En las garras del pinochetismo militarista

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 25 de Octubre, 1999. En las garras del pinochetismo militarista, por Sergio Ramírez.

Tras la activación por los voceros de la derecha de una amplia gama de acciones destinadas al "rescate" de Pinochet de la justicia británica y española, comienzan a delinearse la participación abierta del llamado "partido militar" en los escenarios de la política chilena. Pese a tal denominación, no se trata exactamente del surgimiento de una nueva tienda política constituida exclusivamente por quienes visten uniforme. Allí también se alinean connotados personeros de dentro y fuera de la Concertación, que fueron actores en la generación del clima y desestabilización que propició el golpe de 1973 y que, posteriormente, actuaron como cómplices y defensores de la dictadura.

Ante la detención del general (r) Humberto Gordon, ex jefe de la CNI e integrante de la Junta, involucrado como cómplice en el asesinato de Tucapel Jiménez, Rodolfo Stange, general retirado, encubridor de asesinos, ahora senador, amenaza que la acción de la justicia provocará "malestar" en las FF.AA. En la misma línea, las declaraciones de Izurieta, del almirante (r) Martínez Bush, la carta enviada a Zaldívar por Pinochet, etc. definen características de la nueva asonada militarista en desarrollo que, también, se manifiesta en encuentros de uniformados con parlamentarios en torno a la posibilidad de canjear información acerca del destino de los detenidos desaparecidos, por garantías de impunidad y el pronto retorno de Pinochet. En este cuadro se inserta la mesa de diálogo, convocada por el gobierno y con el apoyo de Pinochet. Otorgado luego de la visita de Izurieta a Londres. Pero no se trata de una maniobra nacida en tal oportunidad. Tiene como origen el encuentro sostenido en El Escorial, en España (1996), entre oficiales castrenses y dirigentes del PS (Lagos, Escalona y Gazmuri), para diseñar en secreto los destinos de la transición y las violaciones a los DD.HH.

Las exigencias castrense, ante la detención de Pinochet y el "desfile de generales" por los tribunales, de una fórmula de punto final pasó a ser orden del día en los institutos armados. Para alcanzar estos objetivos recurren a todo. Sus puntos estratégicos son: la mesa de diálogo; los ex uniformados, organizados en el Centro de Generales en Retiro y la agrupación Chile mi Patria; los civiles, agrupados en la Fundación Pinochet y Corporación 11 de Septiembre; los grupos paramilitares: Patria y Libertad, y Fuerzas Anti Revolucionarias (FAR). Mientras que, en el plano comunicacional, mediante la difusión de informaciones oficiales y trascendidos, ejercen presión sobre las cúpulas del oficialismo. Los detonantes de tal situación han sido la detención de Pinochet, la aceleración de procesos como el del de Tucapel Jiménez, Caravana de la Muerte y Operación Albania, entre otros, que contribuyeron a develar el verdadero rostro del general Izurieta, destrozando la máscara de profesionalismo, prescindencia política y del tema de los DD.HH.,con que lo habían encubierto el gobierno y la Concertación inconsecuente. Además, Izurieta se propuso lograr el cierre definitivo del "tema" de DD.HH., ante el posible cambio en el escenario político que se produciría con un nuevo Presidente. Le inquieta el distanciamiento que aparenta establecer Lavín con la dictadura de las FF.AA. y las probabilidades de que Lagos, cuya "ambigüedad no les ofrecería garantías", sea el vencedor.

El brigadier general Juan Carlos Salgado es el vocero de las posiciones de Pinochet y del Ejército respecto al tema de DD.HH. El propio Ejército se encargó de precisar que su presencia en la "mesa", no debe interpretarse como una dejación de su misión en el caso Pinochet. Es el oficial, designado por Izurieta, como enlace entre el Ejército y el tirano. Su misión principal es imponer en la mesa el criterio de legislar en el sentido de que una ley facilitaría la entrega de información sobre violaciones de DD.HH cometidas por uniformados, a cambio de garantizar la no identificación de los informantes y que no sean sometidos a proceso alguno, si participaron en los asesinatos y desapariciones. Es decir, el objetivo de las negociaciones es la entrega del paradero de los restos de algunos detenidos desaparecidos, a juicio de los militares lo único transable, a cambio de la aplicación irrestricta de la ley de amnistía. Y, finalmente, una interpretación de los sucesos que dieron origen al golpe de Estado, de acuerdo a las mentiras, tergiversaciones y deformaciones, difundidas durante los años de dictadura, confirmando la fraudulenta versión histórica del pinochetismo. Así se determinaría juicio y condena al gobierno de Salvador Allende.

LOS POSTAESTANDARTES DEL FASCISMO

Un importante rol han desempeñado los generales en retiro en la militarización de la política. Concurrieron a los tribunales de justicia en apoyo a ex uniformados procesados por el asesinato de Tucapel Jiménez, y han agredido a familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. La agrupación que formaron ha desarrollado una intensa actividad, que ha marcado presencia en la escena política. Así, durante la conmemoración del golpe de Estado en el Club Militar de Lo Curro, Fernando Paredes subrayó sus aspiración de que pronto "podamos unirnos en un abrazo fraterno, los soldados de ayer y de hoy para celebrar sin ninguna ausencia, el retorno a la tierra que vio nacer al comandante en jefe". Agregó que esperaban reunirse con aquellos oficiales que se encuentran detenidos "por el único delito de haber combatido con éxito las huestes marxistas" y destacó las medidas adoptadas por Izurieta para difundir el origen del golpe de Estado de 1973.

Otro elemento básico en la operación impulsada por el Ejército y las FF.AA. son los grupos terroristas de ultraderecha. Compuestos por ex integrantes de la DINA, CNI y de Patria y Libertad (PyL), tienen la misión de desarrollar una campaña de terror, para presionar al "mundo civil", en las negociaciones tras la impunidad definitiva. Así lo demuestran las acciones terroristas ocurridas las últimas semanas. Además, quienes pertenecieron a los órganos represivos de la dictadura mantienen estructuras terroristas con una poderosa capacidad operativa, armamentos, dinero y una vasta red de apoyo. Así se demuestra en el quehacer de Alvaro Corbalán, ex jefe de operaciones de la CNI, ex agentes de la CNI y ex integrantes de Patria y Libertad, vinculado en la actualidad al movimiento Fuerza Antirrevolucionaria (FAR), un grupo paramilitar integrado por agentes de ex-organismos de seguridad de la dictadura.

Una completa operación comunicacional preparó el escenario para las negociaciones que dieron origen a la mesa de diálogo. El Ejército planteó que se acuartelaría y sus voceros declararon que no pueden dar garantías de que no se produzca algún desbande de uniformados. Además, agregaron: "si tensionan mucho el elástico éste se puede cortar", refiriéndose al supuesto acoso de que serían objeto los militares. A este clima se sumó el lanzamiento del libro "El 11 en la mira de un Hawker Hunter", de Mario López, general (R) de la FACH. En él, además de describir de la operación aérea de bombardeo de la Moneda, plantea amenazas. Dice: "Cada vez que vuelvan a ser ensuciados los baños, las FF.AA volverán a limpiar todo". Declaraciones en el mismo sentido formuló el almirante (R) Jorge Martínez, actual senador designado, al precisar que la amenaza marxista estaba latente y que de ser necesario las FF.AA. tendrían que volver a intervenir.

LA POLÍTICA DEL AVESTRUZ

Ante la embestida sediciosa, el gobierno imita a la avestruz que esconde su cabeza, dejando su cuerpo al descubierto, para no ver a sus enemigo. En la agenda de la reunión de los ministros del comité político (19.10) estaba la detención de 4 miembros del Ejército, incluido el coronel en servicio Carlos de la Parra, por realizar manifestaciones violentas frente a la embajada de Gran Bretaña y de apoyo a Pinochet. Troncoso, ministro del Interior (DC), planteó la necesidad de bajar el perfil del caso, que los ministros no hicieran declaraciones públicas y que fueran el Ejército y el Ministerio de Defensa los encargados de dar una versión oficial. Hasta la fecha nadie ha explicado los hechos, a pesar de que Insulza manifestara que los militares "estaban deliberando", y que: "...no deben participar en manifestaciones, pues se sientan precedentes que no corresponden". Curiosa forma de escamotear la verdad. Los militares, desde el nacimiento de sus instituciones, han participado en política y han deliberado permanentemente, estableciendo precedentes que se remontan al nacimiento de Chile como nación. Proceso que logró su culminación a partir del golpe militar de 1973.

La actitud del gobierno se explica por su defensa de Pinochet. En efecto, la tesis inicial fue que una posición dura del Gobierno frente al Ejército puede ayudar a fortalecer los reclamos de Chile ante España y Gran Bretaña, sobre la situación de detención y proceso a Pinochet. Pero, se quedó sólo en los pensamientos. Ha guardado silencio cómplice ante la determinación del Ejército de no sancionar a los militares detenidos. Hecho que revela que Izurieta, tiene, como único objetivo y mandato del pinochetismo fascista. defender a los autores de crímenes de lesa humanidad. En efecto, a pesar de que en marzo pasado envió a todas las unidades del país un comunicado instruyendo al personal a no participar en manifestaciones públicas y políticas -lo que también indica el reglamento de disciplina de las FF.AA.-, la detención de los uniformados que protestaban durante el aniversario de la detención del tirano, unido a que bajo un marco estrictamente legal tal acción debió ser investigada por la rama castrense pues se trata de una infracción al reglamento de disciplina (el cual establece diferentes sanciones), y al envío de un documento de carácter reservado en el cual autoriza al personal a asistir a la manifestación del 16 de octubre, en tenida de civil, avalan la veracidad de lo afirmado respecto del rol del Comandante en Jefe del Ejército, que en última instancia ha comunicado que él no investiga el caso ni asigna gravedad al hecho. Frente a la insubordinada decisión, el gobierno ha actuado con ambigüedad, creyendo así. esquivar "con decoro" la responsabilidad de exigir sanción a los violadores de normas constitucionales e institucionales. En cambio, la respuesta de Izurieta fue prepotente y descalificadora. Al reunir a todos los militares que tienen "mando de tropa", el comandante en jefe del Ejército dijo respecto de las acusaciones de deliberación y peticiones de baja a los oficiales detenidos que "contradictoriamente, quienes precisamente pretenden recordarnos nuestros deberes y obligaciones militares, observan conductas y actitudes de hostigamiento e interferencia hacia el Ejército y sus integrantes, sin reparar el efecto que tal proceder puede originar al interior de la institución y en su relación con la sociedad".

De acuerdo a los antecedentes de la realidad, en Chile no hay estado de derecho. Es el único país que después de una dictadura aplica la misma Constitución dictatorial y los gobernantes, aliados con los victimarios, buscan consagrar la impunidad definitiva de los criminales, dentro y fuera de sus fronteras. Mientras que las FF.AA. pretenden mantener un rol tutelar respecto de la sociedad sin subordinarse al poder civil, ni consideran prioritaria la defensa de la soberanía nacional ante la voracidad de las transnacionales: En cambio disponen su capacidad represiva contra el pueblo, a quien identifica como su "enemigo interno". Al mismo tiempo que Ricardo Izurieta proclama su defensa de "la obra y prestigio del gobierno militar... que salvó a Chile del marxismo y del caos" y quiere convencer que el destino del Ejército depende de la libertad de Pinochet, todas las pruebas señalan que el golpe de estado fue el desenlace de una conspiración dirigida y financiada por EE.UU. Y, que los las violaciones a los DD.HH., los crímenes contra la humanidad, fueron cometidos por determinación institucional y de Estado, bajo la administración de Pinochet. Por lo cual, la instalación hoy de una "mesa de diálogo" en torno al tema de DD.HH., en la que participan representantes de los Altos Mandos castrenses, junto al gobierno y representantes de la Concertación es, en realidad, un intento de bloquear los avances de la justicia expresados en la detención de Pinochet y en los procesos en Chile a otros altos oficiales responsables o cómplices de crímenes viles.

PARTE DE LA HISTORIA NEGRA

Parte de la historia negra del período dictatorial comienza a salir a la luz pública. El cónsul de Chile en Londres, Eugenio Parada (PS), entregó a Pinochet, el exhorto enviado por el juez Juan Guzmán, quien investiga los hechos denunciados en 45 demandas criminales por centenares de crímenes ordenados cometer por el Chacal del Mapocho. El documento contiene una serie de preguntas acerca del conocimiento y participación que de esos hechos tenía el entonces dictador. Dispone de 30 días (a contar del 21.10) para responder el cuestionario de 20 preguntas (de un total de casi 200 que abarcan los antecedentes de todas las demandas presentadas). Cito algunas: 1. ¿Es cierto que mandató al general (R) Sergio Arellano Stark en 1973 y en qué consistían dichas órdenes para trasladarse a través de todo el país?. 2.- ¿Es efectiva la afirmación del general (R) Gustavo Leigh, en el sentido de que la Dina dependía formalmente de la Junta Militar, pero en los hechos dependía de usted?. 3.- ¿Es cierto que de acuerdo a lo afirmado por el general (R) Manuel Contreras, usted estaba enterado de todo lo que hacía la Dina y daba las órdenes?. 4.- Diga si es efectivo que usted se reunía a diario con el general (R) Manuel Contreras. 5.- Diga si sabía usted de la existencia de dos listas que incluyen a 119 personas detenidas desaparecidas (conocida como Operación Colombo) en julio de 1975.

Los pinochetista, de dentro y fuera de la Concertación, redoblan sus esfuerzo en defensa del Chacal. Su abogados presentaron un recurso de hábeas corpus ante la High Court, alegando el arresto ilegal de su cliente en Londres, el 16 de octubre de 1998. Esta apelación comenzaría a revisarse en alguna de las salas de la High Court a fines de noviembre. Originalmente, los abogados ingleses habían previsto interponer el recurso de amparo una semana antes. Sin embargo, por petición del gobierno de Frei a Pinochet y al ejército se decidió posponerlo hasta que se cumplían los 15 días que demora el gobierno británico en ejecutoriar una sentencia, en este caso la del juicio de extradición dictada por Bartle. El gobierno de la Concertación esperaba que antes de tal plazo el ministro Straw accediera a su solicitud de "clemencia" y mandara "a casa" al más grande, brutal y despiadado asesino que registran los anuarios históricos de Chile.

La desesperada defensa jurídica de Pinochet pretende demostrar que "existió mala fe y razones políticas" en el arresto de Pinochet, al tiempo de insistir en que los tribunales españoles no "tienen jurisdicción" para juzgarle. Mientras que el gobierno concertado seguirá implorando "razones humanitarias", según aseguró el canciller Juan Gabriel Valdés (PS).

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