Querella penal por los desaparecidos en la Operación Cóndor

Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Argentina, a 13 de Noviembre, 1999. Arg - Inician una querella penal por los desaparecidos en la Operación Cóndor. Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa. Información.

INICIAN UN PROCEDIMIENTO PENAL CONTRA LOS RESPONSABLES DE LA
DESAPARICIÓN FORZOSA DE PERSONAS DURANTE LA OPERACIÓN CÓNDOR.

Por Stella Callón

Un grupo de abogados argentinos comenzó el pasado lunes la primera querella criminal colectiva por el delito de privación ilegal de la libertad calificada (desaparición forzada de personas) en los términos de la Convención Interamericana sobre este delito y que tiene como objetivo central la llamada Operación Cóndor, que permitió el intercambio de datos, prisioneros, secuestros, torturas y asesinatos en conjunto entre las dictaduras del Cono sur, con responsabilidad de Estados Unidos y la colaboración de las ultraderechas de Europa y del mundo.

Entre los militares imputados figuran los jefes militares de las dictaduras de la región y otros altos jerarcas de los ejércitos, que fueron parte de la Operación Cóndor y que abarcan a Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia.

Los juristas Alberto Pedroncini, Carlos Zamorano, David Baigun y Albor Ungaro representan en esta querella a Dora Carreño Anaya, de Chile, hermana de Cristina Carreño Anaya, de la misma nacionalidad y desaparecida en Argentina el 26 de julio de 1978, y a Sara Rita Méndez, uruguaya, madre de Simón Antonio Riquelo, niño nacido en Argentina y secuestrado con días de vida el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires, trasladado clandestinamente a Uruguay y desaparecido.

También a Elsa Pavón de Grinspon, madre de Mónica Sofía Grinspon de Logares, Argentina secuestrada en Montevideo, Uruguay, el 18 de mayo de 1978 junto con su esposo Claudio Ernesto y su hija de dos años Paula, desaparecida en Argentina; Idalina Wilfrida Arriola de Tatter, paraguaya, esposa del ciudadano de la misma nacionalidad Federico Tatter, secuestrado el 15 de octubre de 1976 en Buenos Aires y desaparecido; Ana María y Claudia Mabel Careaga, ambas argentinas, hijas de María Esther Ballestrino de Careaga, paraguaya, secuestrada con varias madres y religiosas en la iglesia de San Cruz, de esta capital, el 8 de diciembre de 1977 y desaparecida.

Es así el primer grupo de personas de distintas nacionalidades y en la querella directamente se involucra "la gestación y ejecución de la llamada Operación Cóndor" y los delitos que se derivan de las consideraciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada tales como asociación ilícita entre los imputados de rango político o militar superior para cometer los delitos de secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidio, desaparición forzada de personas, en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal del aparato del Estado.

"Esa asociación --dice la querella-- es la Operación Cóndor". Se destaca también que existió "una acción criminal contra el orden constitucional al coordinarse acciones para suprimir y/o mantener la supresión --en el territorio de cada uno de ellos-- de las instituciones representativas y apoyarse recíprocamente en la continuidad de regímenes usurpadores".

La importante querella señala además la violación de las soberanía y la integridad territorial por cada una de las partes integrantes de la Operación Cóndor, tendiente también a suprimir mediante acciones militares o paramilitares el derecho de asilo ya reconocido.

Asimismo, las acciones para asegurar la impunidad de los crímenes del operativo Cóndor y la "conspiración contra el derecho a la autodeterminación de cada uno de los pueblos de los estados partes", que configuraron las dictaduras militares sudamericanas y sus proyectos que dejaron como consecuencia "un endeudamiento que se paga con la exclusión social, nueva forma de desaparición en el mundo".

Señalan los juristas que "la desaparición forzada de personas se constituyó en la forma de ejercicio de una fuerza material irresistible e incontrastable --militar, política y económica-- que se instauró en la sociedad" para no admitir el disenso.

Por primera vez se cita la correlación entre aquellos crímenes y un sistema político-económico implantado, al mencionar algunos puntos tanto las pautas para la acción de gobierno como las llamadas Bases Políticas de las Fuerzas Armadas establecidas por la junta militar (1976-1983).

"De allí resulta la impunidad del terrorismo de Estado: de un pacto de silencio entre quienes cometieron los crímenes en ejercicio de los más altos poderes del Estado, y de la creación de un asfixiante sistema de intereses materiales destinados a permanecer en el tiempo", con referencias a numerosas citas de la junta militar.

La querella imputa la "comisión del delito de privación ilegal de la libertad calificada, y lo legislado por la Convención Interamericana en 1994 sobre la desaparición forzada, perpetrado total o parcialmente en territorio argentino en forma sistemática y en pluralidad de casos por funcionarios públicos (civiles, militares y/o de fuerzas de seguridad) de cualquiera de los estados involucrados en estos hechos: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Ello con motivo o en ocasión de gestarse y desarrollarse la llamada Operación Cóndor".

Los imputados

Los principales imputados en Argentina son el general retirado Jorge Rafael Videla, quien era el presidente de facto en el momento de incorporar Argentina a la Operación Cóndor, y a los generales retirados Guillermo Suárez Masson y Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior de la dictadura militar.

En Chile los acusados son el ex general Augusto Pinochet, bajo cuya dependencia se encontraba la Dina, "órgano que tenía a cargo la planificación y ejecución de las actividades ilícitas comprendidas en la Operación Cóndor, el general Manuel Contreras (jefe de la policía secreta pinochetista, la Dina) y el coronel Pedro Espinoza.

Los principales acusados en Paraguay son el ex dictador y ex general Alfredo Stroessner, el general Francisco Brítez, jefe de la policía, los coroneles Benito Guanes Serrano y Pastor Milciades, ex jefe del Departamento de Investigaciones de la policía de Asunción.

Entre los uruguayos, el general Julio Vapora, comandante en jefe del ejército de ese país, el coronel Guillermo Ramírez, los mayores Julio Gavazzo, Manuel Cordero y Enrique Martínez, y los capitanes Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida.

Explican los querellantes que todos los militares uruguayos nombrados --con excepción de Vapora-- operaron clandestinamente en territorio argentino.

La querella, a diferencia de otras causas criminales, no sólo está referida a delitos cometidos en una jurisdicción determinada, sino "que comprende todas las privaciones ilegales de libertad calificada resultantes de la llamada Operación Cóndor, cualquier fuese el lugar del territorio nacional cometido incluso cuando la comisión del delito hubiese comenzado en territorio extranjero y proseguido en territorio nacional y viceversa".

Es decir, que los agentes extranjeros quedan sujetos a la jurisdicción del tribunal del lugar de comisión de los hechos y por delitos que hubieran comenzado o continuado en el territorio nacional, además de que se considera que Argentina fue escenario del delito de desaparición forzada contra ciudadanos argentinos y refugiados de otros países limítrofes que integraban la Operación Cóndor, y que esto supone además un plan criminal general.

"El crimen proyectado en el sistema Cóndor --en cuanto se cometía en territorio argentino-- se ejecutaba en el seno del aparato de poder de la junta militar", y estos delitos no prescriben, como lo determinan documentos del derecho internacional.

Entre los considerandos de la querella se señala que los secuestros ilegales fueron cometidos por personal de las fuerzas armadas o policiales, que eran trasladadas las víctimas a centros clandestinos de detención que eran mantenidos y equipados por el poder de turno.

En este caso se menciona que ya se encuentra en poder del Estado argentino la copia autenticada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de la comunicación que envió el agente del FBI (Buró Federal de Investigaciones) Robert Scherrer dando cuenta, al director de ese organismo, sobre la Operación Cóndor (1976).

En ese documento se habla de los países miembros de este plan criminal en "operaciones conjuntas" contra blancos terroristas y hay referencia a los documentos encontrados en los Archivos del Horror de Paraguay que comprueban mediante datos oficiales todo lo actuado.

Asimismo, otros documentos básicos corresponden a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas y otros que investigaron en Argentina las desapariciones for- zadas durante la dictadura militar, y allí figuran también numerosos testimonios que constan en otras causas conexas y muchos de ellos sobre el campo de concentración o centro clandestino de Automotores Orletti, uno de los sitios claves en Argentina de la Operación Cóndor y de la desaparición de cientos de extranjeros secuestrados aquí.
[Fuente: La Jornada, México, 10 nov 99]
La Jornada, 10 de noviembre

From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
Más información - Further information - Plus d'information