Tlahui-Politic. No. 8, II/1999
FARC-EP: Por la Paz y la Reconstrucción del País
Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 25 de Octubre, 1999. COLOMBIA: FARC-EP: Por la Paz y la Reconstrucción del País. Documento Presentado por las FARC-EP a la mesa de diálogo el 24 de Octubre de 1999. La Uribe, Meta (Colombia).
Doctor Víctor G. Ricardo Alto Comisionado para la Paz,
Señores presidentes del Senado y Cámara de Representantes; señores fiscal,
procurador y contralor generales de la nación; señor defensor del pueblo.
Señores firmantes del acuerdo político de Caquetania: doctores Horcado
Serpa, Omar Yépez Alzate, Nohemí Sanín y Jaime Caycedo; doctor Gustavo
Carvajal presidente honorario de la conferencia permanente de los partidos
políticos de América Latina COPPPAL; señores integrantes de la pasada
Comisión de Diálogos, doctores: Fabio Valencia Cossio, María Emma Mejía,
Nicanor Restrepo y Rodolfo Espinosa Meola; señores obispos representantes
de la conferencia episcopal, señor Francisco Javier Múnera, obispo de San
Vicente del Caguán, señores gobernadores y diputados de las asambleas
departamentales del Meta y Caquetá ;señores alcaldes y concejos municipales
de los cinco municipios desmilitarizado; señores integrantes del consejo de
paz de San Vicente.
Queridos habitantes de los municipios de San Vicente del Caguán, la
Macarena, Vista Hermosa, Mesetas, Uribe y compatriotas en general: A todos
el saludo revolucionario y bolivariano de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP.
Hoy con nuestra presencia ratificamos el deseo de paz con justicia social,
independencia y soberanía para toda Colombia, fundamento inalterable de
nuestra lucha por el pueblo desde Marquetalia, hasta hoy y siempre.
Con muchas dificultades hemos llegado a la instalación de la mesa, momento
en que el pueblo colombiano adquiere los espacios para exponer su
problemática a la Comisión Temática, vinculándose de esta manera directa al
proceso que busca la paz duradera y definitiva para la nación.
En esta etapa se pondrá a prueba la decisión política, si verdaderamente la
tienen, del gobierno nacional, del Estado, de la clase gobernante y sus
partidos, de permitir las transformaciones estructurales del Estado, mas el
compromiso serio de realizar programas de significativa inversión social,
económica y política, que solucionen en corto plazo el creciente desempleo,
la cascada de impuestos indirectos, la perdida acelerada del valor
adquisitivo de la moneda colombiana frente al dólar, las carencias en
salud, educación, vivienda y el desmonte definitivo del sistema UPAC y no
solo un engaño o cambio de nombre; que contemple la reliquidación y
reintegro de todos los intereses ilegalmente cobrados y la devolución de
las viviendas expropiadas en embargos, sobre la base de esa política
usurera institucionalizada; y que se implemente una política gubernamental
de verdadero fomento de vivienda popular, cuyo verdadero objetivo sea el
beneficio social y no las ganancias de los constructores y del capital
financiero; así como la urgente necesidad de solucionar la grave crisis que
asfixia al sector agrario, como resultado de la nefasta política
aperturista del Modelo Neoliberal, donde hemos pasado de ser un país
exportador de productos agrícolas, a importador: de arroz, maíz, papa,
plátano...y hasta carne; lo que podrá solucionarse únicamente con la
urgente revisión y cambio de modelo definitivo.
Los costos de la paz con justicia social, sin exclusiones, ni
intimidaciones, ni asesinatos, los deberán pagar quienes han llevado a
Colombia a la peor crisis de su historia.
Ni los trabajadores, ni el pueblo, ni las organizaciones populares, son
responsables del robo continuado de las inmensas riquezas de nuestro país,
por parte de los politiqueros corruptos que han administrado solo para
beneficio de sus chequeras personales durante los últimos 50 años; y ahora,
se resisten a devolverle a los pobres, parte de lo que les han quitado en
tantos años de explotación, marginamiento, muertes, mutilaciones, niños y
ancianos hambrientos, millones de desplazados y la barbarie institucional
indiscriminada, contra quienes reclaman con justeza sus derechos.
Las FARC-EP, como parte del pueblo en armas, se solidariza
incondicionalmente con la lucha de cada uno de los colombianos por
conseguir mejores condiciones de vida, que lo dignifiquen a el y a su
familia.
A pesar de que los culpables de la bancarrota en que se encuentra el país
están a la vista, consideramos que todos debemos aportar y comprometernos
en la solución de la crisis social y política que agobia a Colombia, para
poder decir por fin: no mas terrorismo de Estado en su expresión
paramilitar; no mas impunidad para los generales y otros militares
implicados en la violación de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario; no mas incremento del presupuesto de guerra; no
mas ayuda militar gringa; no mas amenazas para las ONG's y demás
organizaciones defensoras de la vida; no mas desplazados; no mas exiliados;
no mas imposiciones del fondo monetario internacional; no mas endeudamiento
externo; no mas injerencia del Estado Norteamericano en los asuntos
internos de Colombia; no mas privatizaciones no mas indignidad y entrega de
nuestra soberanía; no mas censura y manipulación de la prensa; no mas
analfabetismo; no mas corrupción ni politiquería; no mas colombianos sin
vivienda; no mas criminalización de la protesta social; no mas despidos
masivos de trabajadores; no mas justicia sin rostro; no mas hacinamientos
en las cárceles ni trato inhumano a los presos; no mas discriminación para
la mujer y las minorías étnicas; no mas campesinos sin tierra ni créditos;
no mas latifundios; no mas recortes a la inversión social; no mas entrega
de nuestras riquezas energéticas y estratégicas a las transnacionales no
mas contaminación y destrucción del ecosistema con las fumigaciones.
Con relación al fenómeno de producción, comercialización y consumo de
narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema
social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con
los campesinos productores de los cultivos ilícitos, con la participación
de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes
potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los
estupefacientes es necesario hacer una marcada diferenciación entre los
campesinos que siembran la coca como único medio de subsistencia y los que
trafican con los derivados de los cultivos ilícitos.
Por ello, las FARC EP, mantiene la propuesta al gobierno nacional de
desmilitarizar el municipio de Cartagena del Chaira (donde la producción de
coca es alta), para emprender con la colaboración de la comunidad, un
programa de sustitución de cultivos ilícitos por lícitos, para demostrar al
gobierno nacional y a la comunidad internacional, que este problema
requiere no de un trato policivo, sino de un enfoque económico- social,
donde se requiere de una considerable inversión económica, la que deberán
aportar el Estado colombiano y la comunidad internacional, la que deberá
garantizar el mercadeo.
Por nuestra parte permaneceremos atentos para impedir que personas
inescrupulosas desvíen estos recursos para beneficio personal. Respecto a
la extradición de colombianos, las FARC-EP, por principio y nacida de su
convicción política, revolucionaria y bolivariana, se han opuesto, se
oponen y se opondrán, a la extradición de compatriotas para ser juzgados en
otros países, con cualquier pretexto, por considerar esto una grave
violación a nuestra soberanía e independencia.
Consideramos que es necesario reestructurar las relaciones con los Estados
Unidos de Norte América, sobre la base del respeto reciproco y la libre
autodeterminación de los pueblos.
Para finalizar hacemos un llamado a todos los pobres y amigos de la paz con
justicia social, a redoblar esfuerzos en el batallar Diario por salvar a
Colombia del cáncer de la corrupción, el clientelismo, la politiquería y la
guerra institucional, despiadada e injusta, contra el pueblo valeroso y
digno, que reclama por las exclusiones, por el saqueo y la injusta
distribución de las riquezas.
Los colombianos tenemos la obligación de luchar por lo que nos pertenece,
para el logro de una vida mejor para nuestros hijos, y estamos seguros que
si la lucha popular se dispersa, no habrá victoria en el combate por la paz
con justicia social.
Vivan las FARC-EP, viva Colombia y su gente.
Comisión de diálogos de las FARC-EP
Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez
Muchas gracias a todos y todas
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
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