Tlahui-Politic. No. 8, II/1999


Mapuches (Asociación Meli Wixan Mapu): Respuesta a la propuesta de gobierno
DDHH: (CODEPU): Rechazo a la salida de Punto Final


Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 16 de Agosto, 1999. CHILE: ODEP: Nuevos documentos (DDHH y Mapuches): Mapuches (Asociación Meli Wixan Mapu): "Respuesta a la propuesta de gobierno". DDHH: (CODEPU): Rechazo a la salida de Punto Final.

LA RESPUESTA MAPUCHE A LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

El show del diálogo por parte del gobierno ha llegado a su fin y las soluciones que plantea son prácticamente nulas. Los aportes adicionales para resolver los problemas casi no existen, contemplando sólo refocalizar los escasos fondos que ya existían.

Según el Presidente, se pondrá énfasis en la infraestructura y en lo cultural. En infrastructura se hará inversiones que buscan mejorar caminos y puentes, etc. Lo que no dice es que estos caminos y puentes son precisamente los que usan las madereras -razón por la cual hoy se encuentran en mal estado- y que serán ellos los más beneficiados con estas obras, sin invertir un sólo peso de sus bolsillos. No es equivocado decir que esto más parece un nuevo subsidio a las forestales, que una ayuda real a nuestras comunidades, como se tiene el descaro de anunciar.

En el tema cultural se habla de fortalecimiento del uso del mapudungún, incorporándolo en Escuelas y textos escolares. En este tema exigimos una verdadera participación de representantes legítimos de nuestra nación, dado que iniciativas similares del gobierno sólo han servido para que los sectores dominantes traduzcan el veneno huinca para luego meterlo en la cabeza de nuestros niños. Siendo necesario, en primer término, modificar los textos de historia, tomando en cuenta nuestra visión de ella.

El tema central y más importante para nuestro pueblo es la tierra, pero en esta propuesta no se habla claramente de cómo se van a devolver los territorios que nos fueron usurpados.

Por otro lado, tampoco se detiene la inversión capitalista en nuestros territorios. Exigimos que se ponga fin a la invasión de las forestales, las empresas energéticas y las turísticas, que hoy están depredando todos nuestros recursos y produciendo enormes daños ecológicos.

La propuesta del gobierno muestra el más refinado cinismo de los déspotas y de los más fieles herederos de las tradiciones de la casta dominante en este país, cuyo único fin es engañar, dividir y ganar tiempo para destruirnos como nación.

Sabíamos que de la propuesta del gobierno no podíamos esperar mucho. Frei, como buen empresario, siempre protege los intereses de sus colegas, basta con mirar cómo se la jugó a fondo para aprobar la construcción de la Central Ralco, no importándole en lo más mínimo la opinión de los pehuenches del Alto Bío-Bío.

Los funcionarios de gobierno acusan al movimiento mapuche de estar infiltrados por grupos políticos que estarían haciendo una utilización de esta causa. Sería bueno preguntarse cómo le llama el gobierno al acarreo que ellos hicieron a través de la CONADI y otras instituciones públicas, para llenar la Moneda con funcionarios de ese organismo y militantes de sus propios partidos, dándole a algunos de ellos el estatus de dirigentes mapuche. Debemos recordarles que estos métodos los inventó la dictadura y resulta asombroso ver lo buenos alumnos que resultaron ser los funcionarios de gobierno, de un régimen del que se suponían contrarios.

La manipulación es la forma más elegante e insidiosa de la discriminación.

Durante todo este proceso de diálogo el gobierno seguía implementando la represión en nuestras comunidades. Nuestros dirigentes son hostigados constantemente por las fuerzas represivas, son seguidos por personal de civil, allanadas y destruidas sus casas y, lo que es más peligroso, la intervención en la zona de Oscar Carpenter (miembro de la Oficina de Seguridad del Gobierno), dado que no es descartable la maquinación de algún tipo de plan criminal para tratar de implicar al movimiento mapuche.

Todo este supuesto diálogo en el que finalmente los mapuche no fueron escuchados, como lo demuestra la propuesta de Frei, tiene como única finalidad justificar una escalada represiva por parte del gobierno, los jueces y los cuerpos represivos del Estado chileno en contra de nuestra Nación, con el objeto de aplastar nuestra resistencia.

No es posible que se nos acuse a nosotros de violentistas. Llevamos casi doscientos años sufriendo masacres y el exterminio sistemático por parte de los sectores dominantes del Estado chileno. Sólo basta recordar la Pacificación de la Araucanía, que no fue otra cosa que una carnicería -llevada a cabo por el ejército chileno- donde fueron asesinados miles de hombres, mujeres y niños mapuche.

Además, cómo podemos ser acusados de usurpadores en nuestros propios territorios. Los mismos que se han robado nuestras tierras pretenden hacer creer a la opinión pública que nosotros somos los delincuentes.

MELI WIXAN MAPU
Bulnes 113, Fono 698 85 48

Santiago, 6 de agosto de 1999.

Declaración de Codepu

Las violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile no se reducen a los casos de Detenidos Desaparecidos y/o la búsqueda arqueológica de sus restos, sino que incluyen a los miles de ejecutados políticos, a cientos de miles de presos y torturados, a los cerca de un millón de exiliados, entre otras violaciones, configurándose así un cuadro de crímenes contra la humanidad cometidos en Chile, delitos que son inamnistiables e imprescriptibles.

2. Rechazamos cualquier intento de montar una operación política tendiente a imponer una salida de Punto Final. En Chile la superación de las situaciones pendientes en materia de derechos humanos pasa necesariamente por el logro de la justicia.

3. Frente a los gravásemos y cobardes crímenes cometidos durante la dictadura sólo corresponde, tal como lo sostienen las agrupaciones de familiares, hacer JUSTICIA NADA MÁS, PERO NADA MENOS. Tribunales independientes y autónomos deben investigar, procesar y juzgar de acuerdo a derecho, y específicamente en estos casos, la aplicación de la justicia debe regirse por los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

4. No se pueden confundir los hechos. Al Estado le corresponde crear las condiciones que garanticen el ejercicio de la justicia y no puede actuar como intermediario entre las víctimas y los responsables, pretendiendo sobrepasar al poder judicial.

A los diferentes actores políticos nacionales les cabe sumarse a un esfuerzo que acabe con los dos grandes obstáculos de la justicia: el DL de Amnistía y la justicia militar.

En su calidad de instituciones no deliberantes a las Fuerzas Armadas no les corresponde involucrarse en diálogos políticos tendientes a proteger institucionalmente a algunos de sus funcionarios o miembros autores, cómplices y encubridores de los crímenes de derechos humanos, muchos de quienes permanecen hasta hoy en servicio activo e incluso han obtenido ascensos.

A los abogados e instituciones de defensa de los derechos humanos les corresponde proteger y defender a sus representados. Quienes hemos representado a los familiares de las víctimas directas de la represión, no debiéramos participar en mesas de diálogo y negociaciones en materia de derechos humanos.

5. Algunos piensan que estas transacciones eventualmente podrían liberar a Pinochet. Al respecto, ratificamos que Pinochet está legítimamente detenido en Londres y debe ser juzgado en España, por el simple hecho que los delitos de los que es responsable están penados por el derecho internacional y están sujetos a una jurisdicción internacional.

Rechazamos categóricamente las pretenciones del gobierno, de la derecha y de las FFAA de intentar sobrepasar a la justicia internacional, por medio de una estrategia engañosa que sólo busca la vuelta del dictador al país, haciendo creer que efectivamente se le podría juzgar en Chile.

6. El pretendido diálogo, es una maniobra destinada al fracaso porque quienes conocen lo sucedido continúan manteniendo una actitud soberbia y hostil respecto de la Verdad y la Justicia. Si no colaboraron con las investigaciones del Informe Rettig, menos lo harán ahora. Sus intenciones son claramente parte de una estrategia para liberar a Pinochet y de una operación que busca imponer una ley de punto final.

Ambas pretensiones son rechazadas por el mundo de los derechos humanos, a nivel nacional e internacional, pero especialmente por las agrupaciones de los familiares de víctimas que sostienen que las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile por su naturaleza y gravedad son delitos inamnistiables e imprescriptibles y no están sometidos a negociación alguna ni son materias plebiscitables.

Santiago, agosto 10 de 1999.

Fabiola Letelier del Solar, Presidenta - Dra. Paz Rojas B.,
Vice-Presidenta y Víctor Espinoza C.,
Secretario Ejecutivo

From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
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