¿Camino hacia la paz o hacia la guerra?



Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 27 de Octubre, 1999. ¿Camino hacia la paz o hacia la guerra?. Por Sergio Ramírez.

El Alto Comisionado para la Paz (Víctor J. Ricardo), representado al gobierno colombiana, y las FARC-EP, por sus voceros (Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez) en la mesa de negociación, expresaron en reciente declaración pública su voluntad en la búsqueda de una solución política negociada ,por lo cual dicen: "hemos acordado dar instalación formal a la mesa de los diálogos de la negociación .... Con la finalidad de desarrollar la agenda común acordada "Agenda hacia una Nueva Colombia" que permita llegar a un acuerdo para encontrar la paz de los colombianos". Analizar el significado de tal acuerdo, en las condiciones actuales de Colombia, es la razón de este artículo.

Lograr la paz es una aspiración largamente sentido por el pueblo colombiano. Tal comunicado encierra una esperanza. Nadie podría manifestarse en contra de esa aspiración. Desde todos los rincones del mundo se alzan voces en pro de la paz. Pero ella no sólo es una palabra grata a los oídos. Encierra para los explotados, pobres, ultrajados y segregados una dimensión mayor. Definida en igualdad social, política y económica. Además, respeto a los DD.HH., justicia, sanción a los criminales que han asesinado a miles de modestas personas, oportunidades democráticas, etc. Connotaciones que la clase dirigente colombiana, que no tiene voluntad de paz, no está dispuesta a aceptar, en pos de la defensa de sus intereses de clase. Esta realidad es la que definirá, en última instancia, los propósitos de la declaración citada y las esperanzas de un pueblo. La historia social de Colombia registra muchas páginas que ilustran al respecto.

La oligarquía colombiana, apoyada en los aparatos represivos del Estado, ha convertido cada iniciativa de paz en cálculos económicos sobre los mayores ingresos que obtendría si lograba derrotar violenta o políticamente a la insurgencia. Nunca ha visualizado la paz inmersa en un proceso de cambios necesarios para el desarrollo del país, en función de los intereses y necesidades de las mayorías nacionales. Nunca los reaccionarios y los detentores del poder económico arriesgarán su dominación clasista y sus ganancias fabulosas en una mesa de negociación. Nunca se inclinarán ante argumentos de justicia, DD.HH., democracia, patria, etc. Su razón de ser es la bandera de los piratas, que flamea en sus bancos, empresas, fábricas, haciendas y lujosas propiedades.

Nadie puede olvidar que cuando se han desmovilizados contingentes guerrilleros, bajo promesas de paz, reinserción y cambios, siempre se han frustrados tales esperanzas. No se produjeron las transformaciones sociales, económicas, políticas, educacionales y culturales que adornaron las mesas de negociaciones. El pueblo pudo comprobar que lo que se había prometido, a un grupo de soñadores de las bondades y seriedad de los compromisos contraídos por la oligarquía, se convertía en perfeccionamiento y consolidación del modelo social vigente, erigido sobre bases clasistas para profundizar las desigualdades sociales, fortalecer el Estado terrorista, corrupto y excluyente. Estado que no sólo representa los intereses de una minoría, sino que también es utilizado para defender sus intereses de clases, reprimiendo criminalmente a todos los que se rebelen contra su dominación. Este tipo de Estado no puede calificarse de derecho. Está cautivo y monopolizado para proteger a un grupo insignificante. No represente a todo el pueblo colombiano ni al interés de la nación.

Dentro de esta realidad, se realiza el actual quinto intento de paz entre uno de los destacamentos insurgentes y los "representantes" políticos del Estado. Los propósitos de los firmantes del citado comunicado conjunto son, sin duda loables. Pero muchos se preguntan: ¿cual será el desenlace futuro de tales iniciativa? ¿Tales mecanismos conducen realmente a la paz?. Interrogantes absolutamente necesarios y justos cuando se puede comprobar y demostrar que la clase dirigente colombiana ha entendido los anteriores procesos de paz como oportunidades para derrotar a la insurgencia en la mesa de negociación. Si en este quinto intento de paz actúa con ese tradicional objetivo, se estaría frente a una nueva falacia de la oligarquía para derrotar políticamente a la guerrilla, ante su fracaso de lograrlo por las armas. Además, lograría aplastar, frustrar, las esperanzas del pueblo colombiano.

LOS ENEMIGOS DE LA PAZ SON PODEROSOS

Los enemigos reales de la paz son fuertes. Cuentan con poderosos aliados. Junto a ellos se agrupan todos los que se benefician y usufructúan del sistema actual: Narcotraficantes, militares, políticos, funcionarios corruptos, paramilitares; barones electorales, terratenientes, altos industriales y comerciantes. Todos hacen causa común en contra de los esfuerzos de paz y se oponen a que tal proceso signifique justicia social o que se traduzca en una modificación de las estructuras clasistas del sistema, que perpetúa viejos privilegios. Frente a este enemigo es necesario estimular, organizar y desarrollar la participación popular, abrir nuevos espacios de lucha para quienes están dispuestos a sumarse a las trincheras de los que defienden legítimas esperanzas y reivindicaciones del pueblo.

En Colombia se expresan diferentes factores que proyectan el proceso en dirección contraria a los esfuerzos de una salida política a la situación de guerra imperante. Analizarlos, permite una mejor comprensión del proceso colombiano y una mejor fundamentación para dar respuestas a los interrogantes señalados.

El Estado se prepara permanentemente más para la guerra que para la paz. Desarrolla una desenfrenada carrera armamentista. Millones de dólares para los militares son invertidos en fortalecen la maquinaria de la muerte. La adquisición de armamentos y pertrechos militares modernos, consumen gran parte del presupuesto estatal, mientras las carencias de servicios educacionales y de salubridad marginan a miles de pobres de recibir mínimos beneficios. El objetivo principal de quienes controlan el Estado es todo para la guerra. Así, el Congreso legisla para la guerra aprobando presupuestos y toda clase de medidas que consoliden el estado de guerra. Al mismo tiempo, por ejemplo, es incapaz de aprobar una ley de canje de prisioneros de guerra, que facilitaría las condiciones para impulsar el proceso de paz en desarrollo.

Este grupo hegemónico, a pesar de estar consciente de la crisis que afecta al país, no sólo es incapaz de levantar propuestas y de impulsar iniciativas que se traduzcan en un plan nacional para superar la situación existente, sino que, además, rechaza cualquier iniciativa que atente contra sus intereses de minoría inscrustada en el poder, mientras se inclinan reverentes ante las determinaciones de EE.UU., que aceptan sin condicionamiento u oposición. Se asiste al espectáculo indigno e incomprensible de que todas las propuestas de miles de proyectos alternativos, presentados por instituciones de la sociedad civil y organismos internacionales, en las más diversas esferas (economía, desarrollo, medio ambiente, democratización, etc) son sistemáticamente desestimados por la elite que controla el Estado. El mismo rechazo se expresa a las propuestas de la insurgencia. En efecto, históricamente, desde el mismo instante de su nacimiento, las organizaciones insurgentes han planteado alternativas de solución a los más diversos problemas y conflictos sociales (tenencia de la tierra, modelo económico, facultades de los organismos de representación, sistema de gobierno, régimen político, etc). Todo lo que no provenga del círculo que disfruta de las prebendas del poder, ha sido rechazado. Por eso, la realidad se expresa en una conclusión evidente: la burguesía colombiana es antidemocrática, excluyente y carente de todo interés por solucionar los problemas nacionales. Y, en relación a la paz, son partidarios de la guerra porque ésta les da mayores dividendos económicos y acrecienta su poder.

La guerra convencional que realiza el Estado está implementada con características marcadas de "guerra sucia" y de asesinatos selectivos de dirigentes y militantes de las organizaciones contrarias al sistema de dominación. A tales propósitos se adaptan estrategia y estructuras de las instituciones castrenses, pero conservando sus características de ser uno de los aparatos del Estado más corruptos, cuyos asesinos y violadores de los DD.HH. están protegidos, no sólo por una impunidad que nace de los dependencias de un poder judicial, también corrupto, que aplica leyes clasistas para encubrir el crimen organizado de los militares, sino también por el terror que someten a la población. El terror silencia denuncias. Muchos no se atreven a denunciar porque si lo hacen, arriesgan sus vidas.

El Estado, ante la incapacidad y fracaso de derrotar mediante métodos convencionales de enfrentamientos armados, recurre a la guerra sucia. Los mandos militares ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las escuelas y manuales del Pentágono Promueven, organizan y adiestran fuerzas paramilitares y logran parte de su financiamiento operativo con los aportes de las bandas de narcotraficante. Operaciones realizadas con precauciones para lograr la apariencia que esos grupos de asesinos son organizaciones independientes del mando militar. Estos aspectos de la guerra sucia son un pálido reflejo de un Estado que, bajo la apariencia de estar determinado por una legalidad democrática, ejecuta acciones propias de delincuente que goza de su autoproclamada impunidad. A partir de estas falacias, se construyen imágenes publicitarias y estadísticas elaboradas por beneficiados del sistema que buscan distorsionar la verdad respecto a las violaciones de los DD.HH. Sus manipulados antecedentes señalan que los paramilitares son los principales violadores, a continuación estaría la guerrilla y, por último, los militares. Lo sucio de la guerra está determinado por la doble moral de quienes tienen el control de los aparatos del Estado. Es la doble moral del Estado que obra como delincuente y cómplice al promoverá el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente, dirigida y articulada a la estrategia de guerra de sus aparatos castrenses.

LOS FRENTES CRIMINALES Y EL IMPERIO

Las FF.AA son principales opositores a una solución del conflicto armado. Su capacidad de maniobra contra el proceso de paz se mantiene íntegro. Sobrepasan toda determinación del Ejecutivo que atente contra con su posición guerrerista, opositora a cualquier cambio. Mediante falsos informes sobre las actividades de las organizaciones insurgentes en la zona de despeje, justifican operativos contra civiles, realizan campañas por una confrontación militar más aguda, intensifican la "guerra sucia" y aumentan su colaboración con las organizaciones paramilitares .Sus determinaciones influyen decisivamente en los grupos que controlan los restantes aparatos del Estado. Las cúpulas castrense, desde los regimientos, planifican el asesinato selectivo, considerando los efectos políticos e incidencia en el proceso de paz. Para realizar sus planes guerrerista han creado una estructura militar paralela (clandestina), compuesta por oficiales encargados de dirigir e impulsar la guerra sucia, el paramilitarismo, los asesinatos selectivos y la represión a muerte a cualquier manifestación de oposición. Todo ello lo ejecutan gracias a sus 3 frentes criminales. El primero, el paramilitarismo, con accionar en el campo y áreas suburbanas, dirigidos por Carlos Castaño, coordinado con los mandos de las fuerza pública en cada región. Los Paramilitares son los encargados de asesinar a la población campesina y desalojarlos de los lugares donde viven por simpatizar con los objetivos de lucha insurgente.

El segundo aparato de exterminio lo conforman Los Escuadrones de la Muerte. Operan en los centros urbanos, dirigidos por oficialidad en retiro. Cuentan con el apoyo de los militares de la zona con apoyo en los cuarteles y con cuerpos especializados de sicarios encargados de asesinar los dirigentes populares, de izquierda e intelectuales. Y, el tercer y más importante bastión de los criminales lo conforman Las Fuerzas Armadas, financiadas por el Estado, la ayuda y los préstamos de los Estados Unidos y con el dinero del narcotráfico.

La intervención militar norteamericana en el conflicto colombiano es algo absolutamente comprobada. Además, sus "expertos" son los que elaboran y dirigen la estrategia que tratan de desarrollar las Fuerzas Armadas, para justificar una intervención foránea. Algunos de los elementos de esta estrategia son:

Asociar el conflicto político-militar colombiano con el problema del narcotráfico; tolerar el narcoparamilitarismo como mal necesario; Identificar el conflicto colombiano como un peligro a la seguridad de EE.UU. y como foco de contaminación de los países de la región, por lo cual éstos debieran conformar una fuerza militar de intervención para defender así la seguridad de la zona.

Las consecuencias de una política oficial de todo para la guerra provoca una situación económica y social desastrosa para el pueblo: destruye la familia, desarraiga a comunidades campesinas enteras, divide y dispersa a la sociedad, generaliza la violencia a todos los planos de la de las manifestaciones humanas.

Esta crisis se agrava día a día. Todo se trastoca y adquiere relieves que parecen irreversibles, dado que la actividad que más fuerza "laboral" ocupa es la guerra. Así, mientras en los sectores populares aumenta la violencia, en la clase dominante se institucionaliza la corrupción, el robo, la usura, la venta ignominiosa de las riquezas naturales, productivas y de servicios a la banca transnacional y a las multinacionales controladas por el capital norteamericano.

CONSOLIDAR LUCHA CONJUNTA

En Colombia hace muchos años ha sido asesinada la oposición civil y la única oposición posible a esa política de exterminio es la armada. Además, el movimiento guerrillero es, indiscutiblemente, una fuerza en la vida política de Colombia, por lo cual, está en condiciones de impulsar una solución política y si fracasa ésta por la acción de los partidarios de la guerra, sería capaz de seguir la lucha armada con claras perspectivas de vencer. La realidad no puede ser ocultada. Pastrana no tiene un planteamiento claro de diálogo y búsqueda de un proceso de negociación con el conjunto del movimientos insurgentes. Ha iniciado un proceso con las FARC-EP, pero mantiene una actitud negativa en relación a incluir en el mismo proceso al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tampoco ha dado respuesta a la propuesta de diálogo que ha formulado el Ejército Popular de Liberación de Carabayo. Intenta establecer escenarios diferenciados con los distintos grupos guerrilleros, cada uno por su lado, con el fin de manipular, de generar contradicciones en la insurgencia, pretende identificar el tema de la paz con la sustitución de cultivos ilegales -coca y amapola- como elemento principal de una posible política alternativa de "cambios". Para enfrentar con éxito estas y otras maniobras está la presencia de parte del movimiento guerrillero en la negociación, pero también se debe contar con la presencia del pueblo en la calle exigiendo reivindicaciones y cambios democráticas en el país. Sin el pueblo en la calle y sin un movimiento armado fuerte, no habrá paz en Colombia. El pueblo colombiano tiene ante si la tarea ineludible de luchar por la ampliación de los escenarios de negociación establecidos. Estos no se pueden reducir a parcelas donde las cosas pudieran ser manejables por los tradicionales enemigos y asesinos del pueblo. Entre las organizaciones populares y el movimiento guerrillero hay elementos plenamente coincidentes. En efecto, el movimiento insurgente, de hoy y de ayer, ha luchado, siempre, por las reivindicaciones pueblo y de los trabajadores. Sus actuales postulados de cambios revolucionario son coincidentes con las reivindicaciones del movimiento popular. Tales coincidencias son la principal herramienta para frenar los intentos del gobierno de Pastrana de estimular diferencias e instrumentalizarlas para colocar a movimiento guerrillero contra movimiento guerrillero, y a éstos contra el movimiento popular.

El movimiento guerrillero y el pueblo colombiano deben consolidar su quehacer conjunto en la lucha por la paz democrática, expresada como camino a la conquista de justicia social con igualdad para el pueblo. Es decir, sobre la base de que si no se consideran el tema social y el cambio modelo económico en la negociación, no podrá avanzar el proceso de paz . Ante tal fracaso se clarifica más el horizonte de la lucha revolucionaria.

From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.i
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