Declaración de la misión de apoyo a los defensores de DH

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 24 de Septiembre, 1999. Col - Declaración de la misión de apoyo a los defensores de derechos humanos. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información.

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA MISIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL DE RESPALDO A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

La Coordinación de ONG de Derechos Humanos de Colombia(Colombia-Europa-Estados Unidos) y el Comité Ad Hoc no gubernamental de Acción y Protección para los Defensores de los Derechos Humanos en Colombia tomaron la iniciativa de encargar a un conjunto de expertos en derechos humanos para que realizase un estudio sobre la situación de ataques y hostigamientos de que vienen siendo víctimas las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en Colombia.

Dicho estudio fue elaborado por una Misión Técnica Internacional, que visitó el país en agosto de 1999. Sus recomendaciones y conclusiones preliminares dirigidas al Gobierno Colombiano y a la comunidad internacional fueron encomendadas a nosotros, provenientes de diferentes países, a quienes se nos invitó a constituirnos en Misión Política Internacional, a fin de presentar a las mas altas autoridades colombianas, nuestras sugerencias. A tal efecto, hemos mantenido encuentros con diversas entidades, organizaciones y autoridades civiles y militares, a quienes agradecemos el interés mostrado por el tema objeto de la Misión, así como el tiempo que nos han dispensado para el intercambio de opiniones e informaciones.

El compromiso por la defensa de los derechos humanos es una cuestión que compete a toda persona, tal como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. El creciente aumento de violaciones masivas a estos derechos en diversas partes del mundo es alarmante y debe provocar un interés activo y universal por su defensa. Este es el contexto en que la Misión Internacional ha venido a Colombia -con humildad y en afán de colaboración- para mostrar el apoyo expreso a todas aquellas personas, mujeres y hombres, profesionales, académicos, intelectuales, líderes sindicales, indígenas y populares, educadores, periodistas o servidores públicos, que han manifestado su compromiso inequívoco en la defensa de los derechos humanos y cuya actividad constituye la base fundamental para la consolidación de todo sistema democrático, en su labor no siempre reconocida y muchas veces menospreciada desde estamentos oficiales.

Desde aquí damos todo nuestro ánimo y fortaleza, porque ellos son la parte más activa y comprometida de una sociedad civil que cada día debe asumir más protagonismo en el control y exigencia a las instituciones públicas.

La misión ha estado integrada por:

a) Kerry Kennedy Cuomo, abogada fundadora del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, de Washington.
b) Marvin Frankel, abogado, Ex-juez federal de Estados Unidos, expresidente de la Junta Directiva del Comité de Abogados para los Derechos Humanos de Nueva York.
c) Baltazar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, premio nacional de derechos humanos 1990.
d) P. Luis Pérez Aguirre, Director de Servicio de Paz y Justicia de Uruguay.
e) Frank LaRue. Director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala.
f)Francisco Soberón, Vice-presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, delegado del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT), con sede en Ginebra.
g) Margaret Popkin, Directora en funciones del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y miembro de la Misión Técnica de Respaldo a Defensores de Derechos Humanos en Colombia.
Charles Roberts, intérprete.

Durante la Misión nos hemos entrevistado con:

* Organizaciones No-Gubernamentales de Derechos Humanos.
* Fiscalía General de la Nación.
* Procuraduría General de la Nación.
* Ministerio de Defensa y Altos Mandos Militares.
* Representantes de Misiones Diplomáticas Acreditadas en Colombia.
* Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
* Dirección General de la Policía y Dirección General del DAS
* Defensoría del Pueblo.
* Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.
* Vice-Cancillería.
* Vicepresidencia de la República y Ministerio del Interior.
Visita que concluirá en el día de hoy con dirigentes de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC y Parlamentarios indígenas, el Consejo Superior de la Adjudicatura y el Señor Presidente de la República, Doctor Andrés Pastrana Arango.

La misión vio con profunda preocupación la situación grave de ataques y amenazas en contra de defensores de derechos humanos en Colombia. En los últimos dos años, cerca de 30 defensores han sido asesinados; uno ha sido desaparecido, cuatro secuestrados y posteriormente liberados, cuatro más se hayan detenidos, aproximadamente 70 han sido objeto de amenazas y hostigamiento directos; y al menos 27 han sido forzados al exilio para proteger su vida. Adicionalmente, varias sedes de organizaciones sindicales y de derechos humanos han sido objeto de atentados con bombas, que han destruido sus edificaciones.

En el año en curso ha habido en Colombia 269 masacres y 1.299 muertes hasta el 21 de Septiembre. La población civil se ha convertido en objetivo y víctima inerme del conflicto armado interno, habiéndole sido anulados los más elementales derechos, amparados por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Hemos tenido ocasión de comprobar la situación de extrema dificultad en la que se desarrolla la labor de las instituciones públicas. Algunos servidores públicos han sido muertos, secuestrados o amenazados por las fuerzas paramilitares y la guerrilla. Hemos visto con preocupación la carencia de medios suficientes de instituciones como la Defensoría del Pueblo para desarrollar la labor constitucional que les ha sido asignada, en especial en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y el control de los poderes públicos. Sin embargo hemos comprobado con satisfacción la existencia de un claro compromiso por parte del Gobierno para consolidar una eficaz lucha contra las violaciones de los derechos humanos en Colombia. En este ámbito, hemos estado atentos al alcance de las reformas legislativas proyectadas y que abordan aspectos fundamentales para una mayor protección de aquellos derechos.

Algunas de las conclusiones obtenidas y cuya elaboración definitiva se harán llegar en un futuro próximo a las autoridades y a la comunidad colombiana así como a la comunidad internacional, son las siguientes:

1) Los actores que producen la mayor violación a los derechos humanos fundamentales y al derecho internacional humanitario en la actual situación de conflicto son los paramilitares y las guerrillas. Sin embargo, también hemos obtenido evidencias que acreditan ciertas vinculaciones entre estamentos de las fuerzas armadas y los grupos paramilitares.

2) No hemos constatado que exista una política gubernamental de protección a las fuerzas paramilitares. Empero, se observa un insuficiente control de dichas fuerzas por parte del Gobierno, que sería necesario para garantizar la vigencia de los derechos humanos.

3) Con relación a algunas de las masacres de las que hemos obtenido información, en concreto de las producidas recientemente en La Gabarra, región del Catatumbo, hemos podido conocer cómo organizaciones no gubermanentales advirtieron a las autoridades públicas sobre la presencia de grupos paramilitares y el riesgo de que éstos produjeran una agresión contra la población, como finalmente ocurrió. Por su actitud de denuncia, representantes de dichas ONG han sufrido ataques desde algún sector del Ejército, de manera inadmisible, que ha tratado de vincularlos con la guerrilla, llegando a hablar de la "guerra jurídica y escrita", exponiéndolos a serios riesgos.

4) Abogamos por la necesidad de la erradicación de actividades ilícitas en el seno de la Fuerza Pública que bien, por acción o por omisión, consienten tales conductas.

5) Entendemos que un Estado de Derecho es incompatible con la admisión de cualquier forma de impunidad y por tanto, demandamos que se aborde una investigación penal seria, imparcial y efectiva de las violaciones cometidas contra las personas, organizaciones e instituciones que promueven y defienden los derechos humanos y asegurar la aplicación de sanciones a los autores materiales e intelectuales.

6) Asumimos el reclamo de los defensores de derechos humanos y en tal sentido lo hemos transmitido a las autoridades públicas, de que los archivos de inteligencia sobre ellos y otras personas vinculadas a este ámbito sean comunicados a los interesados, y en su caso, rectificados, aclarados o eliminados.

7) Vemos muy positiva la Directiva Presidencial 07 del 9 de septiembre de 1999, aunque pedimos expresamente que se traduzca en actuaciones específicas y concretas que conduzcan a una efectiva garantía y protección de los derechos y a las correspondientes sanciones de las violaciones de los mismos.

8) Pedimos que las instituciones del Estado se tomen con seriedad la defensa de los derechos de los indígenas y de las comunidades negras violentados por los agentes del conflicto, por cuanto aquellas deben protegerlos con el respeto a sus tradiciones y cultura, evitando anteponer los intereses económicos a lo que constituye su esencia étnica y vital.

9) Ante la eventual materialización de la ayuda para la lucha antinarcóticos de los Estados Unidos a Colombia, expresamos la preocupación de que dicha ayuda afecte negativamente la vigencia de los derechos humanos, y por ello nos oponemos a la misma, en tanto no se garantice el respeto a tales derechos.

10) Vemos positiva la evolución legislativa que ha permitido la desaparición de la Justicia "sin rostro" y su substitución por la Justicia Especializada, siempre que ésta, como la ordinaria, actúe basada en el cumplimiento real y efectivo de los principios constitucionales del debido proceso, publicidad, contradicción y presunción de inocencia. En ningún caso dichas actuaciones podrán constituir un mecanismo para acosar a personas y organizaciones en razón de sus actividades en la denuncia, promoción y defensa de los derechos humanos.

11) Consideramos positiva la reducción de competencias de la jurisdicción penal militar aprobada por el Congreso. No obstante para alcanzar una auténtica salvaguarda de los derechos humanos, debería restringirse su ámbito de aplicación, incluyendo sólo los delitos estrictamente militares.

12) Solicitamos que se active al máximo la aprobación de la legislación sobre desaparición forzada de personas y la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

13) Abogamos porque el gobierno retire la iniciativa legislativa que propone suprimir algunas personerías municipales.

14) Consideramos imprescindible que la protección y seguridad de los defensores de derechos humanos sea plenamente garantizada por el Estado. En tal sentido pedimos al Ministerio del Interior que adopte todas las medidas necesarias para asegurar aquella y salvar los obstáculos surgidos hasta este momento.

15) Pedimos que se reanude el espacio de diálogo entre las ONG defensoras de derechos humanos y las fuerzas armadas, asumiendo éstas la autocrítica de las disfunciones internas que han llevado a la violación de los derechos fundamentales desde su seno.

16) Solicitamos que las autoridades públicas competentes hagan todo el esfuerzo posible para llevar a efecto las órdenes de búsqueda y captura y su puesta a disposición judicial de los responsables de crímenes perpetrados por los grupos paramilitares y las guerrillas. En particular, hacemos una petición abierta que a la vez expresa el deseo de que las personas secuestradas y detenidas-desaparecidas por los actores del conflicto sean liberadas, con el fin de garantizar una vía de encuentro y un camino para la paz en Colombia.

11) Por último y agradeciendo nuevamente todas las facilidades que se le han brindado a la Misión, exhortamos a las autoridades públicas a cumplir los compromisos asumidos con las ONG el 16 de febrero de 1999, así como aplicar las múltiples recomendaciones emanadas de instancias intergubernamentales y de la comunidad internacional respecto de la protección de los defensores de derechos humanos.

Santafe de Bogotá, D. C. 23 de septiembre de 1999

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