El caso Kosovo revela el temor de USA a la jurisdicción penal internacional
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. USA, a 6 de Enero, 2000. Usa/Icty - La investigación sobre el conflicto de
Kosovo revela el temor de los Estados Unidos a la
jurisdicción penal internacional para
crímenes de guerra.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA HAN COMPLETADO UN ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA
POSIBLE COMISIÓN DE CRÍMENES DE GUERRA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA OTAN DURANTE EL CONFLICTO DE KOSOVO.
Hace 18 meses, el Pentágono se opuso radicalmente a la creación de una corte penal internacional
permanente por temor a que una corte fuerte e independiente pudiera hacer que las tropas
americanas en misiones en el exterior fueran procesadas al margen del sistema judicial
estadounidense.
Ahora, como resultado de la guerra aérea desencadenada por la OTAN la pasada primavera contra los
serbios, oficiales del ejército estadounidense se han visto sometidos al escrutinio de tal corte:
el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Expertos en derecho internacional
afirman que esto puede originar los precedentes políticos y jurídicos para exigir a los
norteamericanos que se sometan a revisión judicial internacional.
"El futuro temido por el Gobierno de los Estados Unidos ha llegado antes de lo previsto", afirmó
Diane F. Orentlicher, Directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra del
Washington College of Law de la American University.
"Los Estados Unidos han tenido siempre un temor obsesivo en lo que se refiere a la eventual
actuación de una corte penal internacional en relación con soldados estadounidenses", añade, "y
ahora sucede que por un giro inesperado de la historia el tribunal internacional para Yugoslavia
tiene tal jurisdicción".
Funcionarios del Tribunal, en La Haya, acaban de completar un informe interno, a finales de
diciembre, que es un análisis jurídico sobre la posibilidad de que los aliados de la OTAN hayan
cometido crímenes de guerra durante su campaña de 78 días contra Yugoslavia.
Funcionarios del Tribunal y de la administración han declarado que no existe virtualmente ninguna
posibilidad de que se formulen cargos contra personal estadounidense o de la OTAN. La Fiscal Jefe
del Tribunal, Carla Del Ponte, vino a subrayar en una declaración emitida el pasado jueves que
"no había investigación formal alguna sobre las acciones de la OTAN durante el conflicto de
Kosovo".
Pero ni los empleados de la Casa Blanca ni del Pentágono han puesto en duda la autoridad legal
del tribunal para examinar la participación estadounidense y aliada en la contienda. Un
funcionario del Departamento de Estado afirmó que no había duda alguna de que el Tribunal está
envestido de tal autoridad.
El Tribunal fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993 para enjuiciar
a los acusados de crímenes de guerra en los conflictos que siguieron al desmembramiento de
Yugoslavia, durante el cual se produjo la secesión de cuatro de sus seis repúblicas.
Cuando Slobodan Milosevic, el Presidente de lo que queda de Yugoslavia, ordenó en 1998 a las
fuerzas militares y policiales que eliminaran a los rebeldes que operaban en la bastante
despoblada provincia albanesa de Kosovo, al Sur de Serbia, este conflicto también recaía bajo la
jurisdicción del tribunal. De hecho, condujo a la imputación del Sr. Milosevic por los cargos de
crímenes de guerra contra él formulados el pasado mes de mayo.
Los Estados Unidos han apoyado de manera notable el tribunal y su trabajo, pero la idea de
subordinar la soberanía estadounidense a cualquier organismo jurídico internacional, sigue
encontrando la resistencia de algunos americanos. Ha sido éste un asunto de interés especial, si
bien no exclusivo, para los conservadores en el Congreso.
Cuando los delegados de más de 160 países se reunieron en Roma en julio de 1998 para negociar la
creación de una corte penal internacional permanente, la Administración Clinton presionó
firmemente para limitar la autoridad e independencia de la Corte y así proteger la soberanía
estadounidense.
Con el Pentágono a la cabeza del asunto, la administración esgrimió que los soldados
norteamericanos podrían verse sometidos a enjuiciamientos frívolos o politicamente motivados por
parte de tal corte. Los negociadores de los Estados Unidos pedían que en el estatuto de la corte
se incluyeran disposiciones que, en esencia, otorgarían a los Estados Unidos poder de veto sobre
cualquier enjuiciamiento a través de su silla en el Consejo de Seguridad.
Muchos países, incluyendo poderosos aliados, como Alemania, contestaron que las disposiciones
estadounidenses socavarían la corte, y los delegados las rechazaron.
Desde entonces, 92 países han formado el tratado constitutivo de la corte y 6 lo han ratificado.
Cuando 60 países hayan ratificado el tratado, la corte comenzará a funcionar, lo que ocurrirá
probablemente dentro de dos o tres años.
Técnicamente, los bombardeos aéreos de la OTAN en los meses de la guerra en Bosnia en 1995, caían
también bajo la jurisdicción del tribunal de La Haya, pero estos bombardeos fueron mucho más
limitados y el tema nunca surgió. En cambio, la guerra aérea de la OTAN del año pasado incluye
bombardeos en Serbia y Montenegro, las dos repúblicas yugoslavas.
Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rigths Watch, organización de defensa de los derechos
humanos en Nueva York que ha trabajado el tema de los crímenes de guerra, dijo que la última
campaña de la OTAN merecía de escrutinio jurídico.
Mencionó el uso de bombas de fragmentación, así como la decisión de bombardear centrales
eléctricas y otros blancos de uso civil y la de hacer volar a los aviones a gran altura, lo que,
si bien reduce el riesgo para los pilotos, aumenta las probabilidades de bombardeos accidentales.
"A diferencia del resto del mundo, el Pentágono no puede aceptar la idea de que su conducta sea
sometida a la fiscalización de un tribunal internacional", declaró.
La revisión de estos hechos por parte del tribunal comenzó en agosto, después de que miembros del
parlamento ruso y expertos legales se reunieran con la predecesora de la Sra. Del Ponte, Louise
Arbour, e instaran a la investigación del papel de la OTAN. La revisión sistematizó los cargos y
las cuestiones jurídicas en torno a los mismos, pero distaba de constituir una investigación,
según palabras de algunos funcionarios.
Aún así, la Casa Blanca respondió con contundencia. "La OTAN llevó a cabo esfuerzos
extraordinarios para aminorar los daños colaterales", declaró uno de los portavoces, James R.
Fallin. "Cualquier investigación sobre la conducta de sus pilotos estaría completamente
injustificada".
La Sra. Orentlicher, de la American University, y otros expertos, afirmaron que la aceptación
tácita por parte de los Estados Unidos de la jurisdicción del tribunal de La Haya sobre las
acciones estadounidenses en la guerra de kosovo, hará más difícil para los Estados Unidos
oponerse a la autoridad de la nueva corte en futuros conflictos.
El funcionario del Departamento de Estado dijo que sólo se sentaría "un precedente limitado", ya
que la nueva corte va a ser una entidad jurídica diferente, al haber sido creada mediante un
tratado y no mediante una resolución del Consejo de Seguridad con el apoyo de los Estados Unidos.
El precedente político en cambio será mayor. William L. Nash, un General del Estado Mayor del
Ejército ya retirado, que supervisó las tropas estadounidenses destacadas en Bosnia en 1995 y
1996, declaró que el tribunal estaba mostrando que era lo suficientemente bien intencionado como
para no dejar de investigar a la OTAN, sin que ello signifique que lo hará inmediatamente.
"Los críticos de la corte pueden ver que no todo esto es malo", dijo Nash, que ahora dirije los
programas civiles y militares del National Democratic Institute for International Affairs en
Washington.
El Pentágono no entrará en si se está sentando un precedente, pero un funcionario del
Departamento de Defensa dijo que el Pentágono seguía oponiéndose contundentemente a cualquier
jurisdicción exterior sobre los militares estadounidenses, al margen de la jurisdicción del
tribunal de que se trate.
[Fuente: The New York Times - Por Steven Lee Myers - 03jan00. Vía Vincent Romano, Coalition for
an International Criminal Court (CICC) Media Associate. Traducción libre del original en inglés
realizada por el Equipo Nizkor, 05ene00]
LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA ACEPTA LA DEMANDA CONTRA VARIOS PAÍSES DE LA OTAN POR SU ACTUACIÓN EN KOSOVO.
BELGRADO.- Yugoslavia presentó ayer ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya una
ampliación de la acusación que presentó el pasado junio contra ocho países, siete de ellos
miembros de la OTAN, que entre marzo y junio de 1999 participaron en la campaña de bombardeos
aéreos de Yugoslavia.
Esta demanda va dirigida contra Gran Bretaña, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Holanda y
Canadá, además de Francia, que pese a no ser miembro de la Alianza, también participó en los
ataques.
La demanda inicial incluía, asimismo, a Estados Unidos y a España, aunque las demandas contra
estos dos países fueron desestimadas por el tribunal, al presentar defectos de forma, según
informa la agencia Reuters.
La Haya, que tan sólo admitió la acción judicial contra los ocho países antes citados, emplazó a
Yugoslavia a ampliar su demanda antes del 5 de enero de 2000, algo que las autoridades de
Belgrado hicieron ayer.
La resolución de este caso puede tardar varios años.
[Fuente: Diario El Mundo de Madrid, España, 5ene99]
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