, de la parroquia de Bellavista (Quibdó), y del cooperante español Iñigo Egiluz, de la ONG española Paz y Tercer Mundo. Estas últimas agresiones contra instituciones colombianas e internacionales, se han producido en lugares que mantienen una relación directa con el Urabá antioqueño y chocoano, por la coincidencia de actores armados y escenarios de conflicto, lo cual hace temer por la seguridad de los distintos procesos organizativos para un retorno de las comunidades desplazadas de Urabá.

El desplazamiento interno de población sigue siendo uno de los más profundos problemas generados por las violaciones de derechos humanos y el conflicto armado en Colombia. Siendo Urabá una de las regiones donde más grave es el problema del desplazamiento, es al mismo tiempo un escenario, casi único en Colombia, de negociación entre los desplazados y el Gobierno y de experiencias de refugio, retorno y reasentamiento, que afectan a más de 10.000 personas. Se ha invertido un trabajo enorme, por parte de los desplazados y de las instituciones que trabajan hacia ellos (tanto colombianas como internacionales) para hacer posible este escenario, a pesar de las decenas de muertos habidos durante este tiempo. Entendemos que las presiones que están recibiendo las comunidades de desplazados y las ONG's e instituciones colombianas e internacionales que los acompañan han alcanzado un nivel tal que hace temer nuevas acciones contra unas u otros, y en gran medida se está transformando en el cierre de espacios de este tipo de expresiones legales y legítimas.

RELACIONES CON PBI:

Desde que en Julio de 1998, PBI inició su trabajo en la región de Urabá, ha desarrollado una intensa tarea de acompañamiento y presencia internacional, junto a las comunidades desplazadas de la Cuenca del Cacarica (Chocó), albergadas temporalmente en Turbo, Bocas del Atrato y Bahía Cupica, y las comunidades de paz de San José de Apartadó (Antioquia) y San Francisco de Asís (Chocó).

Esta presencia nos ha permitido hacer un seguimiento a la grave situación de amenazas con la que desde un principio se han visto enfrentadas las comunidades. La evolución de estos procesos de la población civil que buscan mecanismos de supervivencia en un contexto de conflicto armado intenso como el que se vive en la región, se vio interrumpida por las masacres cometidas por los paramilitares en el mes de abril del presente año. Desde entonces intensificamos nuestra presencia en dichas comunidades, y las labores de interlocución con las autoridades colombianas con el objetivo de mostrar nuestra profunda preocupación por el grave riesgo que corren estas iniciativas si las autoridades correspondientes no toman todas las medidas necesarias para garantizar la protección de sus pobladores.

Sin embargo tenemos que constatar una vez más que esta expresión de preocupación no ha sido suficiente, pues a lo largo de los últimos meses y especialmente en octubre y noviembre se han producido nuevos hechos y amenazas que hacen peligrar la seguridad de las comunidades y las instituciones que las acompañan (ver últimas publicaciones de PBI: PIQ 140, Focos de Interés nº29 y 31), llegando en la mayoría de los casos a esperar una nueva arremetida por parte de los paramilitares (ver Comunicado Público de la Comunidad de San José de Apartadó 05.11.1999).

CUAL ES LA ACTUACIÓN DE PBI

Entendemos que la norma internacional de los derechos humanos, o el derecho internacional humanitario, o los principios Deng para las actuaciones con la población desplazada, delimitan claramente que dicha población es población civil (del mismo modo que las instituciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan hacia ellas), y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques ni amenazas por los actores armados del conflicto. Por consiguiente PBI mantendrá su acompañamiento y reforzará su presencia en dichas comunidades, haciéndola permanente o casi permanente. Del mismo modo en estas semanas se han iniciado y se aumentarán las gestiones con las autoridades del gobierno y estado colombiano, así como con las representantes del cuerpo diplomático con el objetivo de informar de estas amenazas para promover las pertinentes actuaciones en materia de protección que eviten una nueva agresión a las poblaciones desplazadas en Urabá.

Por ello solicitamos de las entidades de la Red de Apoyo que expresen su preocupación ante el caso y su interés en conocer dichas actuaciones dirigidas a la protección de la población civil. También solicitamos que mantengan su atención en la evolución de las comunidades en las próximas semanas.

ACCIONES SUGERIDAS: Con el objetivo de prevenir y evitar la anunciada escalada de ataques contra las comunidades y mejorar su protección y la de las instituciones y ONG's colombianas e internacionales que les atienden solicitamos su colaboración para ENVIAR DE MODO URGENTE faxes o cartas (por courier o urgentes) a las cuatro siguientes direcciones, manifestando la más honda preocupación por los hechos y por la seguridad de ONG's e instituciones acompañantes.

A continuación les sugerimos un modelo de carta.

TEXTO MODELO DE CARTA

Estimado señor:

Conocedores de la crítica situación de conflicto armado interno que atraviesa Colombia y saludando las iniciativas y esfuerzos de las autoridades colombianas tendientes a la búsqueda de la paz y el respeto a los derechos humanos, nos dirigimos a Usted con el objetivo de compartir la grave preocupación que han causado en la comunidad internacional las últimas amenazas proferidas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en contra de las comunidades desplazadas en Urabá.

Según la información que hemos recibido, en carta abierta de las Autodefensas Unidas de Colombia dirigida al padre Leonidas Moreno, de la diócesis de Apartadó, se dice: "Nuevamente recurrimos a usted [sic]... para que impida que estas comunidades sean utilizadas por la guerrilla como estrategia de guerra, así está sucediendo...", sigue la carta: "de esto no son culpables los miembros de las comunidades sino sus creadores". Se advierte al padre "es su deber aclarar y corregir esta preocupante situación, sólo así impediría que la corrijamos nosotros (ver carta abierta de las AUC 31/10/99).

De acuerdo a la información publicada sobre estos hechos, (ver Comunicado de la Diócesis de Apartadó y Quibdó, 09/11/99), "Recientemente Patricia Teheran, desertó del V frente de las FARC, y sus declaraciones se han convertido en la mayor amenaza para la comunidad de Paz de San José de Apartadó y no para la guerrilla". Ante esta información la Comunidad de Paz de San José dijo: "...queremos señalar que realmente nuestra Comunidad de Paz, sigue firme en sus principios de neutralidad, que no brindamos apoyo a ningún actor armado porque ésta ha sido la decisión de la comunidad como la única forma posible de sobrevivir en medio del conflicto (06/11/99).

Estos hechos, por su semejanza con los ocurridos el pasado mes de abril en los que similares pronunciamientos desembocaron en una masacre en la que fueron asesinadas 15 personas pertenecientes a las comunidades de San José de Apartadó y de San Francisco de Asís, provocan una gran incertidumbre y temor por cuales puedan ser en esta ocasión los destinatarios de un posible ataque de las AUC.

El temor y preocupación provocada por estos pronunciamientos se incrementa a raíz de los últimos hechos acaecidos en Dabeiba con el secuestro (y posterior liberación) de Diana Salamanca, de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, y en Quibdó por los hechos que provocaron la muerte de Jorge Luis Mazo, párroco de Bellavista y de Iñigo Egiluz cooperante español de la ONG Paz y Tercer Mundo.

Entendemos que de no frenarse los anunciados ataques contra las comunidades y de no generarse la suficiente protección para estas y para las instituciones que les acompañan, el proceso que adelantan las comunidades desplazadas del Cacarica, y las comunidades de paz de San José de Apartadó y San Francisco de Asís, puede verse seriamente dañado o incluso revertido, con las enormes pérdidas en sufrimiento humano y material que ello puede acarrear.

La difícil situación de orden público que se vive en la zona, subraya la relevancia de que el estado colombiano adopte todas las medidas necesarias para proteger a la población civil que en ningún momento puede ser víctima de amenazas ni ataques por parte de ningún actor armado. Mantendremos nuestra atención sobre la situación de dichas comunidades, y esperamos poder compartir con Usted la satisfacción por una mejora en la situación de seguridad de dichos procesos y saludamos cualquier esfuerzo tendiente a la protección de las comunidades de desplazados y de las instituciones y ONG's que las atienden.

Quedando atentos a la evolución de la situación, agradecemos su atención,

Le saluda atentamente,

Las Brigadas Internacionales de Paz Mailto: pbispain@jet.es

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