El caso de la guardería ABC de Hermosillo
Por: Mario Rojas
El 2 de junio del 2010, Felipe Calderón publicó el decreto que declara al 5 de junio (día en que ocurrió el incendio de la guardería ABC, falleciendo 49 niñas y niños, y 75 pequeños lesionados), Día de Luto Nacional. Mientras tanto, Calderón protege a los propietarios de la guardería ABC, y a los funcionarios implicados, apoyando así la impunidad que alcanza cifras escandalosamente superiores al 80%.
Otros ya han documentado, denunciado, y comentado lo suficiente sobre las relaciones familiares y tráfico de influencias en las concesiones de guarderías. Los tres propietarios de la guardería ABC (y de otras más), según un video difundido profusamente en la internet, son parientes de Felipe Calderón o del exgobernador sonorense Eduardo Bours, además de tener nexos con los entonces candidatos del PAN y del PRI a la gubernatura y a una alcaldía de Sonora.
Se dice que una de las propietarias, Sandra Lucía Téllez Nieves, es sobrina del exgobernador de Sonora de Eduardo Bours y esposa de Alfonso Escalante Hoffer, exsubsecretario de ganadería de Sonora, y cuñada de Gildardo Francisco Urquides Serrano; otro de los propietarios, el mismo Gildardo Francisco Urquides Serrano, era Secretario de Finanzas del PRI de Sonora y pariente de Elías Serrano, excandidato a la gubernatura de Sonora por el PRI; finalmente, la tercera propietaria, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, en el video se le señalaba como sobrina de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón Hinojosa.
¿Alguien dudaría que los familiares y amigos de funcionarios del primer nivel se han enriquecido con negocios realizados en el marco del tráfico de influencias, licitaciones y contratos directos o amañados, en prejuicio de la Nación? Me atrevo a decir que el 99% de las fortunas amasadas por los políticos mexicanos fueron mal habidas, producto del enriquecimiento ilícito de los funcionarios que dicen “sacrificar sus vidas sirviendo al pueblo mexicano”, cosa que nadie se los cree.
Es de esperarse que los responsables, incluyendo a Juan Molinar Horcasitas (entonces director del IMSS), quedarán en plena impunidad, y no habrá justicia para las infortunadas familias que sufrieron la pérdida de sus hijos. En un hecho plausible (aunque no suficiente) y que desentona con la complicidad de Felipe Calderón, Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día 3 de junio entregó al pleno de la Corte, un valiente proyecto de dictamen sobre la “probable violación grave de garantías” que produjeron el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. El documento menciona como responsables al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo; al actual director del instituto, Daniel Karam; además involucra en los mismos hechos de responsabilidad a 14 funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno. Es de aclarar que, de aprobarse, en el mejor de los casos, la “responsabilidad” a que se refiere dicho proyecto, es de tipo moral o política, ya que la decisión de la Corte, en este caso, no sería “vinculatoria”, lo que significaría que ninguna autoridad estaría obligada a iniciar procesos judiciales (ni de ningún tipo) contra los responsables involucrados, en términos llanos, sería un simple “regaño” (que poco les importa) para los criminales responsables, pero, de hecho y de derecho, todos los involucrados continuarían en plena libertad, léase, en completa impunidad para continuar delinquiendo.
Impunidad y oligarquía mexicana
¿Por qué ocurre todo esto? Para entenderlo sería suficiente que los ciudadanos dejaran de ver un poco la caja idiota de la televisión, y que por un instante apagaran la radio con los programas dirigidos por locutores vendidos, para leer y pensar un poco sobre la “anatomía y fisiología de la oligarquía nacional”. Para empezar, si usted piensa que en México tenemos un gobierno del pueblo y para el pueblo, será mejor que no lea esto y continué con su pueril ingenuidad. Ciertamente, antes que otra cosa, debe entenderse que son los ricos y los poderosos los que gobiernan el país, y que, mediante los medios masivos manipulan y tripulan el cerebro de millones de mexicanos de clases medias y pobres, para que los sostengan, aprueben, y respalden todas sus iniciativas y actos de gobierno.
La oligarquía, la defino parafraseando los textos constitucionales, como el “gobierno de, por, y para los ricos”, en México se compone de unos cinco mil individuos de carne y hueso que hacen y deshacen todo lo que quieren con el país.
Se subdivide en cinco subgrupos oligárquicos:
1.- Los medios de desinformación pública, tal vez unos quinientos periodistas, locutores, periodistas que trabajan (con sus notables excepciones) servilmente a favor de los poderosos en los principales medios de difusión masiva.
2.- Los monopolios, unas trescientas personas propietarias de las grandes empresas establecidas en el país.
3.- La iglesia, específicamente el alto clero, la mayoría de los obispos, arzobispos y demás elementos de la jerarquía eclesial, unas 100 personas.
4.- El ejército, igualmente me refiero a la mayoría de los altos mandos, aunque algunos han manifestado cierta dignidad, finalmente sirven a los intereses oligárquicos.
5.- Los partidos, también me refiero a la clase política de todos los partidos políticos sin excepción, conformada por unas 4000 personas, las mismas que ocupan los puestos mas altos de gobierno en los tres poderes federales y estatales, conforman las dirigencias del sindicalismo charro y de los partidos políticos.
Aunque es un grupo pequeño, la oligarquía se ha apropiado de la mayor parte de las riquezas materiales y espirituales (culturales) de la nación, despojando de las mismas a las grandes mayorías populares, compuesta por: las clases medias (unos 10 millones de mexicanos); la clase trabajadora, obrera o campesina (unos 30 millones), y las clases marginadas, desempleados, e indígenas (unos 45 millones de mexicanos).
Un principio sagrado entre los miembros de la oligarquía es la unidad, y apoyo mutuo (es decir la complicidad), para defender sus intereses particulares. Con sus variantes de un país a otro, las oligarquías mantienen una unidad férrea en defensa de sus riquezas y privilegios, derivados del ejercicio del poder absoluto. Excepcionalmente algunos de sus miembros pueden asumir la defensa de las clases oprimidas, mucho más raro es que algún grupo (político, militar, o religioso) de la oligarquía determine proteger los intereses de las grandes mayorías pobres. Los momentos revolucionarios surgen, precisamente de escisiones o divisiones coyunturales al interior de la oligarquía, sea por conflictos dé interés entre ellos, o por la toma de consciencia de algunas personalidades que la integran.
Oligarquía y sus aliados de primera línea
Esos 5000 miembros de la oligarquía mexicana, tienen numerosos sectores aliados, uno de ellos recibe beneficios económicos y privilegios directamente de quienes ejercen el poder, formando parte de los empresarios medios, y clases medias-altas, los familiares, amigos, lambiscones, periodistas (jilgueros y chayoteros, como se conocen en el argot periodístico), esbirros, y demás carroñeros de la política, alrededor de un millón de personas conforman ese nutrido sector de mexicanos contentos con el régimen. En su mayoría pésimos empresarios y comerciantes fracasados, pero excelentes explotadores del tráfico de influencias, aquí algunos magníficos ejemplos: la familia de Fernández de Cevallos (y él mismo); recordemos al hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari; a los hijos de Martha Sahagún; a los Canales Clarión; los parientes de Margarita Zavala, etc., etc.
Los tres propietarios de la guardería ABC pertenecen a este sector de carroñeros de la política y del tráfico de influencias. Aprovechando las relaciones familiares, de amistad, reciben trato preferencial para obtener todo tipo de contratos y concesiones para enriquecerse de la noche a la mañana con un mínimo de inversión, sin riesgo de capital, y muchas veces consiguiendo préstamos a réditos bajísimos (que ni siquiera pagan) e incluso a fondo perdido con recursos de los contribuyentes mexicanos. Una simple puerta de seguridad, con un costo de 60 o 70 mil pesos, hubiera salvado la vida a los niños durante el incendio de la guardería ABC, en su avaricia por la ganancia fácil, los propietarios nunca lo quisieron hacer. Lo grave de todo es que el IMSS ha otorgado y continúa dando, a ese sector de amigos y familiares de políticos, marginando al mismo tiempo a los verdaderos empresarios que podrían invertir más recursos y establecer guarderías con servicios de mayor calidad, calidez y seguridad.
Los poderes oligárquicos no aplicarán la ley, ni ahora, ni nunca contra ellos mismos ni sus aliados más cercanos. Por eso mismo continuarán golpeando y reprimiendo vilmente a los trabajadores del SME que resisten, a los maestros de la CNTE, opositores y críticos del sistema; pero no, de ninguna manera contra sus aliados, los funcionarios y propietarios criminales responsables de las muertes por el incendio de la guardería ABC. ¡Ojalá me equivoque!