Política
y Derechos Humanos
Politique
et droits de la personne
Politics
and Human Rights
Tlahui-Politic No. 1, I/1996
INTRODUCCIÓN A LA LISTA DE CASOS DE VIOLENCIA EN MÉXICO. 1988-1994
Mario Rojas Alba
Presentación
Montreal, Quebec, Canadá,
mayo de 1995. Los derechos fundamentales han tenido una larga tradición
de violaciones en la historia de México. Al interior de esta continuidad
represiva en contra de los movimientos sociales y políticos, la
tortura ha estado siempre presente como práctica corriente por parte
de las diferentes policías constitucionales o anticonstitucionales
que operan en México. En efecto, independientemente de la creencia
política o religiosa, los policías han ejercido la tortura
contra la mayor parte de los ciudadanos que desgraciadamente caen en sus
manos. Las prisiones no cumplen con los señalamientos internacionales
en materia de protección de los derechos humanos de los presos,
las cárceles mexicanas están plagadas de prisioneros con
procesos judiciales irregulares y violatorios tanto de los convenios internacionales
como de las propias leyes mexicanas.
Existe también la
violación permanente y constante de los derechos fundamentales de
los diferentes grupos étnicos, de las mujeres y de los niños.
A partir del gran movimiento de insurgencia electoral de 1988, el panorama
de la situación de los derechos humanos en México se ha modificado
relativamente. En general la situación ha empeorado en la misma
medida de la inconformidad popular ante los fraudes electorales y el fracaso
de la política económica. En buena medida la política
económica mexicana ha sido planificada desde Washington, el triunfo
electoral de B. Clinton despertó la esperanza ante la posibilidad
de un giro en favor de los derechos humanos y laborales, pronto la nueva
administración americana decepcionó cuándo el gobierno
californiano endureció su legislación contra los inmigrantes,
alentó similares iniciativas en otros estados y a nivel federal,
recortó drásticamente los programas sociales dejando en situación
difícil las condiciones humanas de los inmigrantes y minorías
étnicas.
La postulación de
que la privatización a ultranza de la actividad económica
mexicana sería la única vía del progreso y la convicción
de que la modernización apoyada en la inversión extranjera
permitiría a los mexicanos entrar en mejores condiciones de competitividad
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), fueron
en esencia los principios rectores que salinismo implantó a marchas
forzadas, para ello tuvo que imponer radicales modificaciones a la Constitución
y a la normatividad jurídica nacional. Algunos de los Artículos
modificados, como el 27, habían sido el resultado de fuertes y tensas
negociaciones entre los grupos revolucionarios de 1910, su modificación
ha facilitado la irrupción de la violencia armada y ha puesto al
país al borde de la guerra civil generalizada.
El fraude electoral
en las elecciones federales de 1994, así como el surgimiento y persistencia
del Ejército Zapatista de Reconstrucción Nacional (EZLN),
ponen de manifiesto la contradicción del movimiento popular que
busca la mejor alternativa para el cambió democrático, la
disyuntiva es entre la vía armada o la electoral, ambas han demostrado
su ineficiencia, pero ninguna de las dos han sido tampoco agotadas. El
PRI-gobierno no ha salido bien librado de la guerra sucia contra la oposición
popular, inició combatiéndola a sangre y fuego, para terminar
devorándose así mismo por el monstruo narcopolítico
que generó en sus entrañas.
La crisis política
y económica produjo la devaluación y terminó por consolidar
un clima de incertitud, de violencia, de desconfianza, y de inconformidad,
ambiente nada favorable al respeto de los derechos fundamentales. La represión
en todas sus formas crece cada día, como respuesta desesperada y
metódica del partido de estado en contra de la población
en general y en especial en contra de todo aquel ciudadano que se oponga
a la política del grupo en el poder.
Las listas de casos
recopilados no son exhaustivas, ni logran presentar la totalidad de los
casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en México,
es apenas una aproximación a la situación nacional en términos
generales como particulares. La lista fue obtenida del Banco de Datos de
Mario Rojas, quien a su vez la recopiló después de revisar
numerosas fuentes documentales, hemerográficas, y testimonios. En
tanto que juez y parte, el gobierno mexicano es culpable hasta no demostrar
lo contrario. La recopilación de casos intenta mostrar a la opinión
pública la situación actual de los derechos humanos, así
como dar los principales elementos fundamentales que conforman el perfil
de la represión durante el sexenio salinista.
Criminalidad electoral
Entre 1988 a 1994 se registraron
1252 actos de violencia relacionados con los procesos electorales y la
militancia política, de los que resultaron muertos 332 personas.
En la muestra, la cantidad de asesinatos y los casos de violencia manifiestan
cierta sincronización, ambos crecieron en 1990 (85 asesinatos y
265 actos de violencia), descendieron en 1991, para crecer de manera sostenida
entre 1992 (62 asesinatos y 312 actos de violencia) y 1993 (80 asesinatos
y 290 actos de violencia). En el período de 1988-1994, según
la muestra, cada año: 47 personas fueron asesinadas y 179 sufrieron
diferentes tipos de violencia, a causa de las elecciones y la actividad
política.
Violencia contra los periodistas
Durante el sexenio de Salinas
Degortari 32 periodistas fueron asesinados, junto a las estadísticas
del sexenio precedente, sumaron 70 periodistas muertos, es decir 5.8 asesinatos
por año. De la lista total de 176 periodistas que sufrieron actos
de violencia: hubo 56 casos de agresiones y o tortura; 55 sufrieron de
atentados criminales con armas de fuego u otros medios; 54 sufrieron algún
tipo de amenaza; 40 fueron víctimas de robos, daños a su
propiedad o de juicios parciales; 20 fueron secuestrados o encarcelados
de manera arbitraria; 15 padecieron el allanamiento de su morada y 7 fueron
víctimas de accidentes sospechosos.
Violencia en general
Se recopiló la información
correspondiente a 2260 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos
entre los años de 1988 y 1994, entre ellos 702 asesinatos relacionados
con la actividad política, la lucha social y con los conflictos
de narcotráfico. La muestra de casos que aquí se presenta
constituye apenas la punta del iceberg de la represión en México.
Conclusión
Las presiones que los gobiernos
estadounidenses de Reagan y Bush realizaron para que el gobierno mexicano
desarrollara el capitalismo salvaje y acelerara el proceso de integración
económica y comercial con el Norte, generaron múltiples focos
de tensión política y social. Para resolver las contradicciones,
el PRI-gobierno ha implantado una verdadera guerra sucia en contra de los
grupos e individuos que se oponen a la política del sistema. Por
la cantidad de sangre derramada, destacan dos fuentes de conflicto: la
lucha por la democracia y el narcotráfico.
Es urgente el cambio
de relaciones entre México y los EUA, con el establecimiento de
un clima de respeto mutuo, de no injerencia en los asuntos internos y sobre
todo de relación verdaderamente fraterna en el reconocimiento de
las diferencias, Canadá debería colaborar en una iniciativa
de ese tipo. Por otra parte, es indispensable proteger las luchas democráticas,
tanto en lo electoral como en lo social hasta la disolución pacífica
de la dictadura de partido único. La democracia no podrá
desarrollarse sin el establecimiento de un sistema de partidos, con respeto
a la libre asociación sindical, con alternancia pacífica
del poder y con un régimen verdaderamente republicano fundamentado
en la propia experiencia e idiosincrasia del pueblo mexicano.
El Tratado de Libre
Comercio con América del Norte deja sin atención la protección
de los derechos humanos, laborales y ecológicos. En los términos
en que se ha aprobado tendrá un impacto negativo en los tres países,
el crecimiento del desempleo y los conflictos de emigración-inmigración
serán algunas de las constantes indeseables. Se reconoce que los
acuerdos paralelos mejoran el contenido pero no corregirán el impacto
negativo. No podrá haber un verdadero desarrollo económico
y comercial, sin pasar primero por la democracia, los proyectos que no
toman en cuenta los derechos políticos, sociales, ecológicos
y humanos, no tienen por principio y no podrán de hecho aportar
el bienestar para los pueblos.
En cuanto a la lucha
contra el narcotráfico, las cifras demuestran que la violencia es
cada vez mayor al igual que el tráfico y el consumo. La realidad
es contundente: la violencia del Estado no ha resuelto el problema, por
el contrario lo ha empeorado, a la violencia se ha respondido con más
violencia en un círculo vicioso que crece y parece no terminar.
La cantidad de muertes y actos violentos entre policías, narcotraficantes
y ciudadanos inocentes obliga a una reflexión profunda y serena.
La solución a los problemas del narcotráfico y la drogadicción
debe buscarse científica y políticamente, con respeto, pero
sin prejuicios de carácter moral o religioso.
La ideología puritana
como política del Estado ha fraccionado al mundo en buenos y malos.
El maniqueísmo de la sociedad occidental ha tansformado la lucha
contra el narcotráfico en una guerra santa, en una verdadera cruzada
que ha hecho de los policías los guerreros de la luz y de los narcotraficantes
los infieles de la noche. En ese combate colosal entre los buenos y los
malos, la sangre de los inocentes ha corrido a raudales. El gobierno de
los Estados Unidos ha presionado terriblemente al de México para
que combata el narcotráfico y en el afán de quedar bien con
su vecino del norte, Salinas asesinó, torturó y encarceló
legal o arbitrariamente a miles de campesinos, que por sus condiciones
de miseria han aceptado las atractivas ofertas de trabajo con los narcotraficantes,
quienes a su vez tienen un gran mercado de consumidores en crecimiento.
La comunidad científica y la sociedad entera tendrán que
tomar el problema en sus manos para encontrar una solución diferente
a la del combate violento.
Recomendaciones
1. Con el objeto de mejorar
la situación de los Derechos Humanos, la Sociedad Mexicana, toda
entera, y con la solidaridad de la canadiense, deberá involucrarse
en un esfuerzo formidable de acción y de consciencia, en las tareas
de promoción, vigilancia y defensa de los derechos fundamentales.
Se deberá fortalecer y mejorar el trabajo de los organismos no gubernamentales,
de las organizaciones sindicales, de los artistas e intelectuales, en materia
de Derechos Humanos.
2. Como signatario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Gobierno Mexicano
debe ser reconvenido para que los derechos y las libertades establecidos
en esta Declaración se hagan plenamente efectivos en su territorio.
En particular, el Gobierno Mexicano deberá restablecer la soberanía
y respetar la voluntad del pueblo mediante la realización de elecciones
auténticas, con respeto al sufragio universal y secreto, así
como permitir que los organismos electorales funcionen de manera autónoma
al partido del gobierno.
3. El Gobierno Mexicano deberá
respetar el derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y a asociarse
de manera libre. No obligará a los trabajadores a pertenecer a ningún
partido, en todo momento deberá respetarse la libertad de asociación
y de reunión.
4. El Gobierno Mexicano,
en acuerdo con el Canadiense y Estadounidense, deberán incluir en
el TLCAN, las cláusulas necesarias para garantizar la protección
de los derechos laborales, humanos, ecológicos y culturales de los
ciudadanos. El libre comercio del TLCAN deberá contener cierta dosis
razonable de responsabilidad social y de proteccionismo entre los tres
países.
5. El Gobierno Mexicano debería
desarrollar un modelo agrícola de producción intensiva, que
permita el aprovechamiento de la mano de obra abundante, de la gran variedad
de microclimas y de las tecnologías tradicionales apropiadas. Para
reducir la violencia en el campo, es urgente rescatar el espíritu
original del artículo 27 de la Constitución, para restablecer
la existencia bien definida de los dos tipos de propiedad: la propiedad
privada y la colectiva.
6. Una reforma en el poder
judicial es necesaria, la separación de los poderes republicanos
debe ser de hecho y de derecho. El ejecutivo federal y su partido deberán
alejar sus intereses políticos en el nombramiento y control de las
funciones de los Magistrados, Jueces, y Ministerio Público. Las
policías deben de delimitar claramente sus funciones y jurisdicción,
la Policía Judicial Estatal o Federal, deberá depender y
estar siempre bajo el control del Ministerio Público respectivo.
7. Gobierno y Sociedad deberán
asumir e impulsar una nueva cultura de respeto a los Derechos Humanos,
de combate a la impunidad a todos los niveles. El Gobierno deberá
asumir la responsabilidad de la reparación del daño, en los
casos de violencia cometidas por los miembros del gobierno y funcionarios
públicos. Asimismo implementará un programa de rehabilitación
de las víctimas y de protección a los testigos.
8. Para combatir la drogadicción
y el narcotráfico nacional e internacional, se sugiere que el problema
sea estudiado objetivamente y sin prejuicios de carácter religioso,
por la comunidad científica y las sociedades implicadas en el problema,
con el objeto de encontrar soluciones de control social no violentas. La
legislación en materia de comercio y consumo podría aportar
puntos de solución de primera importancia.
9. El Gobierno deberá
reconocer y respetar los procedimientos internacionales para la protección
de los Derechos Humanos. Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, asimismo deberá reconocer
la competencia del Comité contra la Tortura de la ONU, y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Fuentes
Las fuentes más utilizadas
para la elaboración de las listas, tienen dos orígenes: los
testimonios de las víctimas y las fuentes documentales que a su
vez se subdividen en: expedientes judiciales, reportes de organismos especializados
en Derechos Humanos y abundantes notas hemerográficas. Algunos de
los reportes y fuentes hemerográficas consultados con mayor frecuencia,
son los siguientes:
[1] Comisión Nacional
de Derechos Humanos. Reportes anuales: 1992,93 y 94 . México.
[2] Mario Rojas Alba. Las
Manos Sucias (Los Derechos Humanos en México, 1988-1994).
Editorial Grijalbo. México, 1995, págs 480.
[3] CDH Fray Francisco de
Victoria OP, A.C. Revista JYP (Justicia y Paz). Miguel Concha
Malo, Presidente del Consejo Directivo. México, números de
los años 1989-1994.
[4] Amnistía Internacional.
México, Tortura e impunidad. EDAI. Reino Unido, 1991,
págs. 55
[5] Secretaría de
Derechos Humanos del PRD. En defensa de los Derechos Humanos.
Grupo Parlamentario, México, 1994, págs. 316, cuadros y gráficas.
[6] Semanario de información
y análisis: Proceso. Julio Scherer García,
Director. México, números de los años 1988-1994.
[7] Revista Filo Rojo.
José Reveles, Director. México, números de 1991-1993.
[8] Diario La Jornada.
México, años 1988-1994.
[9] Diario El Financiero.
México, años 1988-1994.
[10] Americas Watch Report.
Human Rights in Mexico. A Policy of Impunity. USA, 1990.
pp. 89
[11] Inter-Church
Committee on Human Rights in Latin America. Reports of Human Rights
Violations in Mexico: 1992, 1993, 1994. Toronto, Ontario, Canada.
[12] RNOCDH Todos los Derechos
para Todos. La impunidad persistente (Informe de la Red Nacional
de Organismos de Derechos Humanos, abril de 1993). México, 1993,
págs. 46
[13] CPDH Fray Bartolomé
de las Casas. En la ausencia de justicia (Informe semestral,
Julio a diciembre de 1993). Chiapas, México, 1994, págs.
60
[14] Secretaría de
Derechos Humanos del PRD. Violencia y represión en México
(diciembre 1989-junio 1990). México, julio de 1991, págs
46
[15] Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. Memorias
y documentos, 1992 y 1993. México.
Abreviaciones y acrónimos
Mensajes para nuestros amigos
Regresar al índice de Tlahui-Politic No. 1