Proceso a los Genocidas Militares Argentinos

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 25 de Noviembre, 1999. ARGENTINA: Proceso a los Genocidas Militares Argentinos. Por Sergio Ramírez.

La orden internacional de detención dictada por el juez español Baltasar Garzón contra 98 militares argentinos procesados por delitos contra la humanidad, ha remecido a la opinión pública por su trascendencia. Además, expidió órdenes de búsqueda y captura con el fin de que puedan ser extraditados. Aunque los acusados no fueran extraditados, deberán permanecer dentro de las fronteras de su país, ya que podrían ser detenidos, como Pinochet, en cualquier otro país. Mientras que quienes reclaman verdad y justicia aplaudían el dictamen del juez Garzón, Menem ha defendido a los que llevaron a la muerte y torturaron a miles de personas.

José María Aznar, presidente de España, se abstuvo de comentar la nueva iniciativa del magistrado instructor. Pero fuentes oficiales no ocultaron el malestar que provoca esta acción, porque provoca un deterioro en sus relaciones diplomáticas con Argentina, que se vieron agravadas tras la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres (16 de octubre de 1998) por la defensa que asumió Menem del genocida chileno. Aparte de la certeza de que se complicarán tales relaciones, el gobierno español enfrenta el imperativo de tener que mantener una actitud consecuente con la asumida en el "caso Pinochet" de dar curso en su momento a la solicitud de extradición que emanó de los tribunales. Sin embargo, el portavoz del gobierno, Josep Piqué, confirmó la ya consabida posición que asumirá el Gobierno español, al manifestar que mantendrá su actitud "usual" respecto del procesamiento de los miembros de la juntas militares argentinas y "como ha hecho en otros casos", tramitará la solicitud de extradición del casi centenar de procesados por delitos de genocidio, terrorismo y tortura.

De los 192 encausados en relación a la muerte y desaparecimiento de ciudadanos españoles, Garzón consideró que son 98 aquellos de los cuales hay antecedentes suficientes como para seguirles un proceso. El principal de ellos es el general Jorge Rafael Videla, máximo responsable del Ejército y las Juntas Militares entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de julio de 1978. Otros altos jefes condenados por el juez español son: el almirante Eduardo Massera, comandante en jefe de la Armada, y máximo responsable de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), centro de tortura, y Leopoldo Fortunato Galtieri; el ex dictador Reynaldo Bignone (1982-83), muy vinculado a la Iglesia católica; y el ex jefe de la Armada, Emilio Massera. También están procesados y en prisión preventiva en Argentina el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, los almirantes Rubén Franco y Antonio Vañek, el capitán Jorge "Tigre" Acosta y el prefecto Héctor Febres.

Garzón ha explicado en el dictamen que ordena procesar a los acusados, que en 1975, siendo los jefes militares prepararon un plan para derrocar a la Presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, el cual fue perpetrado el 24 de marzo del año siguiente. Dicho plan tenía como objetivos "la desaparición y eliminación física de grupos de ciudadanos, en función de su adscripción a determinados sectores, y por motivos ideológicos, políticos, étnicos y religiosos".

El dictamen del juez Garzón considera que deben ser condenados por los delitos de genocidio y terrorismo, considerando que en Argentina se vivió "una realidad atroz", de tortura sistemática, exterminio generalizado, enterramientos en fosas comunes, lanzamientos de prisioneros desde aeronaves y cremaciones de cadáveres. Estos hechos constituyen un delito de genocidio. En consecuencia, sostiene el juez Garzón, la Justicia española tiene competencia para investigar estos delitos ya que el genocidio es un delito que no prescribe y que todos los países deben perseguir, de acuerdo con las Naciones Unidas. En cuanto al delito de terrorismo, el juez explica que la Ley Orgánica del Poder Judicial lo incluye entre los que pueden ser perseguidos universalmente, ya que es un crimen contra la humanidad. Las torturas también pueden ser investigadas, puesto que el delito no ha prescrito.

Ese plan contó con el apoyo de los servicios militares y policiales de otros países, en un acuerdo siniestro que se conoce como Operativo Cóndor. Los máximos jefes militares y policiales prepararon 340 centros clandestinos de detención, en los que fueron ingresadas entre 20.000 y 30.000 personas.

DELITO DE GENOCIDIO

Los procesados, arguye Garzón, cometieron un delito de genocidio al imponer un "régimen de terror basado en la eliminación, calculada y sistemática de personas desde el Estado, a lo largo de varios años, y disfrazada bajo la denominación de guerra contra la subversión, en forma violenta con el fin de romper la propia estructura del grupo nacional". Durante la dictadura Argentina, agrega, la finalidad del Ejército era conseguir la instauración de "un nuevo orden, en el que no caben determinadas clases de personas -aquellas que no encajan en el cliché establecido de nacionalidad, occidentalidad y moral cristina-, es decir, todos aquellos que no defendían un concepto de ultranacionalismo de corte fascista de la sociedad porque obedecían a consignas internacionales como el marxismo o el ateísmo". Para llevar adelante su proyecto neofascista, se se elaboró un plan de "eliminación selectiva" de sectores de la población Argentina y, muy intensamente, en la población judeo-Argentina, acusa el juez español. Además, Garzón explica que los generales golpistas buscaban la desaparición de una determinada cantidad de personas ubicadas en sectores "que estorbaban a la configuración ideal de la Nueva Argentina", objetivo detallado en el denominado "Proceso de Reorganización Nacional", que era su base ideológica y plan de actuación. Este verdadero genocidio para hacer desaparecer a grupos lo padecieron miles de sindicalistas, estudiantes, profesores universitarios, etc-. Y, en el caso de los judíos significó un trato inhumano, previo al desaperecimiento y asesinato. Los aparatos represivos de las dictaduras pusieron en práctica la tortura denominada rectoscopio: les introducían un tubo metálico por el ano o por la vagina, con un roedor dentro que, al intentar salir, muerde y destroza los órganos internos de la víctima. Además, muchas mujeres fueron secuestradas cuando estaban embarazadas y, cuando daban a luz, entregaban los bebés a militares argentinos. Después asesinaron a sus madres. Los responsables del aparato militar disponían de todos los medios para que la represión generalizada fuera "clandestina, coordinada y organizada dentro y fuera de Argentina, quebrantando todas las normas", sostiene Garzón.

Garzón ratifica los autos de prisión que pesaban sobre once de los ahora procesados militares argentinos y se decreta la prisión provisional e incondicional para los 87 restantes. Además, órdenes de busca y captura internacional y estableció la responsabilidad civil y el embargo de bienes para todos ellos, a fin de poder solicitar formalmente su extradición a España para ser enjuiciados en este país como responsables de delitos de lesa humanidad. Con esta resolución, el juez español limitó en la práctica la libertad de movimientos para todos ellos, aunque dichas órdenes no afectarán, por el momento, a quienes están residiendo en Argentina, porque el Presidente saliente, Carlos Menem, emitió en 1998 un decreto que prohíbe proporcionar asistencia judicial a Garzón. En efecto, el decreto presidencial, de verdadera impunidad, señala que "dar curso a las rogatorias iría en desmedro de la soberanía de nuestro país" y que "acceder al pedido equivale a violar los intereses esenciales de la Nación". Para este defensor de asesinos, el hecho de que se aplique justicia por violaciones graves a los DD.HH. es atentar contra la soberanía y los intereses de Argentina. Similares falaces argumentaciones ha usado el gobierno de Chile para evitar que Pinochet sea extraditado y juzgado en España por los mismos delitos cometidos por los militares argentinos.

Hasta esa resolución, Pinochet era el único militar procesado por Garzón.

Pero, la determinación demostrada por el juez instructor español demuestra que sus actuaciones podrían extenderse a futuro también a los otros 38, civiles y militares, que ocuparon importantes cargos en el gobierno dictatorial chileno o en sus aparatos represivos, sobre los que ya pesa una petición de procesamiento realizada por la acusación ante los tribunales españoles el año pasado.

El presidente de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, al expresar su respaldo a la iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón afirmó que "en el último año se han producido dos hechos importantes en contra de la impunidad y para conseguir que las víctimas de la violación de los derechos humanos por fin tengan una posibilidad de justicia: la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar genocidio, terrorismo y torturas, y la detención del ex dictador Augusto Pinochet y el proceso de extradición que se sigue contra él".

CÓMPLICES Y ENCUBRIDORES DE LOS ASESINOS

Las violaciones a los DD.HH. por las dictaduras argentinas han sido cubiertas por la impunidad. Una visión retrospectiva ratifica tal afirmación. Los integrantes de las juntas militares fueron juzgados y condenados en tiempos del gobierno de Raúl Alfonsín. En efecto, en 1985 Galtieri fue juzgado y absuelto, mientras que Videla y Massera recibieron penas de prisión perpetua, aunque cinco años después fueron beneficiados con un indulto de su sucesor Carlos Menem(1990). También el radical Alfonsín dictó las leyes de Punto Final y Obediencia (1986 y 1987), que beneficiaron con la impunidad a miles de asesinos y torturadores de los institutos castrenses y policiales.

Pero, en el presente, nada ha cambiado. Inmediatamente de ser divulgada la resolución de Garzón. El ya saliente presidente Menem rechazó la orden de arresto internacional. ("Apenas ingrese" al ministerio de Relaciones Exteriores). Además, dijo: "Le vamos a ahorrar esa tarea al próximo Gobierno". Al mismo tiempo que acusó a Garzón de incurrir en actitudes de "vedetismo" y de que "pretende invadir o dañar la soberanía" de Argentina. Con sus declaraciones, ratificaba su tradicional postura de encubridor y cómplice de asesinos y torturadores, que ha mantenido desde que Garzón acusó hace tres años a los dictadores uniformados por la desaparición con presunción de muerte de unos 600 ciudadanos españoles y sus descendientes en Argentina. "Ya vino antes de ahora un pedido de extradición de los comandantes de las FF.AA., los que fueron juzgados oportunamente, condenados e indultados, y lo hemos rechazado de plano", dijo Menem en esa oportunidad. "Apenas tengamos el (nuevo) pedido de extradición vamos a obrar de idéntica forma", añadió ahora. Mientras justificaba su falaz determinación expresando que el juez español "está totalmente fuera de lugar, y pretende con este tipo de actos invadir o dañar la soberanía de los países como Chile". Pero, la mayor expresión de su cinismo se encuentra en la siguiente afirmación: "Yo no estoy defendiendo a Pinochet sino a la soberanía chilena y, en este caso, a la soberanía Argentina". Tal falacia la utilizó, además, para no asistir a la Cumbre Iberoamericana que se celebró en Cuba, "en solidaridad" con el presidente chileno, que tampoco asistió en rechazo a la detención y juicio de extradición contra el ex dictador Pinochet. La solidaridad y defensa de asesinos uniformados no tiene fronteras para Menem. Mientras que su ministro del Interior, Carlos Corach, afirmaba que Garzón es un juez que "hace política" y su decisión de procesar a militares y civiles de este país se ha convertido en un "show mediático". Y, en el colmo de sus esfuerzos por justificar la impunidad de los responsables de del genocidio contra el pueblo argentino, afirmaba: "Argentina no va a ser parte de un show armado mediáticamente por un juez desde España, quien quiere hacer política de DD.HH. a costa de los países latinoamericanos".

EL NUEVO INQUILINO DE LA CASA ROSADA

La impunidad sigue transitando por los pasillos de la "Casa Rosada". El nuevo inquilino de la mansión de gobierno seguirá las pautas trazadas por sus antecesores. Fernando de la Rúa, inmediatamente de ser electo presidente en la reciente elección, dijo en una conferencia de prensa que la orden de captura internacional contra ex integrantes de la última dictadura de este país: "Es una decisión del juez tomada dentro de su competencia en el Reino de España, pero que no tiene efecto operativo en nuestro país. Se resolvió una orden de captura internacional que excluye al territorio argentino".

Como pronto asumirá en Argentina el nuevo Presidente, De la Rúa, los organismos de DD.HH.han comenzado a demandarle de que curse la extradición cuando asuma el mando. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, ha afirmado que pedirá a De la Rúa que dé curso a los trámites correspondientes al pedido de extradición enviado desde España. Lo mismo hicieron los abogados de las distintas acusaciones del caso y el fiscal Carlos Castresana, que presentó la primera denuncia, en nombre de la Unión Progresista de Fiscales. Las organizaciones sociales han retomado la lucha por justicia y sanción a los genocidas después del período electoral.

Mientras que en el Congreso argentino, siete diputados del centroizquierdista Frente del País Solidario presentaron un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo que "dé curso a la orden de captura a fin de extraditar a todos los ciudadanos argentinos procesados por genocidio y terrorismo en España". El diputado socialista Alfredo Bravo, miembro de la Alianza triunfante en Argentina, ex preso político de la dictadura, torturado por los militares y hoy Presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, expresó respecto de la decisión judicial: "Me parece maravilloso. No me equivoqué cuando fui a declarar a la Audiencia Nacional. Sabía que Garzón era un hombre responsable. Merece todo mi reconocimiento y mi apoyo".

El juez Garzón es objeto de ruines maniobras y de acusaciones con espúreos argumentos. Ellos no modifican el desarrollo actual de los procesos señalados. El magistrado continúa con las acciones judiciales en notable determinación. Mientras espera el desenlace del proceso de extradición de Pinochet en Londres, se concentra en el caso argentino, que empezó a instruir el 28 de marzo de 1996 luego de admitir a trámite la primera querella de la Unión Progresista de Fiscales, en nombre de los familiares de las víctimas. Después de 3 años de investigación, concluyó tener "indicios racionales y en cantidad suficiente" para resolver el procesamiento a los 98 militares y policías. A los cuales considera "responsables por acción o comisión por omisión y como inductores o autores materiales o cooperadores necesarios" en la ejecución de un "plan criminal sistemático de desaparición y eliminación física de grupos de ciudadanos, en función de su adscripción a determinados sectores y por motivos ideológicos, políticos, étnicos y religiosos", que el magistrado define como genocidio. La solidaridad internacional con las víctimas de los aparatos represivos de las FF.AA. argentinas y las exigencias de justicia están en la orden del día del quehacer cotidiano de los pueblos y sus organizaciones democráticas y revolucionarias.

From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
Más información - Further information - Plus d'information