Miembros del Batallón 45, intimidan y amenazan a campesinos desplazados

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 19 de Diciembre, 1999. Col - Miembros del Batallón 45, Héroes de Majagual, intimidan y amenazan a campesinos desplazados. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Solidaridad Urgente.

LOS CAMPESINOS DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA, EN EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO, DENUNCIAN AMENAZAS E INTIMIDACIONES DE MIEMBROS DEL BATALLÓN 45 HÉROES DE MAJAGUAL

El día 15 de Diciembre de 1.999 desde tempranas horas de la mañana en las veredas de Yanacué,

Cuatrobocas, Coroncoro y San Lorenzo, en jurisdicción del Municipio de Cantagallo, en el Valle del Río Cimitarra, unidades del ejército nacional y de la flotilla naval empezaron un operativo militar, ametrallando y bombardeando estas veredas argumentando una acción antinarcóticos.

Estas veredas actualmente refugian a decenas de familias desplazadas de las veredas de San Pablo y Simití, donde militares y paramilitares desarrollan un operativo conjunto desde hace varias semanas. Estos desplazados se encuentran en tránsito hacia el interior del Valle del Río Cimitarra, lugar donde serán reubicados por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC.

Durante las últimas semanas los grupos paramilitares han proferido amenazas contra la región del Valle del Río Cimitarra, anunciando su pronta presencia y amenazando a los campesinos, a los que llaman "guerrilleros" del Valle del Río Cimitarra. Lo que presume el desarrollo de un gran operativo militar en las próximas semanas.

En la última semana se han realizado dos operativos militares, los cuales han impedido la libre circulación de los campesinos y de los desplazados por el Río Cimitarra, hechos que han agravado la situación y han detenido las labores de reubicación.

En el casco urbano del Municipio de Yondó, durante los preparativos del Cabildo Abierto para la reformulación del plan de inversiones del municipio del año 2.000, fue amenazado de muerte Miguel Cifuentes, miembro de la ACVC y de la Junta Directiva de la Corporación Regional para la Defensa de los DD-HH - CREDHOS, igualmente los campesinos fueron intimidados por uniformados del Batallón 45 Héroes de Majagual. Cuando los campesinos se tomaron el Concejo Municipal para ser escuchados por los concejales, los cuales impidieron la participación de las mayorías campesinas durante la realización del cabildo, el cual fue militarizado, fueron catalogados por la administración Municipal como "secuestradores".

Ante estas acciones que ponen en riesgo la vida de los campesinos de la región y después de la desaparición de Edgar Quiroga, vocero del éxodo campesino de 1.998 y de Gildardo Fuentes, testigo de excepción del genocidio a que es sometido el campesinado del Magdalena Medio, consideramos lo siguiente:

- Que el campesinado del Magdalena Medio es actualmente sometido a una campaña de genocidio de la cual es conciente el Estado colombiano, pues no se explica que las bases paramilitares estén ubicadas a pocos kilómetros de las bases y los puestos militares y en sitios conocidos por todos (San Blas, Monterrey, Simití, Santa Rosa, San Pablo) y que los paramilitares se desplacen por centenares sin ser "detectados" utilizando incluso helicópteros y que se den operativos militares y paramilitares en una misma zona sin que misteriosamente nunca se encuentren.

- Que existe una persecución sistemática contra los campesinos del Valle del Río Cimitarra, contra su organización - la ACVC- y contra sus líderes.

- Que existe en las últimas semanas una situación de desplazamiento forzado de más de tres mil campesinos que ha sido muy parcialmente atendida por la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL pero intencionada y sistemáticamente desatendida por la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, la ALCALDÍA DE SAN PABLO y las demás instituciones competentes del Estado.

Por lo tanto solicitamos a la comunidad internacional solidarizarse con la crítica situación del campesinado del Magdalena Medio y pronunciarse ante el Estado colombiano para que cumpla con los acuerdos firmados en más de dos décadas de barbarie, durante las cuales los campesinos han marchado para exigir sus derechos y detener la permanente violación de los derechos humanos en la región.

Al Estado colombiano le exigimos:

1. Garantizar el regreso con vida de Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes, de cuya desaparición es responsable el Estado colombiano (ver acuerdos del 98)

2. Cumplir con los acuerdos del éxodo campesino firmados por el Presidente Pastrana el 4 de Octubre de 1.998 para detener las masacres de los campesinos, erradicar el paramilitarismo, castigar a todos los culpables por acción u omisión en la violación de los DD.HH, reparar integralmente a las víctimas e iniciar un proceso de desarrollo económico y social participativo en el Magdalena Medio.

3. Garantizar la vida y la honra de los campesinos del Valle del Río Cimitarra, la existencia de la ACVC como la organización que representa los intereses del campesinado, así como la integridad y la seguridad de nuestros líderes y voceros del Éxodo campesino: GILBERTO GUERRA, ANDRÉS GIL, LIBARDO TRASLAVIÑA y de MIGUEL CIFUENTES, miembro de la ACVC y de la Junta Directiva de CREDHOS.

4. Proteger la vida y la integridad física de los señores: LIBARDO TRASLAVIÑA, GILBERTO GUERRA HERNÁNDEZ, ANDRÉS GIL, FRANCISCO JOSÉ CAMPO, RAMÓN RANGEL, JOSÉ CEDIEL MONDRAGÓN SÁNCHEZ, ISIDRO ALARCÓN BOHORQUEZ y TITO MUÑOZ, Voceros de la "Mesa de Trabajo Regional permanente por la paz y los Derechos Humanos del Magdalena Medio" y firmantes de los acuerdos del 4 de octubre de 1.998 con el Gobierno Nacional.

Barrancabermeja, Diciembre 18 de 1999
ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA

FUNDAMENTACIÓN DEL EQUIPO NIZKOR:

Los paramilitares actúan con impunidad en zonas bajo control militar.

1) Según el Reglamento del Tribunal Internacional de Nuremberg y las sentencias posteriores reafirmadas por el Tribunal ad doc de la Ex Yugoslavia en el mes de julio de 1999, en el caso TADIC, la responsabilidad de los comandantes militares que controlan la zona donde actuaron los paramilitares son responsables de no impedir la actuación de los paramilitares con las mismas responsabilidades penales individuales que si hubieran dirigido las operaciones en la zona de su comando.

2) La actuación de los paramilitares en Colombia recoge un patrón de instrumentación de operaciones militares encubiertas que hacen responsables a los cuerpos militares y al estado mayor del ejército de Colombia de crímenes de guerra, secuestros, desapariciones forzosas y demás delitos constituidos en la figura de crímenes graves contra la humanidad. Estos delitos ni prescriben, ni son amnistiables, si sus responsabilidades fueran depuradas con los parámetros utilizados por los Tribunales Penales Internacionales y la doctrina actual sobre el Derecho Internacional Humanitario.

4) Los paramilitares deben saber que según los convenios de Ginebra los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra.

5) Es evidente que se están utilizando forma de exterminio de población civil que siguen perfiles de modelos de análisis social con la utilización de técnicas de simulación por ordenador que determinan las listas de personas que son "nodos" de activismo civil político, social y cultural y que son: a) son fijadas como blanco; b) son amenazadas como forma de determinación del blanco a las unidades paramilitares; c) son despejadas las áreas geográficas de actuación paramilitar en zonas rurales o fijadas zonas de cobertura de seguridad en zonas urbanas; d) son otorgadas facilidades de comunicaciones y coordinación y finalmente se determina el momento de la ejecución. Estos hechos son constitutivos de la figura de organización criminal y planificación sistemática de exterminación de población civil. Según la Comisión Colombiana de Juristas, durante 1998 el 77, 8 por ciento de las violaciones graves de derechos humanos responsabilidad de las organizaciones criminales paramilitares. Sumadas a las cometidas bajo responsabilidad militar llegan al 96 por ciento de los 1.656 incidentes contabilizados, habiéndose más que duplicado en el período entre 1994 y 1998.

6) En el caso que nos ocupa el Batallón NO. 45, Héroes de Majagual, ha participado conjuntamente con la organización criminal AUC y procedido a la entrega de los activistas de derechos humanos detenidos desaparecidos, además de colaborar en las tareas criminales. Los comandantes de la zonas militares que son responsables en la cadena de mando de la que dependen los batallones y los jefes de los batallones son responsables de no impedir la actuación de las organizaciones criminales que componen los grupos paramilitares, no es suficiente las alegaciones de subordinación territorial ante la comisión de delitos de esta naturaleza.. Estas responsabilidades deben ser depuradas ante un tribunal.

7) Es evidente que es "modus operandi" es el que estamos focalizando en esta zona es la situación de ataque y amenaza contra la población civil desplazada en el Magdalena medio y de la situación de violación sistemática de los derechos humanos en Barrancabermeja, por parte de grupos paramilitares con conocimiento explícito de los mandos militares. Es necesario ejercer una presión clara y transparente ante todo tipo de autoridades para evitar una nueva "masacre anunciada" y hacer responsable a las autoridades civiles de complicidad en un caso tan evidente.

8) Tomamos nota y apoyamos en todos sus términos, la Declaración Pública del Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Parlamento Canadiense de 16oct99 que dice expresamente "Hace un llamado al Gobierno de Colombia a intensificar tanto la investigación de la masacre de Barrancabermeja como también todas las actividades orientadas a reducir y prevenir la violencia, la violación de los derechos humanos en el país y a que ponga fin a la impunidad especialmente respecto a los crímenes de lesa Humanidad". En concordancia con esta Declaración solicitamos a otros gobiernos que adopten similares posturas y que revisen las relaciones diplomáticas y económicas con el gobierno Colombiano que ha demuestra ser insensible a sus obligaciones frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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