Juicio de la verdad: Los represores se organizan para seguir mintiendo

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 23 de Diciembre, 1999. Arg - Juicio de la verdad: Los represores se organizan para seguir mintiendo y surge la justicia que colaboró con los militares. Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa. Información.

LOS REPRESORES, ORGANIZADOS PARA OCULTAR LA VERDAD.

Desde mucho tiempo antes de ser convocados a los estrados judiciales, los represores que durante la dictadura violaron sistemáticamente los derechos humanos en Córdoba, ya diseñaron la estrategia que aplicarán cuando les llegue el temido momento.

A la hora de contar la "verdad" de los crímenes que cometieron entre 1976 y 1983, los militares echarán mano a argumentos comunes, seguramente diseñados por anónimos abogados de los máximos jerarcas, que en su esencia apuntan precisamente a lo contrario: a seguir ocultando su oscuro pasado de represión, de secuestro, de tortura, de robo, de muerte.

La estrategia de lo que podría denominarse como "manual para represores testigos", incluye la necesidad de decir la menor cantidad de cosas ante la Justicia, ofrece una variedad de "respuestas tipo" del estilo de "no me acuerdo" o "no me consta", y recomienda la nada valerosa estrategia de descargar las responsabilidades sobre los compañeros de andanzas que ya murieron. También hay una especial dedicación en explicar por qué se podrá recusar a los jueces y negarse a declarar (ver "La estrategia legal").

Esta información ya se encuentra en poder de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, quien lleva adelante una investigación que emprendió hace 18 meses para determinar la "verdad histórica" de lo que ocurrió en Córdoba durante la pasada dictadura. LA VOZ DEL INTERIOR obtuvo algunos detalles sobre la estrategia de los represores (también consiguió el facsímil que ilustra este informe), que desnudan la preocupación de quienes hace más de 20 años fueron dueños de la vida y la muerte de las personas y que, aún hoy, mantienen vínculos que despertarían la envidia de más de una organización social.

EL PLAN

El plan de acción que durante todos estos meses han ido trazando los represores contempla distintas situaciones.

Entre lo que se podría denominar como "precauciones a tomar", figuran directivas tales como el respeto a normas de seguridad en las comunicaciones internas del grupo, para evitar posibles escuchas telefónicas, y la planificación del modo de actuar antes y durante un allanamiento. Como (¿buenos?) militares, tampoco faltan las estrategias de cohesión en el grupo de represores: en los mensajes interceptados por el Juzgado de Garzón de Lascano figura la necesidad de institucionalizar el apoyo y las inquietudes, así como acciones de intimidación hacia los propios compañeros que se sientan más liberados de los crímenes del pasado. Sobres estos posibles confesores deberá crearse certeza de que serán abandonados por la hermandad y que eso puede tornarse realmente un bumerán para su situación.

¿LA HORA DE LA VERDAD?

Para el caso de que sea imposible esquivar una citación a comparecer ante la Justicia federal de Córdoba, las directivas son verdaderamente claras, aunque también poco originales. Allí habrá que hacer gala de la habitual mala memoria ya evidenciada en estos casos y desviar la responsabilidad de los crímenes hacia los compañeros que lamentablemente ya no están en este mundo.

Sin medias tintas, ante la Justicia habrá que decir lo menos posible, apelar a la muletilla "no me acuerdo" o "no me consta" y, por ningún motivo, recordar los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado.

Otro detalle: los represores consideran prudente no mencionar la existencia de lo que ellos denominan como LRD (lugares de reunión de detenidos) concretamente, campos de detención, torturas y desaparición de personas antes del 24 de marzo de 1976, la fecha del golpe. Entonces, nadie hablará del funcionamiento del centro de Campo de la Rivera, que dio sus primeros pasos mucho antes de esa fecha, cuando en Córdoba se fundó el Comando Libertadores de América, sucursal vernácula de la Triple A, el "cuco" de la represión en democracia. Claro que en el estrado aunque sin juramento, según lo dispuso la jueza Garzón de Lascano se pueden plantear distinto tipo de situaciones, que van desde la averiguación de un caso en particular hasta un planteo de superestructura referido a la filosofía del terrorismo de Estado.

A saber:

Sobre la situación del país. En este tema el mensaje tampoco será innovador: hay que apelar a la existencia de un estado de guerra contra un enemigo no convencional que no respetaba las leyes de las contiendas tradicionales; y, por qué no, asumir que tal vez se cometieron algunos excesos. Sobre los desaparecidos. También será válido el viejo argumento de que los desaparecidos no existen, sino que están en el exterior; o bien que, si están muertos, es porque los propios compañeros los habrían ajusticiado ante alguna traición o algo por el estilo. A juzgar por los documentos que se han ido recabando, alguna mente retorcida también ensayará que las víctimas de la represión que nunca volvieron a sus hogares a ver a sus padres, a besar a sus esposas y a acariciar a sus hijos, en realidad se encuentran en el exterior, esperando todavía la contraofensiva del marxismo internacional.

Sobre los "muertos en combate", se sostendrá que en todos los enfrentamientos hubo bajas de los dos bandos y que los subversivos muertos no identificados eran trasladados a la morgue y de allí a fosas comunes del cementerio San Vicente, en algunos casos.

Sobre los centros de torturas. Esta gente también argumentará que los LRD eran sólo centros de clasificación de detenidos. En esta fila, los que serán liberados; más allá, los que pasan a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; estos, a la Justicia militar, y aquellos, a la civil. La autodefensa que está preparando el terror contempla especificar que la custodia de estos sitios corría por cuenta de la Gendarmería.

Hay más: en el campo de La Perla, el más cruel, famoso y 'productivo' de la provincia, nunca había demasiados detenidos, y éstos permanecían no más de tres o cuatro días promedio, siempre custodiado por gendarmes. Por supuesto, el personal civil y militar -lo que comúnmente se llamó la 'patota'- iba bastante poco al lugar, sólo una vez por semana. ¿Picana?, ¿qué es eso?.

El personal de inteligencia del Ejército, como una rara y nueva especie de carmelitas descalzas, sólo desempeñaba tareas de relaciones públicas, contactando a gremialistas, empresarios y estudiantes, para procurarse de la información necesaria para desenmascarar a los subversivos.

Para que no se interprete que todo será mentira, los represores reconocerán que también hacían algunos interrogatorios para engordar la información documental. Pero, ¿desaparecidos? [Fuente: Artículo firmado por Adrián Bassola, en la Voz del Interior, Córdoba, Argentina el 19 dic 99]

"LA JUSTICIA TUVO UNA ACTITUD COMPLICE"

22 de marzo de 1977. Autoridades del Juzgado Federal N? 1 de Córdoba visitaban a los presos políticos en el penal bonaerense de Sierra Chica, en plena dictadura militar. El interno ingresó a la habitación y se sentó frente al juez federal Adolfo Zamboni Ledesma _hoy fallecido_, quien comenzó a comunicarle que se le iba a abrir una nueva causa judicial. Pero el magistrado no pudo avanzar mucho.

"Está bien, pero antes yo quiero saber qué pasó con mi esposa -arrancó Luis Baronetto-, por qué la mataron". Silencio. Al cabo de unos segundos, el secretario penal, Carlos Otero Álvarez, tomó la palabra: "Mire Baronetto, lo único que le podemos decir, está en este parte del Ejército".

Allí se consignaba la muerte de seis "delincuentes subversivos" el 11 de octubre, mientras eran trasladados por fuerzas militares desde la cárcel de barrio San Martín hacia un destino no precisado (ver facsímil). Agregaba que la patrulla había sido interceptada "por vehículos civiles que abrieron fuego", por lo que se produjo un "intenso tiroteo", y que "como saldo se produjo la muerte de los seis delincuentes".

"Pero eso no me dice absolutamente nada. Yo no entiendo quién autorizó que mi mujer fuera sacada de la cárcel. Ella no tenía nada que hacer en el Tercer Cuerpo, si estaba bajo las órdenes suyas", se encolerizó Baronetto, mirando a Zamboni Ledesma. El magistrado siguió encerrado en su silencio.

"Mire -retomó el secretario penal-, esto es todo lo que le podemos decir".
"Entonces yo quiero que investiguen quién y por qué mató a mi mujer".

En ese momento, intervino el defensor oficial (defensor del preso), Luis Eduardo Molina, quien hoy todavía conserva esa función: "Por favor, Baronetto. Dejemos las cosas como están, porque el único perjudicado va a ser usted. Usted tiene dos hijos. Ya no tiene nada que ver con la Justicia. Lo mejor es que terminemos todo, que pida la opción y se vaya del país con los chicos. Olvídese de todo". Este relato es de Luis Baronetto.

En verdad, ese fue un día duro para los funcionarios de la Justicia federal cordobesa. Antes que Baronetto, el preso Eduardo De Breuil denunció cómo los militares habían asesinado ante sus propios ojos a su hermano Gustavo, junto a otros dos presos. Hace un mes, cuando declaró ante la jueza Federal Cristina Garzón de Lascano, De Breuil sostuvo: "El juez me dijo que por algo esas cosas habían pasado, y yo entonces me quedé helado y no le dije nada más".

LA HISTORIA

La historia del matrimonio de Luis Baronetto y Marta Juana González es una más de las de la dictadura. Dolorosa, cruel e injusta. Pero además, señala la actuación que una parte de la Justicia tuvo durante el terrorismo de Estado en esta provincia. Baronetto, delegado bancario de toda la vida y militante católico y de la JP en la década del '70, fue detenido en agosto de 1975 junto a su esposa. Luego de un paso por el D2 de la Policía, célebre centro de torturas, la pareja fue alojada en la Penitenciaría. La mujer dio a luz en prisión en julio de 1976. Pero el bebé no fue su salvación. El 11 de octubre, fue retirada del penal junto a otros cinco detenidos, y fusilada.

El parte militar que Otero Álvarez, hoy vocal del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, le leyó a su marido en Sierra Chica era totalmente falaz, y trataba de encubrir, burdamente, seis de los 30 asesinatos que se registraron en esa cárcel. Hoy, la jueza Garzón de Lascano está indagando la "verdad real" de lo que ocurrió durante la dictadura. Por eso, Baronetto le presentó un escrito en el que le relata el caso y afirma: "Alentando la esperanza de que finalmente pueda saber, tanto yo como mis hijos, cuáles fueron las circunstancias en que mi esposa fue muerta, así como los motivos y la determinación de los responsables, quedo a su disposición".

"La Justicia tuvo una actitud evidentemente cómplice", reseñó ayer Baronetto a LA VOZ DEL INTERIOR.

- ¿Confía en este nuevo proceso?

- Creo que la Justicia está muy ligada a los hombres que la encarnan y que hay contextos políticos que contribuyen a que vaya más a fondo o no. Hoy hay una buena posibilidad. La aspiración es que se condene a los asesinos, pero si los condicionamientos están dados, sería un paso al menos si la verdad histórica se conociera.

- ¿Pudo superar lo que le pasó?

- Creo que sí. Todos estos hechos nos golpearon seriamente a mis hijos y a mí. Pero nosotros teníamos una comprensión del proceso político, y eso nos ayudó. Estábamos en la Juventud Peronista, y cuestionamos la derechización del gobierno de Perón, con la hegemonía de López Rega e Isabel. Creo que la historia nos dijo que estábamos equivocados en las formas, pero los objetivos que nos animaban en aquel entonces, siguen siendo tan válidos hoy. También nos ayudó el apoyo de la familia y la solidaridad que vivimos durante el cautiverio.

[Fuente: Artículo firmado por Adrián Bassola, en la Voz del Interior, Córdoba, Argentina el 17 dic 99]

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