SCJN cortesana frente al Ejecutivo
Sofismas y prejuicios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Por. Mario Rojas A.
Al discutir el amparo presentado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en contra del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exhibió sus prejuicios y parcialidades a favor de los pillos que hoy manejan el Poder Ejecutivo Federal. Violentando el Artículo 100 constitucional, mismo que obliga a los Consejeros magistrados a ejercer “su función con independencia e imparcialidad”, el SCJN se limitó a analizar la constitucionalidad del Decreto de extinción de LyFC, para determinar tendenciosamente “por unanimidad de votos, que dicho acto está reconocido como una facultad del titular del Poder Ejecutivo Federal, tal como lo proponía el proyecto del ministro ponente Juan N. Silva Meza”.
La SCJN discutió con parcialidad dolosa, de principio a fin los magistrados tenían como designio anticipado o prevención en favor del ejecutivo federal y en contra del SME, desoyendo argumentos de los trabajadores, omitiendo el análisis del contexto y de los fines políticos espurios y violatorios de garantía que motivaron el decreto, todo esto dio por resultado una resolución que falta a la neutralidad y que no asegura rectitud en el modo de juzgar o de proceder, en fin, un producto amañado sustentado en razonamientos o argumentos falsos con apariencia de verdad, para apoyar el engaño y persuadir a los ignorantes de la justeza de los actos de gobierno.
Los magistrados niegan su obligación de trabajar por la justicia, por lo que es justo. Contradicen su responsabilidad de actuar y velar para que en la Nación, todo sea arreglado y sea obra según justicia y razón. Lejos de actuar como altos dignatarios del Estado encargados de la administración de justicia, se han asumido como legalistas de pacotilla o leguleyos de baja ralea. El Diccionario de la Lengua Española los define muy bien: el legalista “antepone a toda otra consideración la aplicación literal de las leyes”; y leguleyo, “persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente”. Veamos si no eso ocurre más que literal en el caso de las acciones fascistas de Felipe Calderón en contra de los trabajadores electricistas, ahora con el aval y el desentendido alevoso de la SCJN.
¿Puede el ejecutivo federal extinguir caprichosamente a LyFC?
Sin justificaciones administrativas válida científicamente.
Sin probar ineficiencias y corrupciones de los trabajadores de LyFC.
Sin presentar una propuesta concreta para hacer eficiente a la paraestatal.
Sin demostrar que CFE es más honesta y mejor administrada que LyFC.
A sabiendas de que el consumo de electricidad es y continuará siendo indispensable.
Con la certeza de que la fuente de trabajo no desaparece, únicamente podría cambiar de nombre (CFE).
Conociendo que el SME es mucho más democrático que el SUTERM.
Sabiendo que el SME ha sido un defensor consecuente de la electricidad como riqueza nacional.
Nadie niega que el ejecutivo federal tiene la facultad de desaparecer a LyFC, eso no es el punto central del problema, aunque los leguleyos de la SCJN únicamente hayan discutido y resuelto sobre eso, el verdadero asunto, la litis (disputa, conflicto, pleito) principal, es sobre todo el por qué, para qué, y el cómo, es que se debió y se debe actuar en un proceso de extinción de una paraestatal, en beneficio de la población y sin violentar los derechos fundamentales de los trabajadores. La sociedad civil esperaba que la SCJN pudiera poner un alto a la prepotencia y comportamiento arbitrario y violatorio de los derechos constitucionales, por parte del Ejecutivo Federal. Aquí los cuestionamientos concretos donde la ciudadanía esperaba, ingenuamente, una intervención de la Corte:
¿El derecho del Ejecutivo para extinguir LyFC, lo justifica para?
Sin orden judicial, desalojar violentamente a los trabajadores de LyFC de sus puestos de trabajo.
Primero tomar las instalaciones de LyFC y horas después decretar la extinción de la paraestatal.
Desconocer la representación sindical de los trabajadores electricistas.
Dejar en sin defensa legal a los trabajadores del SME.
Ignorar y violentar al contrato colectivo de trabajo del SME con LyFC.
Usar fondos del erario para pagar una campaña infamante contra los trabajadores del SME.
Despedir injustificadamente a miles de trabajadores electricistas.
Utilizar nuestros impuestos para dividir y obligar a los trabajadores a recibir la indemnización.
Utilizar los registros del IMSS para estigmatizar a los trabajadores del SME ante otros empleadores.
Agredir a los trabajadores, mientras se protege a los altos funcionarios corruptos de LyFC y de la Secretaría de Energía.
Hacer tratos tras bambalinas con los charros del SUTERM para entregarles las áreas de trabajo del SME.
Entregar discretamente la concesión de la fibra óptica a Televisa y otros depredadores aliados.
Contratar ilegalmente a empresas privadas para mantener los servicios eléctricos en las áreas del LyFC.
Etc., etc…
Únicamente un imbécil o un cínico no puede o no quiere ver todo lo sucio, ilegal, e inconstitucional del proceso. Los hechos conocidos por la opinión pública son ignorados de tajo por la SCJN. Si la pandilla de Felipe Calderón y Javier Lozano tuvieran buenas intensiones (eso sería como pedirle peras al olmo), hubieran primero presentado a la Nación, un diagnóstico de la situación administrativa de la LyFC, demostrando los aspectos ineficaces y corruptos (que seguramente los había). Si había evidencias contundentes, se deberían de haber presentado las demandas respectivas para someter a juicio a los funcionarios y trabajadores responsables de tales actitudes delictivas. Al mismo tiempo debió presentarse el proyecto para corregir todas las supuestas deformidades, con su respectivo decreto de extinción sin violentar los derechos constitucionales de los trabajadores ni de terceros; el contrato colectivo del SME debió ser respetado desde el principio; y propiciar todo para que la CFE pasara, en automático, a funcionar como el patrón sustituto del SME.
Pero eso no fue así, las intenciones son otras muy diferentes a la cantaleta demagógica por la eficiencia administrativa y anticorrupción en LyFC. Parodiando a la Chimoltrufia, Felipe Calderón “como dice una cosa, hace otra”. De la misma forma que, bajo el pretexto de la existencia de armas nucleares, Bush invadió Irak y así apropiarse de su petróleo; igual, bajo el pretexto de hacer eficiente la administración, Felipe Calderón decretó la extinción de LyFC para poder comenzar a privatizar la electricidad, concesionar la fibra óptica a sus amigos de Televisa, destruir al SME y dejar la plaza en manos de los charros del SUTERM, todo eso ahora con el aval o la vista gorda de la SCJN.
Los frutos podridos de la SCJN
Se supone que el fruto de la SCJN es la justicia, al menos ese es el producto que se esperaba al constituirse como uno de los poderes pilares de la República. Podrán darse todos los argumentos que se quieran y los silogismos más ingeniosos para afirmar que la Suprema Corte en realidad esta generando resoluciones y dictámenes justos. Premisas y argumentos basura dan conclusiones basura. Además de albergar a los funcionarios más caros (demasiado) del país, la SCJN está produciendo injusticia; con un lenguaje legaloide está validando las acciones abusivas e interesadas de los poderosos en contra de las clases oprimidas, de los campesinos y obreros; como distinguidos miembros de la oligarquía, esa es la verdadera función de los magistrados.
Los legos esperaríamos que los magistrados siquiera actuaran con honestidad y sentido común, y no con discursos engorrosos, huecos y leguleyos para justificar lo injusto. De saber y aplicar el refrán castellano: “obras son amores y no buenas razones”, los magistrados sabrían que son los actos de cada uno, y no las peroratas sofistas (en el sentido de los que se valen de sofismas para engañar), lo único que puede contribuir al bien de otro y de todos.
Uno esperaría que los magistrados estuvieran inmersos en las corrientes del pensamiento moderno y de vanguardia como la dialéctica y lógica difusa, pero no es así, su discurso prejuiciado está más atrasado que el positivismo y la lógica cartesiana, que la escolástica, e incluso que el pensamiento medieval y religioso de hace dos mil años. Sí al menos aplicaran algunos principios bíblicos, funcionarían con mejor justicia; “por sus frutos los conoceréis. Así también, todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego” (Mateo 7:16, y 7:20), de esa forma, la SCJN, como árbol que da frutos podridos, deberá destruirse para plantar uno nuevo que realmente sirva a la Nación.
Nueva Corte para una Nueva República
He insistido aquí, en buena medida como un clamor en el desierto, que México reclama una Nueva Constitución, y con ella el establecimiento de una Suprema Corte de Justicia de la Nación con objetivos más claros, integrada por juristas competentes y honestos que funcionen verdaderamente en el interés principal de los ciudadanos, de las mayorías oprimidas. Por si no lo saben, o lo quieren ignorar deliberadamente, el concepto de “igualdad ante la ley” (que ni siquiera eso respetan los magistrados) es un principio cuestionado de manera positiva, puesto que muchos pensamos -imbuidos por la dialéctica, el relativismo y la lógica difusa- que “tratar igual a los diferentes es un acto injusto”. Al actuar parcialmente en favor de Felipe Calderón y Javier Lozano y en contra del SME, el SCJN se comporta como un organismo cortesano al servicio del rey (como en la época medieval); la legislación vigente, producto de las revoluciones burguesas y liberales del siglo XVIII y XIX, dice que las personas son iguales ante la ley.
Como decía, cada vez más dudan de la justeza del principio de equidad ante la ley. En los hechos y en términos reales ¿Un campesino pobre es igual que un hacendado? ¿Un empleado de Televisa es igual que Emilio Azcárraga Jean?, ¿El SME es igual que Felipe Calderón?, ¿Tienen todos ellos los mismos recursos económicos para su defensa?, ¿Los jueces se comportan igual con ellos?, ¿La ley fue elaborada para protegerlos por igual? ¿Los medios los tratan con equidad?, ¡no, definitivamente no! Nadie puede negar que hasta hoy la gente pobre, los trabajadores, los de abajo, no tienen los mismos recursos para contratar a los mejores abogados, ni para interponer los recursos necesarios y suficientes, ni para resistir los largos y viciados procesos legales, con sus escasas excepciones los jueces se venden al mejor postor y los medios vituperan al desvalido. En el caso de Felipe Calderón y Javier Lozano, en su cruzada violenta contra el SME, las aberraciones legales son todavía peores, ellos funcionan como juez y parte, y el SCJN como su árbitro comprado.
Dada esa falsedad e hipocresía del supuesto principio de equidad ante la ley, algunos hemos propuesto que, en términos de derechos fundamentales vulnerados por los poderosos, las instituciones del poder judicial deben de garantizarlos y protegerlos partiendo de esa realidad de inequidad social, política, y económica en que se encuentran. Por ejemplo, cuando del derecho de un común se trate, este debe ser considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario; de manera diferente, cuando la autoridad y los potentados políticos, económicos, militares y religiosos, sean demandados por los comunes, “los poderosos deben ser considerados probablemente culpables hasta no demostrarse lo contrario”. Así y solamente así puede esperarse que sea la sociedad, el pueblo, y los comunes quienes realmente puedan recibir los beneficios de la justicia.