Lucha contra los que intentan ser sepultureros de su raza

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 31 de Agosto, 1999. CHILE: LUCHA CONTRA LOS QUE INTENTAN SER SEPULTUREROS DE SU RAZA. Por Sergio Ramírez.

En el último tiempo se ha desarrollado una serie de movilizaciones del pueblo mapuche. Cada una con características propias y distintos métodos de lucha, pero unidas por una ideal común: defender identidad, derechos y supervivencia, frente a un sistema que busca convertirse en el sepulturero de una raza. La acción represiva del Estado y de las empresas forestales es la punta de lanza de este nuevo intento de etnocidio en marcha.

En este proceso de movilización, el pueblo mapuche se confronta con las políticas de un Estado opresor y con las empresas forestales. Estas, en los hechos, han invadido y ocupado su territorio ancestral. Se han convertido en sus "propietarios" mediante la usurpación "legal" (robo de esas tierras) o el aprovechamiento de las usurpadas por el Estado, hoy en poder de empresas forestales foráneas, que con su explotación indiscriminada de los bosques, provocan la. sistemática destrucción del medio ambiente, de la naturaleza, la degradación del suelo, la transformación radical del tipo de vida. Así se asiste al hecho inaudito de que lo que no lograron la conquista, ocupación y colonización española ni la "pacificación"(genocidio contra el pueblo mapuche), impulsada por el Estado chileno a fines del siglo pasado, ni el despojo brutal de tierras, ni la represión, crímenes y normativas "legales" de la dictadura, hoy trata de conseguirlo el gobierno de la Concertación mediante su modelo neoliberal, que significa la sistemática ocupación y destrucción del territorio que ancestralmente perteneció a los mapuches.

Ante esta realidad, las movilizaciones en la zona son el reflejo de la decisión del pueblo mapuche de defender los derechos pisoteados, de mantener la identidad y terminar con los atropellos y ejercer el derecho a optar por formas de vida propias. Esas expresiones de lucha tienden a ir convergiendo, aún con lentitud por los efectos de la represión y maniobras del gobierno, en unidad de acción y demandas comunes. Exigencias que no se limitan a la formulación de peticiones puntuales sino que expresan. niveles superiores, como reconocimiento constitucional, autonomía de los pueblos originarios, solución de los problemas de tierra y territorio, respeto de su cultura, instalación de un parlamento mapuche, así como la adopción de medidas que resuelvan la grave miseria a que está sometidas, etc., son demandas comunes que se han expresado como elementos unitarios de su proceso de movilización. Esto, sin perjuicio del énfasis que cada organización ponga en uno u otro tema sea diferente.

Frente a la lucha y movilización del pueblo mapuche, el gobierno ha tomado posición del lado de las empresas forestales, e iniciado una campaña de desprestigio del movimiento. Se buscó instalar la idea de la presencia de "infiltrados", "terroristas" y "subversivos" de todo tipo, se acusó a los mapuches de tener "fines políticos",etc. Esta fase fue encabezada por el subsecretario Guillermo Pickering (DC). Pero frente al cúmulo de desatinos, que desnudaron la política oficialista, fue separado del grupo oficialista que interviene en el problema por su comportamiento "errático y contradictorio". Incluso en esferas de gobierno lo calificaron como "un pirómano político" que provocó "un incendio en la pradera que va a costar mucho apagar". Después, el gobierno ha intentado administrar el conflicto, abriendo una parodia de diálogo que encubra su reaccionaria política. Así, el ministro Quintana (PS) ha utilizado la táctica de la división del pueblo mapuche entre los "buenos", que estaban dispuestos a conversar, y los "malos", que recuperan tierras y utilizan la denuncia y la "violencia" ante los abusos de los empresarios forestales y la represión del Estado.

REFINADO CINISMO DE LOS DÉSPOTAS

Un espectacular "acarreo" de mapuches traídos en buses especiales desde las regiones Octava, Novena y Décima, fue el marco del anuncio presidencial de efectuar una inversión de 140 mil millones de pesos, que según la versión oficial busca sacar a los pueblos originarios de la pobreza e integrarlos al desarrollo nacional. La versión que más se acerca a la realidad, indica que este aporte busca "desactivar el conflicto mapuche" mediante la entrega de soluciones parciales a problemas parciales, sin entrar en el tema de fondo que es la protesta mapuche por el proceso de usurpación de tierras que hoy los tiene viviendo en condiciones miserables. Pese a la fanfarria publicitaria del oficialismo, los fenómenos de pobreza, marginación y exclusión que afectan a los mapuches, a todas luces no se resuelven por la vía propuesta por el Ejecutivo. En efecto, el paquete de medidas es en extremo superficial e insuficiente, aún para satisfacer promesas vagas e inciertas. Según explicó Eduardo Frei, el plan contempla "mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y responder en el corto y mediano plazo a sus necesidades más urgentes".

El plan del gobierno de la Concertación es rechazado por los representantes de los comuneros. Domingo Marileo, vicepresidente de Ad Mapu, denunció: "nada se dijo de la acción represiva que las forestales desatan sobre los mapuches. Tampoco se reformó la Conadi. Esto es una burla". Mientras que para Carileo, dirigente de Loncoche, en el discurso de Frei "no se criticó a los megaproyectos ni a las transnacionales que avasallan nuestras comunidades. Queríamos escuchar que detenían las siembras, que entregaban tierras y devolvían las aguas. Nada de eso oímos". En suma, el Plan Frei "no apunta a desactivar el conflicto, sino que lo profundiza". En efecto, tan propuesta no puede resolver el problema de la pobreza que afecta a los mapuches. Sus acciones apuntan sólo a adecuar algunos mecanismos estatales diseñados para "facilitar la integración de este pueblo originario al desarrollo nacional", según expresa el mandatario. No se está en presencia de asignación de recursos frescos, sino de una posible "optimización" de los escasos fondos destinados a las comunidades indígenas. Las medidas consideradas en el "plan integral para el pueblo mapuche", sólo son discursivos reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nuevo trato y apoyo al "desarrollo integral de los pueblos indígenas".

Para el movimiento mapuche, las iniciativas del gobierno no resuelven la la causa fundamental del conflicto: no se anunció nuevas devoluciones de tierras. Por lo cual, la organización Meli Wixan Mapu denuncia que ellas demuestra un "refinado cinismo de los déspotas y de los más fieles herederos de la casta dominante de este país, cuyo único fin es engañar, dividir y ganar tiempo para destruirnos como nación. Sabíamos que de la propuesta no podíamos esperar mucho. Frei, como buen empresario, siempre protege los intereses de sus colegas. Basta con mirar cómo se la jugó a fondo para aprobar la construcción de la Central Ralco, no importándole en lo más mínimo la opinión de los pehuenches del Alto Bío Bío". Mientras que, José Huenchunao, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, afirmaba: "Este conflicto requiere que se aborde con propuestas más de fondo, y eso no fue lo que hizo el gobierno. Lo que se ha hecho es diseñar algunas políticas asistencialistas que solamente van engrosando el monto de plata que tenía la Conadi, pero sigue operando del mismo modo que lo ha hecho hasta ahora. En ese aspecto, nosotros creemos que esto es simplemente una operación política, y que no va a haber una solución a los conflictos".

ASESOR DE BANDAS PARAMILITARES

Los administradores del Estado y los empresarios madereros han recurrido a todo para doblegar al pueblo autóctono. Dirigentes mapuches presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, donde acusan al analista de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (conocida como "La Oficina" o la "DINA" de la Concertación) Oscar Carpenter (PS), de asesorar al empresario Osvaldo Carvajal, usurpador de la hacienda Lleu Lleu. La denuncia enmudeció a las autoridades del organismo de inteligencia y del Ministerio del Interior. Se negaron a formular declaraciones sobre la demanda judicial. El director de La Oficina, Mario Papi, se excusó, por medio de su secretaria, de entregar una declaración, aduciendo que los "estatutos" del organismo no lo permiten e indicó que para obtener una versión oficial se debe solicitar al Ministerio del Interior. Mientras tanto, el ministro Planificación, Germán Quintana, y el director de Conadi, Rodrigo González, coincidieron en afirmar que no tenían mayores antecedentes, por lo que no podían emitir una opinión oficial al respecto. Tal desconocimiento y silencio contrasta con que ya que desde hace algún tiempo circulaban versiones en sectores del oficialismo de que Carpenter realizaba trabajos a empresas privadas y que usaba su acceso a información privilegiada de inteligencia e información policial.

El dirigente José Llanquileo afirmó que Carpenter está vinculado a Carvajal desde hace aproximadamente tres meses y estimó que el Gobierno debe aclarar esta situación, agregando que "su presencia y acción en esta zona es preocupante". Las pruebas son concretas: Carpenter fue visto en la zona con Carvajal, sin identificarlo en primera instancia, pero que a través de fotografías de la prensa consiguieron determinar su identidad. El principal temor que se desarrolló en los mapuches de la zona era que se les hiciera un "montaje" para vincularlos con supuestos "grupos subversivos" y así desprestigiar el movimiento y justificar una represión mayor.

Oscar Carpenter no es una figura desconocida en círculos de la clase política en el poder. Fue la mano derecha del actual subsecretario de Desarrollo Regional, Marcelo Schilling, cuando este dirigente del PS era jefe de La Oficina, en su función de ejecutor de las medidas represivas contra los más consecuentes luchadores contra la dictadura militar, realizadas por este organismo de inteligencia desde abril de 1991. Como responsable del área de inteligencia, Carpenter tuvo como tarea principal montar una red de informantes y agentes operativos ("soplones" a sueldo") que proveían de antecendentes de militantes de izquierda y organismos populares a La Oficina, a pesar de que no tenían atribuciones para ello, ya que legalmente sólo podían recibir datos de Investigaciones y Carabineros. Además, estuvo a cargo de operaciones en terreno, como infiltraciones, para "fabricar" lo que fue la supuesta "colaboración" en el traslado de armas a una casa de seguridad del Destamento Mirista Pueblo en Armas (DMPA), ubicada en San Bernardo, y que culmina con la detención de varios de sus integrantes, gracias a este agente represivo que se dice "socialista". Sus andanzas no terminan ahí. El ex agente de La Oficina, Humberto López Candia, acusó a Carpenter de haberle suministrado documentación falsa para viajar a Brasil con el objetivo de investigar las acciones que realizaba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y de participar en los interrogatorios a detenidos que realizaba la policía civil.

La inconsecuencia y la traición son las facetas principales de la trayectoria política de Carpenter. Desde sus inicios en el PS, alrededor de 1968, estuvo vinculado a grupos de seguridad. Por su contextura física fue apodado "El doble pecho". Durante el gobierno de la Unidad Popular perteneció a los grupos de choque del PS, que enfrentaban a las hordas fascistas de Patria y Libertad. Ahora es asesor de las bandas paramilitares de los industriales madereros y planificador de las provocaciones contra el pueblo mapuche. En efecto, trabajó más de 3 meses para Osvaldo Carvajal, al mismo tiempo que mantenía vinculaciones con el gobierno como un agente más del trabajo de información e inteligencia que realiza en la zona. El gobierno de la Concertación tiene agentes de civil que están haciendo ese trabajo. Eso nadie lo puede negar. "Hasta la rama oficial de Carabineros lo ha confirmado", denuncian los dirigentes mapuches.

LOS CANDIDATOS Y LA LUCHA MAPUCHE

Lo cierto es que la solución se ve lejana, pues las empresas forestales no se han movido de su posición inicial y el gobierno ha edurecido su tratamiento del conflicto, ingresando derechamente al terreno de la represión policial. El werkén del Frente Urbano de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto, Alihuén Antileo, denuncia que su organización ha descubierto la implementación de una ofensiva de las madereras y del gobierno. "Esta es una operación de gran aliento, dice el dirigente, que involucra a forestales, que son los que toman las decisiones, y al gobierno que es el que las implementa, o las administra, y una parte del movimiento mapuche que por su visión de mundo avala estas políticas". El objetivo que persigue este contubernio es básicamente paralizar las movilizaciones, no dar respuesta, sino simplemente inmovilizar a las comunidades. Los ex ministros de la Concertación, José Joaquín Brunner (PPD) y Enrique Correa (PS) "son los autores intelectuales de la contraofensiva de los madereros. Ellos han diseñado el plan destinado a demovilizar al movimiento mapuche y ellos han mandado a Quintana a terreno", denuncia Antileo.

Los candidatos presidenciales se han planteado de distinta manera frente a lo que ocurre con los pueblos originarios. Ricardo Lagos se ha limitado ha formular frases generales, casi de buena crianza, eludiendo tomar una postura explícita frente a los temas de fondo. Al no tener una política distinta al modelo, se ha quedado en enunciados parciales, eludiendo las cuestiones más complejas. Mientras que Joaquín Lavín, ha intentado hacer olvidar que él fue parte del gobierno dictatorial de Pinochet que asesinó y torturó a mapuches, y que dictó el Decreto Ley No. 2568 donde se decía: "A partir de la fecha de inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, la hijuelas resultantes de la división de las reservas, dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños o adjudicatarios". Gládys Marín ha sido la única en respaldar de manera resuelta las demandas las organizaciones mapuches. Ha afirmado: "Respaldamos las luchas del pueblo mapuche, en todo lugar, en todas sus formas. " (Temuco, 4 de abril de este año).

El movimiento mapuche sólo ha comenzado a caminar. Es una marcha que no debiera detenerse, hasta conseguir todos sus objetivos. El movimiento popular, los sectores democráticos chilenos, deben unir sus demandas a las de los hermanos pueblos originarios y la solidaridad internacional debe pasar a la ofensiva en sus denuncias. La izquierda, por definición, no puede sino respaldar las aspiraciones de autodeterminación que hoy se levantan desde el sur de Chile.

De: Sergio s. ramirez@telia.com

From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
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