Ha concluido la exhumación en Pujujil
Solicitan condicionar ayuda económica debido a la impunidad
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Guatemala, a 9 de Junio, 2000. Gtm- Ha concluido la exhumación en Pujujil y
solicitan condicionar ayuda económica debido a la
impunidad.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
HA CONCLUIDO LA EXHUMACIÓN DEL CEMENTERIO CLANDESTINO DE PUJUJIL
La comunidad Pujujil, Sololá fue ocupada militarmente por el Ejército Nacional
durante el mes
de agosto de 1981, sembrando terror y muerte entre sus habitantes. Se encontraba
en el poder
el General Fernando Romeo Lucas García y las violaciones a los derechos humanos
se
empezaban a trasladar de las ciudades al interior del país.
La comunidad al percibir la llegada del Ejército logro escapar hacia las
montañas cercanas, sin
embargo mujeres, ancianos y niños quedaron en la ladea.
El ejército capturó a las 46 personas que no habían logrado escapar, violó a las
mujeres y a las
niñas, posteriormente los colocaron a todos en una vivienda y por último los
quemaron vivos.
Pocos días después los sobrevivientes regresaron a Pujujil y al darse cuenta del
dantesco
escenario enterraron a sus familiares y vecinos en una fosa común.
19 años después el GAM impulsa la exhumación de esos restos contando con el
respaldo de la
Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) quienes del 22 de mayo al
6 de
junio recuperaron 21 osamentas y 17 restos humanos calcinados habiendo tenido
que abrir 125
fosas.
En seis de las 125 fosas se logró encontrar restos humanos, en una de ellas se
rescató 18
osamentas, en otras tres una osamenta por cada una, en una más instrumentos de
tortura y en
la última fragmentos de 17 personas calcinadas.
En estos momentos la FAFG se encuentra en el proceso de identificación de los
restos, para
posteriormente devolverlos a la comunidad, en donde se realizará la inhumación
en un
cementerio legal.
Los responsables de éste crimen además del presidente de la República de ese
momento, son
los Generales Ángel Aníbal Guevara, quien fungía como ministro de la Defensa
Nacional y
Benedicto Lucas García quien era el jefe del Estado Mayor de la Defensa
Nacional.
Los restos constituyen una prueba contundente de la brutalidad con que se actúo
contra la
sociedad civil indefensa, además de la necesidad de que en Guatemala termine la
impunidad.
Guatemala 8 de junio de 2000
Las asociaciones francesas de solidaridad internacional, miembros del
intercolectivo Guatemala hemos podido constatar junto
con nuestras contrapartes guatemaltecas, la deterioración del proceso paz en el
país.
Tres años después de la firma de los acuerdos de paz, nos preocupa y nos alarma
las deficiencias que hemos constatado en su
aplicación. Estos acuerdos fueron negociados con el propósito de poner fin a las
causas que originaron el conflicto interno
armado y para remediar los efectos perversos de la política de exclusión y de
guerra civil, dirigida por el Estado durante
muchos decenios.
El gobierno saliente no institucionalizó en la práctica el proceso de paz y le
faltó independencia frente a la oligarquía agrícola,
financiera y militar, principal beneficiaria de las grandes injusticias
económicas y sociales del país. Estos grupos de poder han
puesto una serie de obstáculos destinados a evitar cada uno de los cambios del
proceso de paz que pudieran perjudicar de
cerca o de lejos sus intereses.
De la misma manera, los partidos políticos no fueron un canal de comunicación
entre la sociedad y el Estado. Este
disfuncionamiento afectó seriamente el trabajo legislativo del Congreso
Nacional relativo a los acuerdos de paz.
Seguimos de cerca y alentamos los esfuerzos que realizan actualmente las
organizaciones de la sociedad civil guatemalteca
para lograr salir de este impase. En la actualidad se trata de obtener del nuevo
gobierno un real compromiso para una nueva
agenda para la paz. El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) ha declarado
oficialmente su intención de continuar con la
aplicación de los acuerdos de paz. Sin embargo, la llegada a la escena política
de numerosas personas acusadas de ser
responsables de violaciones masivas de los derechos humanos nos hace compartir
la inquietud de nuestras contrapartes en
cuanto a la concretización de este compromiso.
Como ciudadanos franceses y europeos, en solidaridad con nuestros amigos
guatemaltecos, nos dirigimos a los donantes de la
comunidad internacional, para que condicionen su ayuda financiera al gobierno de
Guatemala a la obtención de resultados
concretos, que respondan a las prioridades estratégicas formuladas por las
organizaciones de la sociedad civil. Cerca de dos
mil millones de dólares han sido prometidos para la ejecución del programa para
la paz, de los cuales 260 millones por la
Unión Europea. Estos financiamientos deben ser canalizados de acuerdo a
criterios estrictos de transparencia y de aplicación
participativa de los acuerdos de paz.
Las asociaciones francesas que suscriben este documento nos comprometemos a
seguir atentamente los avances concretos en
materia de participación, lucha contra la impunidad y reconciliación nacional.
Redefinición de las relaciones sociedad civil-Estado y participación de la
sociedad civil en la construcción de la paz.
La transformación democrática del país reposa en la redefinición de las
relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Treinta
años de dictadura han dejado secuelas muy grandes y se puede aún constatar el
carácter excluyente del Estado guatemalteco.
Sin embrago, se han abierto espacios de expresión y de concertación política que
saludamos. A pesar de ello, la ausencia de
mecanismos permanentes de comunicación y de participación no permiten la
perennización (sic) de estos espacios. La fuerte tasa de
abstención (82%) en las elecciones y el NO al reférendum organizado en mayo de
1999 para la aprobación de las reformas
constitucionales emanadas de los acuerdos de paz, simbolizan el fracaso a
obtener la participación ciudadana e ilustran sus
dramáticas consecuencias para la viabilidad del proceso de paz.
Para remediarlo, las organizaciones de la sociedad civil[1] consideran que en
materia de políticas públicas es indispensable
establecer mecanismos de consulta e información a todos los niveles. Se deben
buscar consensos mínimos entre los diferentes
sectores para poder traducir las decisiones gubernamentales en decisiones
nacionales. El Estado debe fortalecerse y
democratizarse gracias a un proceso de descentralización con participación
activa de los diferentes sectores de la sociedad. La
aplicación de programas de fortalecimiento institucional, dirigidos a mejorar la
capacidad de negociación, de concertación, de
evaluación, de formulación de propuestas de las organizaciones sociales,
deberían ser una prioridad de la comunidad
internacional.
De igual manera, en el marco del proceso de paz han sido recientemente
elaboradas muchas propuestas que el gobierno actual
debe estudiar y legislar en consecuencia.
En materia de participación insistimos sobre:
· La promulgación de la nueva ley referente a los Consejos de desarrollo urbano
y rural, en base al texto propuesto por más
de 100 organizaciones de la sociedad civil con vistas a una efectiva
descentralización.
· El respeto de los acuerdos, consenso y aplicación de la política de igualdad
de oportunidades para la mujer formuladas en
1996, y tomar en cuenta las propuestas elaboradas por el Forum de mujeres
sobre los aspectos socio-económicos de la
política nacional.
· La reforma de la ley electoral y de partidos políticos, la iniciativa sobre
las cuotas de participación política y estudio del
ante proyecto de reformas al código municipal.
· Una reforma de la ley de telecomunicaciones debe preverse a fin de normalizar
los esfuerzos de comunicación, asegurando
la promoción del desarrollo social, económico y cultural de las comunidades
indígenas.
Lucha contra la impunidad y reconciliación nacional.
Si bien después de la firma de los acuerdos de paz no existe más una política
sistemática de violaciones de los derechos
humanos, es preocupante constatar el aumento de la inseguridad y la falta de
voluntad del Estado para poner fin a la
impunidad. La construcción de un Estado de Derecho debe pasar por todas las
etapas necesarias a la reconciliación nacional:
Verdad, Justicia y Reparación.
Es una tarea urgente renovar el sistema judicial del país, marcado por su falta
de independencia política, la corrupción, la
incompetencia y/o la ineficacia de muchos magistrados. Las presiones y amenazas
ejercidas por los responsables de
violaciones de los derechos humanos son muy numerosas e insuficientemente
combatidas por el gobierno, que se convierte así
en cómplice de este estado de hecho (recientemente en el caso del asesinato de
Monseñor Gerardi o en la masacre de
Xaman). Esta incapacidad a hacer justicia conduce a una pérdida de credibilidad
de las instituciones del Estado y se traduce
entre otras cosas en el hecho que el linchamiento se ha vuelto una práctica
común y corriente. También el gobierno ha
permitido al ejército realizar de manera autónoma su " reestructuración), sin
reducir su presupuesto y formalizando a través de
convenciones interministeriales su reorientación en campos de competencia civil.
Al igual que las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, reconocemos
la importancia de las recomendaciones del
Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), elaborado a partir de
un amplio proceso de consulta social.
Nos permitimos subrayar algunas de las recomendaciones hechas al Estado, cuya
aplicación prestaremos particular atención:
· Hacer suyo y asumir el contenido del Informe. El gobierno debe impulsar una
campaña de difusión de las conclusiones y
recomendaciones de este Informe, esto debe hacerlo en coordinación con las
organizaciones dela sociedad civil y
particularmente con las organizaciones mayas, representantes de la población
que más ha sufrido durante el conflicto. Las
causas y consecuencias del conflicto, así como los acuerdos de paz, deben ser
enseñados en primaria, secundaria y en la
Universidad.
· Poner en marcha de manera urgente un Programa nacional de Reparación de
víctimas de las violaciones de los derechos
humanos y de sus familias. Para hacerlo, el gobierno debe presentar al
Congreso un proyecto de ley, que tome en cuenta
los principios enunciados por la Comisión. La participación activa de las
víctimas en la definición y ejecución del Programa
es indispensable
· Crear y supervisar el trabajo de una Comisión que será encargada de examinar
la conducta de las fuerzas armadas y de los
diferentes cuerpos de seguridad que hayan tomado parte en el conflicto armado
y proponer medidas administrativas en
consecuencia.
· Aplicar y hacer cumplir la ley de Reconciliación nacional, persiguiendo,
juzgando y condenando a todas las personas
responsables de " delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada así
como los delitos imprescriptibles o sin extinción
penal en conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ya
ratificados".
Asociaciones francesas de solidaridad Internacional que suscriben el documento,
Mayo 2000:
Comité catholique contre la faim et pour le dévélopement-CCFD, CIMADE, collectif
Guatemala, Comité d'EVRY, Comité de
Léman, Echanges pour une terre solidaire-ETS, Enfants réfugies du Monde-ERM,
Fondation France Liberté, France Amérique Latine, Frères des Hommes, Terres
des Hommes, Trois quarts du Monde, Volcans.
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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