Pensamiento fascista del emulo de Pinochet

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 16 de Noviembre, 1999. CHILE: "Pensamiento fascista del emulo de Pinochet". Por Sergio Ramírez.

En un discurso típicamente dictatorial, similar a todas las intervenciones públicas del ex dictador Pinochet, el general Ricardo Izurieta, Comandante en Jefe del Ejército, rechazó la "nueva interpretación" de la Ley de Amnistía, se declaró solidario con los oficiales procesados por violaciones a los DD. HH., calificó la detención de Pinochet de injusta y declaró cerrado todo camino legal para obtener su libertad. Mientras que el gobierno y los candidatos Lagos y Lavín enfatizaban su subordinación al pinochetismo militarista.

Ricardo Izurieta, una vez más, incursionó no sólo en el escenario político sino que también en el judicial, violando preceptos legales con sus críticas a las resoluciones judiciales de detención y procesamiento de varios oficiales en retiro. Sus afirmaciones "deliberante" la hizo en la Academia de Historia Militar. Fue el discurso con mayor contenido político que haya expresado desde que reemplazara a Pinochet en el mando castrense. Así, al referirse a la detención de oficiales en retiro, Izurieta criticó la "nueva" interpretación de la ley de amnistía, refiriéndose a la aplicación de la figura del secuestro permanente, determinada en los crímenes cometidos por los integrantes de la Caravana de la Muerte, por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, quien investiga las casi 50 querellas criminales en contra del ex dictador. Izurieta es partidario de la no sólo aplicación irrestricta de la ley de impunidad, sino más allá de esos preceptos impuesta por la dictadura cuando él era una importante figura del régimen militar. Sus declaraciones amenazantes y descalificadoras tienen la misma connotación del pensamiento de la dictadura castrense de poseer el derecho de asesinar, torturar, hacer desaparecer, a cuidadanos, calificados como el "enemigo interno", por luchar por la instauración y vigencia de la democracia.

EMULO DEL CHACAL DEL MAPOCHO

Izurieta no ha cambiado. Piensa y actúa como la cúpula castrense (de la que formó parte) que asaltó el poder, destruyó la democracia y reprimió criminalmente a un pueblo indefenso. Su pensamiento actual es que los autores de esos crímenes de lesa humanidad no deben ser castigados. Para ello recurrió a argumentos antihistóricos. Dijo: "No nos parece aceptable caer en la tentación de juzgarlos por hechos acaecidos en un contexto en que imperaba la lógica de la guerra y el odio impuesto por los enemigos de Chile". La verdad de lo ocurrido a partir del 11 de septiembre de 1973 es un tapabocas a todos los que han utilizado los argumentos, que ahora repite Izurieta. Las FF. AA, por determinación de sus mandos superiores, declararon la guerra al pueblo. Su odio biológico a la democracia los impulsó a cometer los crímenes más brutales que mente humana puede imaginar. Ellos fueron "los enemigos de Chile" al destruir su expresión democrática y de defensa de intereses y riquezas nacionales, para imponer una dictadura y un sistema económico, que entregó el patrimonio nacional a grupos económicos nativos y transnacionales.

El émulo del Chacal del Mapocho solidariza y defiende a los violadores de los DD. HH. Proclamándose dueño de la verdad jurídica y vocero de la impunidad, dijo: "Hoy tenemos un importante número de camaradas de armas sometidos a procesos judiciales, producto de una nueva interpretación por parte de algunos magistrados de la legislación vigente, la que no se compadece con el espíritu con que efectivamente esta fue originalmente concebida". La verdad no puede ser ocultada por esas falacias. Pinochet y el mando militar, del cual formaba parte Izurieta, con su ley de impunidad aspiraban a legalizar el derecho a asesinar. Ahora, contrariado por el "desfile militar ante los tribunales", Izurieta asume la vocería de asesinos y condena sus actuales procesamientos por ser producto exclusivo, dice, de "una campaña comunicacional que por años ha sido llevada a cabo en el ámbito nacional e internacional, destinada a desperfilar o destruir la obra del gobierno militar". Cree que con tal infantil y mediocre argumento puede lograr hacer desaparecer la realidad terrorífica de 17 años de dictadura.

Desde junio del presente año han sido procesados y detenidos cinco generales (r): Humberto Gordon y Arturo Álvarez, por el asesinato de Tucapel Jiménez; Sergio Arellano Stark, por los crímenes cometidos por la Caravana de Muerte; Hugo Salas Wenzel y Humberto Leiva, por la muertes de la Operación Albania. El general Izurieta declaró su solidaridad y lealtad con ellos. Rechazó los procesos que les afectan, porque "cuesta calificar la intencionalidad que existe detrás de ello". Además, en una de las frases que resume más concretamente su tradición golpista, señaló: "El desfile de militares ante los tribunales ha causado en nuestras tropas y en parte importante de la ciudadanía sentimientos encontrados que no siempre es fácil mantener en los cauces que todos quisiéramos". Al mismo tiempo, develando la estrategia de los mandos castrenses para consolidad la impunidad, reiteró su respaldo a la iniciativa del gobierno y cúpulas de la Concertación de la mesa de diálogo, que encabeza Pérez Yoma y que reúne a representantes de las FF. AA., abogados militantes de los partidos de la Concertación y de otros sectores en la búsqueda de una ley de Punto Final. Pero, junto con destacar la voluntad de su institución de colaborar en la "consolidación de la unidad nacional", puso énfasis en repetir que ella no posee información sobre los detenidos desaparecidos, al decir que no acepta que pongan en duda esa versión, quienes sostienen "sin fundamentos responsablemente informados", que el Ejército poseería datos para encontrar los restos de los detenidos-desaparecidos. Es decir, los asesinos y sus jefes superiores no sólo eran brutales homicidas, sino que también padecían de una especial amnesia: han olvidado donde cavaron fosas para enterrar a sus víctimas.

Como era de esperar, Izurieta rechazó la detención de Pinochet en Londres. La calificó de injusta y definió como una abierta e inaceptable violación a la soberanía nacional y al principio de autodeterminación de los pueblos, así como una situación eminentemente política. Repetía así el viejo y caduco libreto elaborado por el pinochetismo de dentro y fuera de la Concertación, que se ha convertido en el libro de cabecera de la reacción y de los trasvesti de izquierda. Tal rechazo expresa, también, su frustración y perdida de confianza en la acción judicial que han realizado y financiado conjuntamente con el gobierno. ("Debemos ser muy sinceros en reconocer que hemos perdido nuestra confianza en la vía jurídica como una alternativa de solución"). Por lo cual, considera que el único camino con posibilidad de "rescatar" a Pinochet son las gestiones que pueda realizar el gobierno de la Concertación. y los poderes fácticos (la jerarquía católica recientemente se ha sumado oficialmente a solicitar "clemencia" para el genocida).

Izurieta también aseveró que con la detención de Pinochet se ha acrecentado la campaña nacional e internacional destinada a destruir la obra del régimen militar, por lo cual corresponde a la las cúpulas de la Concertación y su gobierno no sólo la tarea de traer a "casa" al genocida sino, también, defender y consolidad aún más "la "obra" de la dictadura. La orden está dada.

SE INCLINAN CADA VEZ MÁS REVERENTES

Ante las declaraciones sediciosas de Izurieta, las cúpulas políticas del Gobierno y de la Concertación, tradicionalmente subordinadas al mando militar, trataron de minimizar sus amenazas con actitudes conciliadoras y declaraciones formales, que representan la determinación de continuar aceptando el "rol tutelar de las FF. AA". en el futuro, si ganan la elección presidencial con Lagos. En efecto, la bancada parlamentaria del PS pidió al ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, citar a Izurieta "para hacerle ver que está entrometiéndose en las decisiones de un poder del Estado y poniendo en riesgo su institucionalidad", como si el émulo de Pinochet no estuviera consciente de lo que realiza desde que asumió el mando castrense.

En efecto, cada una de las intervenciones públicas de Izurieta han tenido una clara connotación política. Así ocurrió, por ejemplo, el 7 de junio, durante la conmemoración de la Toma del Morro de Arica. Entonces demandó "un juicio a los causantes de la crisis política que originó la intervención de las FF. AA en 1973". El gobierno guardó silencio. Tal postura fue una muestra más de la subordinación del gobierno de la Concertación y de la debilidad del entonces ministro de Defensa, José Florencio Guzmán (DC). Las palabras de Izurieta terminaron por crear un clima insostenible para la permanencia de Guzmán en el cargo. Dos semanas después, Guzmán fue sustituido por Edmundo Pérez Yoma, conocido por su incondicionalidad al mando militar. Su regreso a Defensa sería un "reordenamiento" que impediría nuevas declaraciones de los mandos castrenses fuera de los "conductos regulares". Fue una reacción inconsecuente y timorata, dado que su discurso en el citado aniversario de la Toma del Morro de Arica fue interpretado, en esa oportunidad, como una evidente y clara intervención política y acusado por algunos personeros de la Concertación de "deliberación", sin que su gobierno adoptara ninguna clase de medida, ni siquiera una simples amonestación. Ahora, ante sus recientes nuevas afirmaciones, ni siquiera las califican de deliberaciones.

Al contrario, se inclinan más reverentes. En efecto, como el ministro de Defensa se encontraba en Washington, negociando la compra de aviones para la FACH, el vocero del Gobierno para responder a Izurieta fue el ministros del Interior, Raúl Troncoso (DC), que justificó las amenazas y la actuación politiquera de Izurieta, sosteniendo: "Las declaraciones no son nada nuevo en relación con lo que ha venido diciendo desde un comienzo en el tema del general (R) Pinochet, de tal manera que sabemos que expresa el sentir del Ejército".

Los candidatos Lagos y Lavín mantuvieron sus conocidas postura sobre los violadores de los DD. HH. El presidenciable de la derecha y el pinochetismo, Joaquín Lavín, reiteró que los tribunales "deben trabajar libremente". Mientras que Ricardo Lagos, que había sido más crítico con Izurieta a raíz de su discurso de Arica al calificar sus afirmaciones como "inadecuadas y delicadas" y que eran "no propias de un oficial de las FF. AA ya que debemos tener sumo cuidado en emitir opiniones que pudieran tener connotación política", ahora, sólo dijo: "En mi gobierno voy a garantizar a los tribunales que pueden trabajar tranquilamente". Así, los gemelos "La-La" aceptan la "cancha rayada" por la ley de impunidad y el rol tutelar de las FF. AA., mientras emulan fraternalmente con promesas en el Mercado Persa electoral.

PRONTUARIO DE UN "HOMBRE" DE PINOCHET

El sometimiento a proceso del ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), mayor general (R) Hugo Salas Wenzel, por 12 homicidios y 7 secuestros en el marco de la llamada Operación Albania, es rechazado por Izurieta. Por eso, actualizando aspectos de la realidad dictatorial, se puede afirmar que protege a un responsable directos de crímenes, torturas y desapariciones. En efecto, el empleo sistemático del terrorismo de Estado para imponer un régimen dictatorial, se vio incrementado bajo la conducción de Salas Wenzel de la CNI. El Informe Rettig, registra su período de jefe del organismo represivo como una etapa en que recrudeció la violación de los DD. HH. En el lapso que Salas Wenzel ocupó la dirección de la CNI (octubre de 1986 y noviembre de 1988), se cometieron numerosos crímenes, que retratan bien el nivel de culpabilidad de unos de los "hombres" de Pinochet. Cito algunos de ellos, que demuestran también el significado real de la actitud cómplice de Izurieta.

El 8 de diciembre de 1986, fue asesinado Marcelino Marchandón Valenzuela (PC), Detenido en la vía pública por efectivos de la CNI. Fue acribillado y se trató de hacer aparecer su asesinato, como resultado de un ataque "terrorista"al cuartel del organismo represivo. Entre los días 15 y 16 de junio de 1987, agentes de la CNI y de Carabineros e Investigaciones realizaron la Operación Albania (Matanza de Corpus Cristi). Son muertos 12 militantes del FPMR. Las bandas represivas de la dupla Pinochet-Salas Wenzel asesinaron a los rodriguistas: Ignacio Valenzuela, Patricio Acosta Castro, Juan Henríquez Araya, Wilson Henríquez Gallegos, Julio Guerra, Esther Cabrera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, Ricardo Rivera, Ricardo Silva, Manuel Valencia y José Valenzuela Levy. Como justificación de tales latrocinios, Hugo Salas Wenzel trató de presentarlo como "enfrentamientos".

La justicia ha demostrado la falsedad de tal afirmación y determinó sea procesado Salas Wenzel y demás asesinos de la operación. Pero, éstos no son los únicos delitos que registra su prontuario criminal. Hay más antecedentes.

En septiembre de 1987 fue secuestrado el coronel Carlos Carreño, ingeniero de FAMAE. La CNI organizó una serie de operativos para asesinar a sus autores. Entre los días 9 y 10 de ese mes fueron detenidos José Peña Maltés, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Gonzalo Fuenzalida Navarrete, todos integrantes del FPMR. Sus detenciones fueron negadas por la jefatura de la CNI, pese a que varias de ellas fueron corroboradas por testigos. A contar de la fecha de detención, los 5 se encuentran desaparecidos. Posteriormente, testigos que los vieron certifican que estuvieron detenidos en el cuartel de la CNI de calle Borgoño, desde donde fueron trasladados con destino desconocido.

Revelaciones de ex agentes del organismo y certificaciones notariales, indican que habrían sido trasladados en helicóptero, mar adentro frente a Valparaíso y lanzados al océano, después de ser drogados y aún con vida.

Mientras que el 19 de enero de 1988, agentes de la CNI asesinaron a Juan Carlos Hernández Alarcón, militante del FPMR. Su cuerpo fue hallado en un canal de la parcela El Nogal, de Maipú. El 14 de noviembre de 1989 fue detenido por agentes de la CNI, en la población Herminda de la Victoria (Cerro Navia), Héctor Segundo Pacheco Avendaño, integrante de un comité de base de DD. HH. de la Capilla Nuestra Señora de la Esperanza. Desde su detención se encuentra desaparecido. Impedir castigo a los autores de estos y otros miles de crímenes explican las intervención política de Izurieta.

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