Alternativas después del Desafuero
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 29 de Mayo, 2000. CHILE: Alternativas después del Desafuero. Por Sergio Ramírez.
El desafuero de Pinochet representa el inicio de una nueva etapa en la
lucha por la verdad y la justicia y la derrota de los pactos espúreos de la
"democracia de los consensos" para impedir el avance de la justicia. y
otorgar impunidad a Pinochet y sus esbirros. El fallo puede ser la apertura
de un proceso de perspectivas insospechadas, en dependencia de la capacidad
de los sectores democráticos para impedir todo intento de la derecha y el
militarismo por montar una nueva maniobra, en complicidad con el
oficialismo, para volver a impedir la acción de la justicia.
El desafuero fue, antes que nada, el resultado de la movilización sostenida
en Chile y el extranjero para cerrar el paso a los reiterados intentos de
poner punto final al tema de los DD. HH. Todo indica que en los próximos
días se vivirán momentos decisivos. Las acusaciones que enfrenta Pinochet
son irrefutables. Desde esa perspectiva, comienza a levantarse un nuevo
escenario. Sin embargo, no todo está dicho. Sus aliados y cómplices han
iniciado una nueva ofensiva para a impedir que Pinochet sea sometido a
proceso y condenado por genocida. Además, los cancerberos de la impunidad
emplean todos sus recursos para desmovilizar a las fuerzas populares y
doblegar el clamor de justicia y democracia de los chilenos. Por lo cual,
el sólo hecho del desafuero, se podría tornar insuficiente o concluir en la
impunidad si es que no cuenta con un poderoso y combatido protagonismo
popular para impedir una nueva maniobra destinada a cerrar el paso a la
justicia.
HACE 5 AÑOS, PINOCHET ERA INTOCABLE. En medio de la impunidad reinante, la
complicidad de los tribunales, las cúpulas de la Concertación y su política
de consensos con la derecha y el pinochetismo militarista, conformaba el
escenario de su legitimidad de "actor válido de la transición". Además, a
10 años de la instalación de la "democracia", sostenían que "el tema de los
DD. HH era un asunto del pasado". Por lo cual, su desafuero es el hecho más
relevante para la causa de los DD. HH. Sin embargo, el panorama no parece
tan claro. La derecha, la misma que con Lavín trató "electoralmente" de
desvincularse de Pinochet, ahora recurre a amenazas y chantajes para
imponer un acuerdo político con la Concertación, que le evite juicio y
castigo. Mientras que los grupos económicos y financieros, satisfechos con
los planes económico neoliberales de Lagos, han optado por reducir su
protagonismo, lo que no quiere decir que se han inhibido de presionar en el
mismo sentido. Hay preocupación por el efecto "dominó". Ambos sectores
consideran que si Pinochet es procesado, entonces no pocos de sus
personeros, involucrados en violaciones a los DD. HH, podrían ser acusados
judicialmente. Tampoco para la Corte Suprema, el tema es simple. Podrían
modificar el fallo de desafuero de la Corte de Apelaciones, pero ello
eliminaría toda credibilidad internacional en que en Chile se puede aplicar
justicia.
SI HUBIERA UN CURSO LEGAL NORMAL, la situación podría ser diferente, aunque
no se puede olvidar que la justicia fue uno de los bastiones de la
dictadura y su comportamiento final puede estar determinado por ese pasado.
Una vez confirmado el fallo por la Corte de Apelaciones, la defensa de
Pinochet apelaría ante la Corte Suprema. Tal trámite demoraría unos 30
días. La Corte Suprema debiera ratificar el desafuero porque ella ha ido
fijando los criterios básicos en materias de de violaciones a los DD. HH. Ha
establecido que no procede aplicar la amnistía si no hay procesados y que,
incluso si hay procesados, en su momento hay que discutir la discrepancia
jurídica que se produce entre el Decreto Ley de Amnistía de la dictadura y
los Convenios de Ginebra. La Corte Suprema ha determinado que, no sólo por
los detenidos desaparecidos, sino que por homicidio y por tortura, sea
inaplicable la amnistía, porque si había guerra, con la lógica del Decreto
de Ley No. 5 de la Junta Militar, se tienen que aplicar consecuentemente los
convenios de Ginebra. Además, ha establecido que en Chile no se puede
hablar de cosa juzgada ni de prescripción en materia de crímenes contra la
humanidad. Así, desaforado Pinochet, la resolución del desafuero, que
termina con la frase "ha lugar" o "no ha lugar" a la formación de causa,
determinaría que el ministro Guzmán debería proceder a procesar y encargar
la detención de Pinochet (por ser autor de delitos contra la humanidad no
podría estar en libertad). Siendo posible que por su edad lo recluyan en el
Hospital Militar o en un regimiento, pero en calidad de detenido. Por otra
parte, una vez desaforado, aunque sea sólo por uno de los procesos
iniciados -en este caso el de la Caravana de la Muerte-, Pinochet puede ser
juzgado por todos los procesos que existen en su contra, los que hoy suman
más de 110 querellas criminales.
SOBRE LOS EXÁMENES MÉDICOS, base de las maniobras para impedir el proceso y
sentencia, éstos no se pueden realizar si no comienza el proceso. El Código
de Procedimiento Penal establece que debe ser sometido a dichos exámenes el
procesado. Pero lo importante de esto es el efecto jurídico que producen
éstos: si comprueba que hay algún nivel de enajenación mental (locura,
demencia, dificultad para usar las palabras que utiliza el Código) temporal
o definitiva, el sobreseimiento será también temporal o definitivo, por las
citadas enajenaciones, exclusivamente. Estar enfermo no es en sí un
elemento que permita absolver o perdonar a nadie. La defensa de Pinochet
invocará estas razones de salud para impedir sea procesado. Si fracasa como
debe ocurrir, ya estando procesado, pedirá que se aplique de inmediato la
amnistía. Tal petición también está condenada al fracaso porque la Corte
Suprema los últimos estos años ha estado exigiendo la reapertura de
procesos que estaban amnistiados sin haber existido procesados ni
investigación. Lo que manda la ley, y reafirma la jurisprudencia de la
Suprema, es que debe agotarse totalmente la investigación. Tampoco la
invocación de un juicio político en vez de judicial no resiste ningún
análisis: al promulgar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional, impuesta por la Junta Militar (febrero de 1990), han impedido
hasta el presente toda posibilidad de realizar un juicio político a la
dictadura.
EL DESENLACE FINAL NO ESTA EN LOS TRIBUNALES, sino en las correlaciones de
fuerzas que podrían configurarse ante el desafuero. El gobierno de la
Concertación se define más claramente. Lagos, en su discurso del 21 de mayo
enfatizó su apoyo a la "mesa de diálogo" y a los acuerdos que adopten los
personeros castrenses y los abogados del oficialismo. Esa "mesa", que es
realmente una vía alternativa a la jurídica, podría adquirir una gran
importancia si la Concertación y su gobierno avanzan en compromisos con las
cúpulas militares y la derecha de soluciones "políticas" que signifiquen
"límites aceptables" de impunidad y término de los actuales procesos a los
"hombres" de Pinochet. A "eso" le llamarían "cierre de la transición". Como
tampoco es descartable que tales acuerdos consideren pactadas reformas
parciales de la institucionalidad dictatorial. A tales objetivos apuntan
singulares declaraciones. En efecto, el presidente del Senado, Andrés
Zaldívar, recordó que los fallos no son oficiales mientras no sean firmados
y que hasta que eso suceda los magistrados pueden cambiar de opinión.
Además, aclaró que "Pinochet vería suspendida su calidad de senador y su
fuero, pero esto es apelable a la Corte Suprema y la Corte Suprema dará la
última palabra al respecto", dijo. Además, señaló que el diálogo con la
derecha está suspendido en materias políticas hasta que la mesa de diálogo
entregue sus resultados y se conozca "la resolución del tema Pinochet". Así
dejaba abierta la invitación a una negociación DD. HH por reformas
políticas. Por su lado, el presidente del PPD, Guido Girardi, a pesar de
afirmar que no aceptará ninguna negociación política que signifique
sustraer al ex gobernante militar de la justicia, aseguró que el PPD está
dispuesto a un "gesto humanitario" que signifique determinar razones de
salud para que Pinochet no llegue a prisión, mientras exhortaba a las
cúpulas castrenses a actuar "con compasión" y colaborar en la
reconstitución de los hechos que llevaron a la desaparición de personas
durante la dictadura. Asimismo, el abogado Héctor Salazar (PPD y miembro de
la mesa de diálogo), dijo: "Este país no resiste vivir con mil cadáveres
debajo de la alfombra.... " Omitía que la espúrea mesa que integra, no sólo
puede ser una alfombras sino también la tumba legal que oculte los crímenes
de la dictadura A su turno, la directiva del PS declaró que la "tupida
red" de resguardos institucionales y la propia incorporación del general
(r) Pinochet al Senado no lograron cumplir con el propósito definido de
"asegurar la impunidad" del ex gobernante. Dejaba bajo la alfombra su
participación en la aceptación negociada de tal "red" y la acción de sus
militantes "cancilleres" (Insulza y Valdés) en la defensa del ex dictador.
PARA LA DERECHA, PINOCHET ES OBJETO DE "PERSECUCIÓN POLÍTICA. Al respecto,
la UDI, por intermedio de Pablo Longueira, sostuvo que el proceso está
absolutamente politizado, mencionando el hecho de que los tribunales están
investigando hechos falsos como es sostener que los detenidos desaparecidos
están vivos. Asimismo, insistió en que se está desconociendo la Ley de
Amnistía y los tratados internacionales sobre el debido proceso, incluido
el hecho de que no está en condiciones de salud para defenderse. Mientras
que para RN el fallo en favor del desafuero se basa en consideraciones
políticas y no jurídicas. Por lo cual, Alberto Cardemil demanda al Gobierno
asumir su responsabilidad en la necesidad de cerrar la transición y por
ello, insiste en su propuesta de buscar una solución político-jurídica al
tema de los DD. HH, incluido el juicio a Pinochet. Ante tantas declaraciones
conciliadores, Augusto Pinochet Hiriat, hijo del ex dictador, no descartó
la intervención de Lagos, para encontrar una salida política a la situación
que afecta a su padre. En efecto, dijo: "yo entiendo que el Presidente
Lagos tiene las atribuciones suficientes y, en un determinado momento, va a
tener que intervenir con un corte político, porque lo que se está creando
es una semilla de una separación profunda y cuando un país crece con una
semilla de este estilo puede llegar a resultados, como fueron el 11 de
septiembre". Y, repitiendo las clásicas frases de Lavín y Lagos durante la
campaña presidencial, agregó: "Para que un país se reconcilie, para que un
país vuelva a funcionar, tiene que olvidar las heridas hacia atrás".
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.Ramón@numerica.it
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