Narcotráfico: el eje de la política de USA en América Latina

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 30 de Septiembre, 1999. Usa/Col - El narcotráfico se convierte en el eje de la política USA en América Latina. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información.

EL NARCOTRÁFICO REEMPLAZA AL COMUNISMO COMO EXCUSA DE LA INTERVENCIÓN USA EN AMÉRICA LATINA. La política de EE.UU. hacia Colombia, a punto de descarrilar

DIRECTOS AL DESASTRE

La administración de Clinton está a punto de realizar un giro político decisivo en lo relativo a Colombia, un país atrapado en una prolongada guerra civil contra las guerrillas de izquierda que se ha cobrado decenas de miles de muertos. Hasta ahora, la administración de Clinton había intentado mantener una fina línea entre la contrainsurgencia y la lucha contra la droga en el apoyo que Washington presta a la policía y al ejército colombianos. Pero después de la visita que realizaron recientemente a Colombia Barry McCaffrey y Thomas Pickering, director de política de drogas de la Casa Blanca y subsecretario de estado, respectivamente, ha quedado claro que Washington está a punto de actuar de forma más agresiva en la zona. La amenaza que suponen los rebeldes para las clases dirigentes políticas y económicas de Colombia ha animado a EE.UU. a cambiar de estrategia: de la intervención indirecta, con una actitud relativamente distante del conflicto con la guerrilla, a la intervención abierta.

En otras palabras, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. han abandonado su cautela anterior y han cedido a los políticos de la administración de Clinton, que temen que los republicanos estén preparando un ataque frontal al gobierno por mostrar "debilidad" en la lucha contra la droga y contra la guerrilla. Para contraatacar, la administración de Clinton está dispuesta a tomar la iniciativa, de cara a la opinión pública, para convencer a los estadounidenses de que las guerrillas suponen una amenaza inminente y de la necesidad de actuar con urgencia. La estrategia de la Casa Blanca pasa por asegurar a la opinión pública que la intervención en Colombia será limitada, pero a los estadounidenses les dijeron lo mismo cuando EE.UU. intervino en El Salvador a principios de la década de 1980: al final, EE.UU. destinaba casi mil millones de dólares al año para financiar la terrible guerra de un régimen militar contra sus ciudadanos. Alrededor de 750.000 salvadoreños se exiliaron a Estados Unidos durante el conflicto, y los escépticos se preguntan ahora cuántos cientos de miles de colombianos decidirán marcharse a EE.UU. si Washington interviene para "liberar" a Colombia de las guerrillas y empeora aún más la situación social del país.

La razón extraoficial del cambio de política, que elimina cualquier distinción entre la guerra civil colombiana y la lucha contra la droga, estriba en que EE.UU. no ha hecho nada hasta ahora para impedir que las poderosas mafias del narcotráfico actúen en los territorios controlados por la guerrilla, alrededor del 40% de la zona rural del país. Las guerrillas, o los "narcoterroristas", como los llama ahora McCaffrey, utilizan el aumento de sus ganancias por medio del "impuesto de guerra" abonado por los narcotraficantes para financiar su levantamiento.

El general McCaffrey, en concreto, ha subrayado la urgencia de la situación que se vive actualmente en Colombia y ha calificado este conflicto de desastre. Opina que la situación del país es tan grave que hará falta un esfuerzo en toda la zona para vencer a las guerrillas narcotraficantes de Colombia. En una visita que realizó el 23 de agosto a Brasil, la mayor potencia política y económica de la zona, McCaffrey dijo: "Debemos reconocer que el problema del tráfico de drogas se extiende más allá de las fronteras colombianas. (...) Colombia no puede enfrentarse a este problema por sí sola." Dado el contexto en que se hizo esta propuesta, algunos críticos han recordado que Washington dio una explicación parecida cuando el principal enemigo procedente de América latina, o "nuestro patio trasero", como califican actualmente a esta zona los funcionarios estadounidenses, era el comunismo y no el tráfico de drogas. McCaffrey habla como si preparase una cruzada purificadora en el resto del hemisferio, y los que no colaboren no obtendrán el certificado anual de la agencia antidroga.

McCaffrey, cuyo fervor comparan a menudo los críticos con el del teniente coronel Oliver Nort, reprochó a la Casa Blanca la poca importancia que daba a Colombia en comparación con otras preocupaciones internacionales. En opinión de McCaffrey, la administración "no ha prestado la atención suficiente a una emergencia acuciante y creciente". De hecho, la situación de Colombia, que empeora a ojos vistas, no se consideró lo suficientemente grave para preocupar al presidente hasta la semana pasada, cuando, según el Washington Post, los asesores de Clinton le presentaron el primer informe sobre el asunto.

¿CUANTA AYUDA Y PARA QUIEN?

Colombia se está convirtiendo rápidamente en el centro de las miras de EE.UU. en América Latina, y las exhortaciones de McCaffrey parecen haber vencido toda la resistencia del Departamento de Estado contra la expansión del papel que EE.UU. desempeña en este país.

El Departamento de Estado considera actualmente la petición de Colombia de 500 millones de dólares adicionales en ayuda militar a lo largo de los dos próximos años, una cifra que propuso McCaffrey personalmente después de que Andrés Pastrana, presidente de Colombia, efectuara la primera solicitud varios meses atrás. El Pentágono ha reanudado la formación de las fuerzas de seguridad colombianas, y está mejorando las redes de espionaje del ejército que se utilizan para seguir los movimientos de las guerrillas. El comando de defensa de la zona del Canal de Panamá, a cuyo frente estuvo McCaffrey antes de convertirse en el zar de las drogas, entrena actualmente un batallón del ejército colombiano compuesto por 950 hombres, que según el Washington Post tiene como objetivo principal la recuperación del control del territorio ocupado por la guerrilla al sur del país. Según el Pentágono y el Departamento de Estado se prepara la constitución de otros dos batallones similares.

La eficacia de la relación entre precio y resultado de esta intensificación de la intervención estadounidense se defiende sobre dos suposiciones. En primer lugar, EE.UU puede controlar estratégicamente el uso final de los fondos proporcionados, de forma que se eviten o al menos se palien las transgresiones de los derechos humanos (lo ocurrido en El Salvador lo desmiente), y en segundo lugar, los dirigentes de las FARC, el objetivo primario de la intervención estadounidense, son poco más que un hatajo de malvados terroristas y codiciosos capos de la droga, sin respaldo popular. Como en El Salvador, EE.UU. se niega a reconocer que las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad estatales son la mejor herramienta de reclutamiento que posee la guerrilla. Estas dos suposiciones son absolutamente falsas y no reflejan en absoluto la realidad del tráfico de drogas y el conflicto civil de Colombia.

UNA VISIÓN REALISTA DE LA SITUACIÓN COLOMBIANA

Aunque, indudablemente, las FARC generan riqueza por medio del "impuesto de guerra" que le abonan los fabricantes y traficantes de droga, así como por medio del secuestro de ejecutivos extranjeros y colombianos adinerados, no hay pruebas directas que relacionen a los rebeldes con la exportación de droga a EE.UU. Las pruebas disponibles revelan que entre los principales transportistas de drogas se encuentran grupos paramilitares de derechas que colaboran con los capos de la droga, las fuerzas armadas, los financieros más importantes y los altos cargos del gobierno.

La creación de los Grupos de Autodefensa de Colombia, título oficial de las organizaciones paramilitares formadas en la década de 1980, estuvo financiada en gran medida por las fortunas privadas amasadas por las antiguas actividades de tráfico de drogas de sus poseedores. De hecho, los grupos de autodefensa se ilegalizaron en 1989 después de que las investigaciones del gobierno revelaran que Pablo Escobar, el famoso jefe del cartel de Medellín, había encabezado una de sus mayores operaciones paramilitares.

Los paramilitares, compuestos por activistas de extrema derecha (incluidos muchos oficiales del ejército y la policía) enfrentados violentamente a las guerrillas y sus simpatizantes, se han convertido en el estado mayor de la campaña contra las FARC que se desarrolla en Bogotá. El presidente Pastrana siente una aversión personal contra los grupos de autodefensa, pero sus esfuerzos por evitar la colisión directa entre las fuerzas de seguridad colombiana y los paramilitares han sido inútiles. Por tanto, mientras los helicópteros del ejército atacan de vez en cuando las plantaciones de coca y adormideras del territorio rebelde, los capos de la droga y sus cohortes paramilitares desarrollan sus operaciones de tráfico con relativa impunidad.

Salta a la vista que los altos mandos del ejército estadounidense no quieren o no pueden comprender las peculiaridades de la industria colombiana de los narcóticos, que no sólo influye sobre todos los aspectos de la vida de Colombia sino que, al parecer, ha alcanzado los estratos superiores de la oficialía estadounidense; se está investigando a la mujer del oficial de EE.UU. al mando de la lucha contra las drogar por haber enviado drogas a su país por valija diplomática.

LA INFLUENCIA CRECIENTE DE McCAFFREY

El general McCaffrey parece ser el político más obsesionado con la idea de que las guerrillas dependen de los capos de la droga, pero los diputados Dan Burton (de Indiana) y Benjamin Gilman (de Nueva York) no andan a la zaga. En una declaración oficial, estos representantes no mencionaban la implicación de los paramilitares en el tráfico de drogas, pero subrayaban que los "narcoterroristas" de las FARC obtienen "aproximadamente 100 millones de dólares al mes en concepto de beneficios por hacer posible el narcotráfico".

Madeline Albright, la Secretaria de Estado, que se ha mostrado ligeramente más prudente y objetiva, dice: "tanto las guerrillas como los paramilitares utilizan el tráfico de drogas para financiarse", aunque en un artículo de opinión que escribió recientemente insinuaba que también ella empieza a autorizar la eliminación de la fina línea entre el cultivo de drogas y los levantamientos civiles. Las antiguas diferencias establecidas por Albright no sólo escapan al entendimiento de Gilman y Burton, sino que no reflejan la realidad de los narcóticos en Colombia, que, como explica el diario londinense The Economist, consiste en que "los grupos paramilitares de derechas y los traficantes a los que protegen están mucho más involucrados en el negocio de la droga, y la DEA (la administración estadounidense de lucha contra el tráfico de drogas) conoce este hecho".

Otro aspecto preocupante de la política estadounidense actual es la alianza de hecho, activa y bien documentada, del ejército y los grupos paramilitares para luchar contra las FARC y la pequeña fuerza de izquierdas conocida como Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los paramilitares son famosos por su brutalidad, y no sólo dirigen sus agresiones contra las guerrillas, sino, como dice un importante funcionario de asuntos humanitarios, contra "cualquiera que esté involucrado en la defensa de los derechos humanos".

En 1991, el ejército colombiano, en colaboración con la CIA, reestructuró sus redes de inteligencia para enfrentarse con más eficacia a las guerrillas. Los agentes de seguridad de este país colaboraron estrechamente con los paramilitares para aumentar su eficacia contra las guerrillas y los civiles sospechosos de simpatizar con ellas. Sin embargo, el apoyo oficial de los paramilitares llegó más allá de proporcionar información secreta, e incluyó los ejercicios conjuntos de combate con las fuerzas armadas colombianas. Los militares tomaron parte en varias atrocidades como resultado de esta colaboración con los paramilitares, hasta el punto en que incluso el Departamento de Estado tuvo que reconocer que "las fuerzas armadas colombianas cometieron numerosas transgresiones graves de los derechos humanos".

A pesar de que Bogotá sostiene lo contrario, el enlace entre militares y paramilitares sigue con vida. Un ejemplo reciente de esto ocurrió el 26 de julio, cerca del límite municipal de Curumani. A las siete de la mañana, aproximadamente, un grupo de paramilitares armados secuestró y asesinó posteriormente a varios campesinos de El Cano-San Ignacio. Los paramilitares, uniformados y fuertemente armados, huyeron a continuación a la cercana ciudad de Curumani, donde tuvieron que pasar por la base militar o por la comisaría de policía que vigilan las entradas de la ciudad. Los observadores añaden que las instalaciones militares y policiales se reformaron y se fortificaron hace poco con equipo y personal nuevos; sin embargo, no se detuvo a los asesinos.

Las FARC también han transgredido los derechos humanos, pero la alianza entre el ejército y los paramilitares es responsable de un porcentaje desproporcionado de todos los asesinatos por motivos políticos; aproximadamente un 70%, según el cálculo de varias organizaciones, de toda fiabilidad, que se dedican a la defensa de los derechos humanos.

¿UN EXPEDIENTE LIMPIO?

Sorprendentemente, la proposición de McCaffrey de aumentar drásticamente la ayuda al ejército colombiano puede encontrarse con la oposición del congreso, sobre todo por parte de los diputados Gilman, presidente del comité de relaciones internacionales, y Burton, presidente del comité de reforma gubernamental, así como de la izquierda. En circunstancias normales, los dos diputados mencionados, de la línea dura, habrían respaldado cualquier acción emprendida contra las guerrillas de izquierda, pero en este caso se han convencido de que el ejército colombiano no es un aliado fiable en la guerra contra las drogas. Gilman y Burton sostienen que en vez de dirigir las ayudas a las desprestigiadas fuerzas armadas, EE.UU. debería destinar los fondos casi por completo a la Policía Nacional de Colombia, encabezada por el general José Serrano, cuya "labor no es la lucha contra la insurgencia, sino contra los narcóticos".

Sin embargo, en diversas ocasiones, la lucha contra la insurgencia parece ser precisamente la "labor" de la policía. En los últimos años, los paramilitares han llevado a cabo numerosas masacres con el apoyo tácito e incluso abierto de las unidades de policía de las zonas afectadas. En octubre de 1997, la brigada de estupefacientes de la ciudad de Miraflores dio la bienvenida a los paramilitares en un aeródromo local gestionado conjuntamente por la policía y el ejército. Durante los tres días siguientes, los paramilitares asesinaron a seis supuestos colaboradores de la guerrilla. Según afirman los residentes de la zona, la policía era consciente de lo que sucedía, incluidas varias amenazas de muerte, pero no hizo nada por evitarlo. Los asesinos no han sido castigados por ello, y no parece que se esté llevando a cabo ninguna investigación.

Otros incidentes en los que estuvo involucrada la alianza de hecho entre los paramilitares y la policía ocurrieron en las ciudades de Mapiripán, en julio de 1997, y Chalán, en octubre del mismo año. En el caso de Chalán, la policía parecía castigar a los habitantes por lo que consideraba un apoyo de la guerrilla. Después de una redada de rebeldes en la ciudad, la policía retiró todas sus fuerzas, a pesar de que, según los observadores, había recibido el aviso de un inminente ataque de los paramilitares. A lo largo de las semanas siguientes, los paramilitares amenazaron y después asesinaron a varios profesores locales, dirigentes comunitarios y granjeros, y obligaron a otros muchos a huir de la zona, como refugiados internos.

Después de la incursión de los rebeldes, el general Serrano, considerado por algunos diputados "el mejor poli de América latina" dijo: "Si la población civil no colabora, retiraremos a la policía." El ayudante de Serrano añadió: "La población de Chalán no se merece la policía que tiene. La gente tiene que elegir entre apoyar a la guerrilla y apoyarnos a nosotros."

A pesar de estas actitudes tan poco profesionales, hay que reconocer que la policía respeta los derechos humanos algo más que el ejército. Sin embargo, la creencia de que es posible ayudar económicamente a cualquier elemento de las fuerzas de seguridad colombianas sin contribuir a las transgresiones de los derechos humanos se apoya en una base falsa. Fue por esto por lo que la enmienda de Dodd-Leahy, con buen tino, prohibió la entrega de ayuda militar a cualquier batallón de las fuerzas armadas colombianas que fuera cómplice de las transgresiones de los derechos humanos, con lo que al final sólo quedó una unidad militar que pudiera optar a la ayuda estadounidense en todo el ejército.

Las superficiales suposiciones en que se basa el apoyo estadounidense a la lucha contra la droga en Colombia ejemplifica la debilidad general de la política antidrogas de EE.UU. La incapacidad por parte de Washington y Bogotá de reducir sustancialmente la producción de narcóticos en Colombia (o el consumo en EE.UU.) demuestra que una política de confrontación o intervención directa, incluida la fumigación aérea y la fortificación de los arsenales militares y policiales, es corta de miras e incluso contraproducente.

DESIGUALDAD, DROGAS Y REBELIÓN

La política estadounidense ha obviado sistemáticamente las bases económicas y sociales que hay detrás del tráfico de drogas y de la rebelión de la guerrilla. Muchos de los productores que sufren las fumigaciones aéreas y otras tácticas agresivas son campesinos pobres que dependen del cultivo de drogas para sobrevivir. A menudo, los pobres colombianos denominan a la coca "la planta sagrada", porque, como explicaba un campesino de la comunidad rural de Miraflores, "es la única que nos da lo suficiente para vivir". El uso de la fuerza contra esta gente pasa por alto el problema crucial, que es su falta de alternativas económicas viables.

Sin embargo, los diputados Gilman y Burton sostienen que el motivo por el que en Colombia se producen tantas drogas no es la falta de alternativas, sino que es culpa de la reticencia por parte de la administración de Clinton a la hora de donar más helicópteros Black Hawk estadounidenses a la policía colombiana con fines de fumigación y vigilancia. Los legisladores lamentan que "la policía tenga sólo 19 helicópteros operativos", y reprochan al Departamento de Estado su incapacidad para "entregar un solo helicóptero a tiempo".

Cecilia Zárate Luán, la respetada directora de la Red de Apoyo Colombiana, una organización con sede en Madison (Winsconsin) rechaza estas ideas simplistas e insiste en que la desesperación del campesinado colombiano es el factor que determina el cultivo de drogas. En palabras de Zárate: "Los campesinos tienen dos opciones: ir a las grandes ciudades y dedicarse a la mendicidad o a la prostitución, o ir a colonizar la tierra de la selva." Zárate añade: "Los campesinos colombianos que cultivan coca son el resultado de problemas sociales, políticos y económicos que no pueden resolverse y no se resolverán por medio de la intervención militar."

De igual modo, sólo es posible entender la guerra de guerrillas después de comprender sus raíces socioeconómicas. Las desigualdades de distribución de la tierra y los ingresos en Colombia, y las diferencias entre la forma de vida, están entre las peores de América Latina: un 3% controla el 70% de la tierra cultivable.

Según el cálculo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, se calcula que casi el 50% de los colombianos vive por debajo del umbral de la pobreza, y tres cuartas partes viven en zonas rurales. El empleo a tiempo completo, además, no garantiza unas condiciones de vida aceptables. Se calcula que el salario de casi un 60% de los empleados no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de alimentación y sanidad.

Con el país en caída libre económica, acuciado por una altísima delincuencia, 1.000 personas hacen cola todos los días en la embajada estadounidense de Bogotá con la esperanza de obtener un visado que les permita huir del país y la miseria en que se encuentra. Hay que volver a la depresión de 1929 para recordar una época así de dura en Colombia. La situación actual es explosiva, y sólo la paz, la desmilitarización y una reforma económica podrían contribuir a mejorarla. Lamentablemente, la única respuesta que se le ha ocurrido a Washington es una militarización del punto muerto en Colombia, arriesgándose a una intervención militar estadounidense a gran escala, que como ya ocurrió en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Haití, impulsará a cientos de miles de colombianos a huir a EE.UU. Desgraciadamente, el modelo de intervención de Washington carece de adecuación política y adolece de planes de arreglo rápido basados en la aplicación de la fuerza. Washington tampoco tiene una respuesta a la pregunta de que si la creciente presión política a que se somete a Pastrana desde todos los lados puede anular su eficacia como presidente, ahora que este país va de cabeza al conflicto.

Los alarmantes indicadores sociales de Colombia, además de ayudar a explicar los incentivos de la producción de drogas, justifican en parte el amplio apoyo de la guerrilla en las zonas rurales. En lugar de seguir subvencionando las dudosas instituciones antidroga de Colombia o dar el peligroso paso de ampliar el alcance de la guerra para incluir una campaña más explícita contra la guerrilla, Washington debería considerar la posibilidad de proporcionar más apoyo al aumento de la igualdad económica, la justicia social y el establecimiento de un proceso político verdaderamente democrático.

El efecto inmediato de este apoyo por parte de Washington consistirá en inyectar vida en las moribundas negociaciones de paz entre la administración de Pastrana y las FARC. En julio, tanto Washington como Bogotá reprocharon a las FARC (que se mostraban reacias a sentarse a negociar) que optaran por organizar una ofensiva en vez de negociar con Pastrana. En parte, las guerrillas merecen la crítica por su habitual negativa a emprender negociaciones, pero dado el nefasto resultado de sus experiencias anteriores con el proceso de paz, no se puede culpar a los líderes actuales por repudiar la diplomacia, aunque su estrategia parezca extraña en ocasiones.

En 1985, los antiguos dirigentes de la guerrilla constituyeron el partido Unión Patriótica (UP) en un esfuerzo por abandonar las armas y participar pacíficamente en la sociedad civil. Los candidatos de UP, con una cartera política y económica radicalmente distinta de la de las plataformas liberal y conservadora, tuvieron un enorme éxito popular; aproximadamente 4.000 de sus candidatos obtuvieron cargos estatales y municipales.

En una lección que ha aprendido la generación actual de dirigentes de las FARC. Prácticamente todos los miembros de la UP fueron asesinados sistemáticamente por la extrema derecha, sin que se resolvieran los casos ni se llevara a juicio a los sospechosos. Curiosamente, entre los asesinados estaban los dos miembros de la UP que se iban a presentar a las elecciones presidenciales.

EL PEZ CHICO Y EL CENTRO DEL PROBLEMA

Una política estadounidense más sensata también debería incluir un enfoque más cercano a su casa del asunto de la droga. Por ejemplo, la administración de Clinton podría considerar la posibilidad de tomar medidas enérgicas contra las empresas estadounidenses y occidentales involucradas en la exportación a Colombia de enormes cantidades de los productos químicos necesarios para extraer el alcaloide de la planta. El proceso de la droga, según la DEA, es un proceso extremadamente "complicado", que requiere "un equipo y unos conocimientos muy avanzados", así como "costosos productos químicos" como el permanganato de potasio, el éter y la acetona, "que son difíciles de encontrar y a menudo no se fabrican en el país en que se procesa la droga". Sin duda, los que sufren la agresión de la lucha estadounidense contra las drogas, dirigida sobre todo a los campesinos colombianos, insignificantes peones de este negocio, y a las guerrillas, no son los principales partícipes de esta lucrativa industria internacional.

EE.UU. también debería considerar la posibilidad de dedicar estos fondos a una investigación exhaustiva de los principales bancos y empresas multinacionales que blanquean los millones de dólares procedentes del tráfico de drogas. El volumen del dinero blanqueado ha aumentado en los últimos años, aunque la percepción pública de este problema ha disminuido.

Alberto Galán, hermano de Luis Carlos Galán, uno de los candidatos a la presidencia de Colombia que fueron asesinados, subrayaba la debilidad de la política estadounidense al no explorar esta conexión entre las empresas privadas y las drogas. Washington, en palabras del señor Galán, evita "el centro del problema, los vínculos económicos entre los mundos legal e ilegal, las grandes corporaciones financieras. Sería mucho más razonable atacar y procesar a los pocos que se encuentran en la cima del negocio de la droga que llenar las cárceles con miles de peces chicos."

Aunque es posible que Washington no esté en disposición de llevar a cabo medidas tan drásticas, por lo menos debería tomar nota de las complejidades de las luchas intestinas de Colombia, un conflicto que no se puede reducir a la ingenua noción de las "narcoguerrillas" de McCaffrey, y un problema que no se resolverá sólo por medio de la fuerza.

[Fuente: Nick Trebat, investigador adjunto. The Council on Hemispheric Affairs. Lunes 24 de agosto de 1999]

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