Se Deteriora el Proceso de Paz
Necesidad de condicionar la ayuda internacional
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Guatemala, a 8 de Junio, 2000.
GUATEMALA: La Deterioración del Proceso Paz. Desde: "GRUPO DE APOYO MUTUO" gam@concyt.gob.gt
El proceso de Paz en Guatemala y
la necesidad de condicionar la ayuda internacional
Las asociaciones francesas de solidaridad internacional, miembros del
intercolectivo Guatemala hemos podido constatar junto con nuestras
contrapartes guatemaltecas, la deterioración del proceso paz en el país.
Tres años después de la firma de los acuerdos de paz, nos preocupa y nos
alarma las deficiencias que hemos constatado en su aplicación. Estos
acuerdos fueron negociados con el propósito de poner fin a las causas que
originaron el conflicto interno armado y para remediar los efectos
perversos de la política de exclusión y de guerra civil, dirigida por el
Estado durante muchos decenios.
El gobierno saliente no institucionalizó en la práctica el proceso de paz y
le faltó independencia frente a la oligarquía agrícola, financiera y
militar, principal beneficiaria de las grandes injusticias económicas y
sociales del país. Estos grupos de poder han puesto una serie de obstáculos
destinados a evitar cada uno de los cambios del proceso de paz que pudieran
perjudicar de cerca o de lejos sus intereses.
De la misma manera, los partidos políticos no fueron un canal de
comunicación entre la sociedad y el Estado. Este disfuncionamiento afectó
seriamente el trabajo legislativo del Congreso Nacional relativo a los
acuerdos de paz.
Seguimos de cerca y alentamos los esfuerzos que realizan actualmente las
organizaciones de la sociedad civil guatemalteca para lograr salir de este
impase. En la actualidad se trata de obtener del nuevo gobierno un real
compromiso para una nueva agenda para la paz. El Frente Republicano
Guatemalteco (FRG) ha declarado oficialmente su intención de continuar con
la aplicación de los acuerdos de paz. Sin embargo, la llegada a la escena
política de numerosas personas acusadas de ser responsables de violaciones
masivas de los derechos humanos nos hace compartir la inquietud de nuestras
contrapartes en cuanto a la concretización de este compromiso.
Como ciudadanos franceses y europeos, en solidaridad con nuestros amigos
guatemaltecos, nos dirigimos a los donantes de la comunidad internacional,
para que condicionen su ayuda financiera al gobierno de Guatemala a la
obtención de resultados concretos, que respondan a las prioridades
estratégicas formuladas por las organizaciones de la sociedad civil. Cerca
de dos mil millones de dólares han sido prometidos para la ejecución del
programa para la paz, de los cuales 260 millones por la Unión Europea.
Estos financiamientos deben ser canalizados de acuerdo a criterios
estrictos de transparencia y de aplicación participativa de los acuerdos de
paz.
Las asociaciones francesas que suscriben este documento nos comprometemos a
seguir atentamente los avances concretos en materia de participación, lucha
contra la impunidad y reconciliación nacional.
Redefinición de las relaciones sociedad civil-Estado y participación de la
sociedad civil en la construcción de la paz.
La transformación democrática del país reposa en la redefinición de las
relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Treinta años de dictadura
han dejado secuelas muy grandes y se puede aún constatar el carácter
excluyente del Estado guatemalteco. Sin embrago, se han abierto espacios de
expresión y de concertación política que saludamos. A pesar de ello, la
ausencia de mecanismos permanentes de comunicación y de participación no
permiten la perennización (sic) de estos espacios. La fuerte tasa de abstención
(82%) en las elecciones y el NO al reférendum organizado en mayo de 1999
para la aprobación de las reformas constitucionales emanadas de los
acuerdos de paz, simbolizan el fracaso a obtener la participación ciudadana
e ilustran sus dramáticas consecuencias para la viabilidad del proceso de paz.
Para remediarlo, las organizaciones de la sociedad civil[1] consideran que
en materia de políticas públicas es indispensable establecer mecanismos de
consulta e información a todos los niveles. Se deben buscar consensos
mínimos entre los diferentes sectores para poder traducir las decisiones
gubernamentales en decisiones nacionales. El Estado debe fortalecerse y
democratizarse gracias a un proceso de descentralización con participación
activa de los diferentes sectores de la sociedad. La aplicación de
programas de fortalecimiento institucional, dirigidos a mejorar la
capacidad de negociación, de concertación, de evaluación, de formulación de
propuestas de las organizaciones sociales, deberían ser una prioridad de la
comunidad internacional.
De igual manera, en el marco del proceso de paz han sido recientemente
elaboradas muchas propuestas que el gobierno actual debe estudiar y
legislar en consecuencia.
En materia de participación insistimos sobre:
· La promulgación de la nueva ley referente a los Consejos de desarrollo
urbano y rural, en base al texto propuesto por más de 100 organizaciones de
la sociedad civil con vistas a una efectiva descentralización.
· El respeto de los acuerdos, consenso y aplicación de la política de
igualdad de oportunidades para la mujer formuladas en 1996, y tomar en
cuenta las propuestas elaboradas por el Forum de mujeres sobre los aspectos
socio-económicos de la política nacional.
· La reforma de la ley electoral y de partidos políticos, la iniciativa
sobre las cuotas de participación política y estudio del ante proyecto de
reformas al código municipal.
· Una reforma de la ley de telecomunicaciones debe preverse a fin de
normalizar los esfuerzos de comunicación, asegurando la promoción del
desarrollo social, económico y cultural de las comunidades indígenas.
Lucha contra la impunidad y reconciliación nacional.
Si bien después de la firma de los acuerdos de paz no existe más una
política sistemática de violaciones de los derechos humanos, es preocupante
constatar el aumento de la inseguridad y la falta de voluntad del Estado
para poner fin a la impunidad. La construcción de un Estado de Derecho debe
pasar por todas las etapas necesarias a la reconciliación nacional:
Verdad, Justicia y Reparación.
Es una tarea urgente renovar el sistema judicial del país, marcado por su
falta de independencia política, la corrupción, la incompetencia y/o la
ineficacia de muchos magistrados. Las presiones y amenazas ejercidas por
los responsables de violaciones de los derechos humanos son muy numerosas e
insuficientemente combatidas por el gobierno, que se convierte así en
cómplice de este estado de hecho (recientemente en el caso del asesinato de
Monseñor Gerardi o en la masacre de Xaman). Esta incapacidad a hacer
justicia conduce a una pérdida de credibilidad de las instituciones del
Estado y se traduce entre otras cosas en el hecho que el linchamiento se ha
vuelto una práctica común y corriente. También el gobierno ha permitido al
ejército realizar de manera autónoma su " reestructuración), sin reducir su
presupuesto y formalizando a través de convenciones interministeriales su
reorientación en campos de competencia civil.
Al igual que las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca,
reconocemos la importancia de las recomendaciones del Informe de la
Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), elaborado a partir de un
amplio proceso de consulta social.
Nos permitimos subrayar algunas de las recomendaciones hechas al Estado,
cuya aplicación prestaremos particular atención:
· Hacer suyo y asumir el contenido del Informe. El gobierno debe impulsar
una campaña de difusión de las conclusiones y recomendaciones de este
Informe, esto debe hacerlo en coordinación con las organizaciones dela
sociedad civil y particularmente con las organizaciones mayas,
representantes de la población que más ha sufrido durante el conflicto. Las
causas y consecuencias del conflicto, así como los acuerdos de paz, deben
ser enseñados en primaria, secundaria y en la Universidad.
· Poner en marcha de manera urgente un Programa nacional de Reparación de
víctimas de las violaciones de los derechos humanos y de sus familias.
Para hacerlo, el gobierno debe presentar al Congreso un proyecto de ley,
que tome en cuenta los principios enunciados por la Comisión. La
participación activa de las víctimas en la definición y ejecución del
Programa es indispensable.
· Crear y supervisar el trabajo de una Comisión que será encargada de
examinar la conducta de las fuerzas armadas y de los diferentes cuerpos de
seguridad que hayan tomado parte en el conflicto armado y proponer medidas
administrativas en consecuencia.
· Aplicar y hacer cumplir la ley de Reconciliación nacional, persiguiendo,
juzgando y condenando a todas las personas responsables de " delitos de
genocidio, tortura, desaparición forzada así como los delitos
imprescriptibles o sin extinción penal en conformidad con el derecho
interno o los tratados internacionales ya ratificados".
Asociaciones francesas de solidaridad Internacional que suscriben el
documento, Mayo 2000:
Comité catholique contre la faim et pour le dévélopement-CCFD, CIMADE,
collectif Guatemala, Comité d EVRY, Comité de Léman, Echanges pour une
terre solidaire-ETS, Enfants réfugies du Monde-ERM, Fondation France
Liberté, France Amérique Latine, Frères des Hommes, Terres des Hommes,
Trois quarts du Monde, Volcans.
[1] Declaración de las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca
dirigida al Grupo Consultivo (octubre 98, mayo 99). Primera Cumbre nacional
de la sociedad civil por la paz (octubre 99)
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
Más información - Further information - Plus d'information
|