Sobre el SME, laudo prejuiciado de la JFCA
Por: Mario Rojas
Como se advertía desde mi nota anterior (Agresión legaloide al SME), en el caso del despido masivo e inconstitucional de trabajadores afiliados al SME, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ha estado fungiendo como juez y parte en contra de los trabajadores, de tal forma que se ha instituido en una autoridad parcial al servicio de los caprichos de Javier Lozano y Felipe Calderón.
Al desconocer los derechos laborales adquiridos por el SME, la JFCA violenta la Constitución, entre otros artículos, el 1º de nuestra Carta Magna, en donde se establecen las garantías de equidad y para no ser discriminado de ninguna manera, en el párrafo tercero del mismo artículo se puede leer con toda claridad: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
La JFCA trata diferente en lo individual, como en lo colectivo, a los trabajadores afiliados al SME que a los afiliados al SUTERM, proponiéndose despojar a los primeros de su fuente de trabajo, para entregarla a los segundos. ¿Por qué se le niegan los derechos al SME, mientras se les otorga al SUTERM? Eso se explica únicamente por la voluntad de aplicar una política discriminatoria por parte del Ejecutivo Federal. ¿Por qué en otros casos donde no desaparece la fuente de trabajo, tal y como ocurre con la electricidad, el cambio de nombre no implicó el despido masivo y la contratación de esquiroles? Un ejemplo entre varios que se podrían mencionar, el cambio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, por el de Secretaría de Salud, ahí la nueva institución se asumió de manera automática y de hecho en patrón sustituto frente al sindicato de esa institución, no hubo despidos masivos ni selectivos.
JFCA violenta la libre asociación sindical
La actitud discriminatoria y cínicamente violatoria de la Constitución, de la JFCA para justificar el despido masivo y negar la contratación de trabajadores afiliados al SME, agrede gravemente el derecho de libre asociación establecido en el artículo 9 donde se establece que “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”, en este caso, el Ejecutivo Federal (el dúo Calderón-Lozano) considera que únicamente es lícito pertenecer al SUTERM. De paso se desconoce cínicamente el derecho y libertad de formar sindicatos, tal como se garantiza en la fracción XVI del artículo 123 constitucional: “Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera; el derecho y libertad de formar sindicatos”. Con la interpretación mafiosa de la ley por parte de la JFCA, ahora los trabajadores podrán formar sindicatos únicamente si están bien y son incondicionales del Ejecutivo Federal.
La justicia no es posible con jueces parciales
La Constitución obliga a las autoridades a impartir justicia con imparcialidad, en el artículo 17 se establece con todo rigor que: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial“… “Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales”. Calderón, Lozano, y la JFCA han hecho lo contrario, aplicar la ley de manera facciosa y parcial en contra de los trabajadores.
De hecho y derecho, la compañía de LyFC, la CFE, la Secretaría del Trabajo, y la JFCA, son organismos pertenecientes o dependientes del Poder Ejecutivo Federal, por tal razón, la JFCA es juez y parte en el conflicto con el SME. ¿Alguien con dos dedos de frente, y un mínimo de honestidad, podría aceptar que el patrón sea al mismo tiempo el juez en un conflicto laboral? Esta perversión del derecho está ocurriendo, la JFCA en lugar de actuar en el sentido y espíritu para el que fue creada, actúa como patrón y juez parcial en contra del SME, el conflicto de intereses es evidente. En este caso los laudos de la JFCA no están haciendo justicia ni aplicando la ley con la imparcialidad que se debe, de tal forma que la litis debería ser atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una institución de dudosa imparcialidad, pero al menos, de manera formal es un organismo gubernamental constitucionalmente autónomo del Ejecutivo y Legislativo.
Calderón y Lozano, delincuentes
Antaño se decía que Dios otorgaba el poder a los reyes, así los monarcas podían hacer y deshacer lo que quisieran con su reino y la vida de sus súbditos, su poder era absoluto. La corriente conservadora ha querido mantener ese sistema de gobierno en toda la historia de México, recordemos a Agustín de Iturbide, como destruye la república para establecer su I Imperio Mexicano con el apoyo de la iglesia y los conservadores de aquella época; rememoremos a Antonio López de Santa Anna y su delirio despótico y centralista, igualmente sostenido por la iglesia y los conservadores; acordémonos de Miramón, Mejía, y demás conservadores que trajeron a Maximiliano para la aventura del II Imperio Mexicano; no es pues de extrañar que Calderón y Lozano añoren aquellas épocas de gobiernos despóticos y absolutistas, donde la ley era nada más y nada menos que el capricho del monarca (ahora enmascarado bajo el cargo de presidente).
Calderón y Lozano y secuaces quieren hacernos olvidar que las fuerzas progresistas de México, las mismas que lograron la constituciones de 1857 y 1917, establecieron la inviolabilidad de la Constitución, y las sanciones a los funcionarios delincuentes que la usurpen y la ignoren. El artículo 136 dice textualmente: “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta”. En la fracción III del artículo 109 se establece el castigo contra los infractores, no importa que se sientan reyes: “Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.
Ciertamente que, mientras el país esté gobernado por la oligarquía, y la partidocracia corrupta, será difícil que los funcionarios que violaron la Constitución sean sometidos a juicio. La clase política se cubre las espaldas, por ahora es imposible obligarlos a que se ajusten al ordenamiento constitucional, pero no debemos olvidar que la vida da sus vuelcos, no hay gobierno despótico para siempre ni pueblo que lo aguante, y no resulta imposible un día verlos sentados en el banquillo de los acusados por el pueblo y la historia, y aquellos que estén todavía en vida, verlos tras las rejas como lo que son, vulgares delincuentes, compartiendo celda junto a los narcos y criminales.
Más de una vez, la impunidad de los gobernantes incompetentes y despóticos ha levantado la ira del pueblo, recordemos una de las versiones sobre la muerte de Moctezuma II, que al no asumir la lucha contra los invasores españoles fue muerto a pedradas por la muchedumbre; igualmente, en la revolución inglesa contra el despotismo de Carlos I, rey de Inglaterra, este fue decapitado (1649); y en el contexto de la revolución francesa, los reyes de Francia Luis XVI y María Antonieta fueron decapitados en la guillotina (1793). Esperemos que el civilismo se imponga en México y que los gobernantes dejen de provocar la paciencia de la población. Todavía estamos a tiempo para que la SCJN asuma su funciones e impida que el Ejecutivo siga violentando nuestra Carta Magna.
