Por Mario Rojas
Desde una opinión completamente imparcial, en la guerra contra el narco el ejecutivo federal ha violentado de manera flagrante el orden constitucional. Los recientes acontecimientos de Michoacán (con la detención arbritraria de presidentes municipales y funcionarios estatales), y los de Morelos, ponen en evidencia la parcialidad política y legal del ejecutivo federal que busca la publicidad a favor de su partido en el poder, atropellando al mismo tiempo las garantías constitucionales, desconociendo la división de poderes, y violentando la soberanía de los gobiernos estatal y municipales. Felipe Calderón conduce al país a la autocracia, y pareciera que únicamente fuera válido su poder personal y que los demás poderes e instancias estatales y municipales hubieran desaparecido de tajo.
Felipe Calderón ha demostrado que carece de una estrategia inteligente contra el narco, tampoco se ha sustentado en la legalidad y mucho menos en la imparcialidad política e institucional; únicamente ha hecho uso de la “fuerza bruta” como queriendo matar moscas a martillazos. Los sucesos de Michoacán y Morelos tienen, al menos, tres puntos de vista críticos y sinérgicos de un “gobierno fallido”: la ilegitimidad de origen; las acciones inconstitucionales; y el uso parcial del poder.
Sobre la ilegitimidad de origen y el orden constitucional. Producto del “haiga sido como haiga sido”, con su cuñado manejando el programa (software) de cómputo, apoyado por los grandes empresarios, la mafia sindical magisterial, la iglesia, pero no por el pueblo (apenas el 21% de los electores mexicanos votaron por él, es decir, 15,000,284 de un padrón total de 71,374,373), de tal forma que, ni con todos los artificios y sofismas argumentales, se podría decir que su gobierno dimana del pueblo, el Artículo 39 de la Constitución no respalda su mandato, no obstante ahí está, ejerciendo el poder. Su origen espurio se transfiere a las personas del gabinete que él mismo ha designado, incluyendo a Fernando Gómez Mont, un abogado ultraconservador que funge como Secretario de Gobernación y desde ahí se considera con la autoridad y legitimidad suficiente como para atropellar a un alcalde o gobernador legítimamente electos.
Las acciones inconstitucionales. Como se cuestionó en la líneas anteriores, de manera precisa ¿un presidente ilegítimo y su secretario de gobernación tienen facultades constitucionales para atropellar a las autoridades municipales y estatales? No, definitivamente no, ni como ilegítimos, ni aún suponiendo que el ejecutivo fuera producto de un proceso electoral pulcro y ampliamente apoyado por el voto ciudadano, ni en este caso puede atropellar la Constitución. Revisando con todo detenimiento el Artículo 89 de la Constitución vigente, no se encuentra ningún ordenamiento textual o implícito que otorgue al ejecutivo la facultad de aprender y encarcelar a un alcalde, regidor, diputado local, o federal, o a cualquier miembro del gabinete estatal, tampoco a senadores ni gobernadores. Por el contrario, la Constitución es muy clara respecto a la división de poderes (Artículos 41 y 49), y de las instancias de poder soberano de los estados de la federación y de los ayuntamientos (todo el Título V). Los funcionarios electos de los ayuntamientos, poderes estatales y federales, antes de ser encarcelados primero tienen que ser sometidos a un juicio de procedencia (los procedimientos se especifican en el Título IV). Incluso, los ciudadanos que no ocupan un cargo de elección, están protegidos por las garantías constitucionales, y tienen derecho a un juicio imparcial y justo, todos ellos “son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario”.
De ninguna manera se quieran descalificar estas opiniones por alguna supuesta parcialidad de la nota, se advierte que el narco ha penetrado todas las estructuras del poder público, pasando por el gobierno federal, estatal y municipal, “ni a quien irle”, sin distingos, ningún ciudadano honesto y con dos dedos de frente podría meter la manos al fuego en defensa de la inmaculada acción institucional de cualquiera de ellos, dondequiera habrá personas dedicadas a luchar con toda entereza y honestidad contra el narco, pero, igualmente en todos ellos hay personal sospechoso o definidamente coaligado al tumor de la delincuencia organizada. Un buen parámetro para saber quién está más o menos ligado al narcotráfico lo es precisamente su comportamiento apegado o no al orden constitucional, y en este sentido, es el gobierno federal el que resulta más cuestionado, al igual que algunos gobiernos estatales. En conclusión, ninguno de los poderes federales, estatales, o municipales, pueden ni deben combatir el narco haciendo caso omiso del ordenamiento constitucional, quién lo hace no tiene nada que lo diferencie de la delincuencia organizada que supuestamente combate.
Sobre el uso parcial del poder. El poder ejecutivo federal está actuando de manera facciosa en dos sentidos: el judicial y el político. En el primero, hay sospecha fundada e incluso algunos hechos que así lo demuestran, Felipe Calderón combate de manera discrecional a ciertos sectores de la mafia, es decir que se ensaña con algunos cárteles mientras protege a otros ¿por qué?, ¿acaso esa parcialidad podría ser gratuita?, muchos pensamos que no, sospechamos que detrás de esa conducta podría haber un pacto, un arreglo para compartir ganancias, no por nada los panistas han sido fervientes impulsores del capitalismo salvaje y fanáticos de concepciones empresariales como el win-win model, en toda alianza estratégica “todos ganan”, PAN y cárteles. Gana la mafia y el poder político, pierde el pueblo acosado por ambos poderes.
Sobre la parcialidad política hay también evidencias. Desde los spots radiales y la publicidad televisiva, el ejecutivo federal y el PAN se han metido de lleno en la campaña electoral salpicando lodo a diestra y siniestra, finalmente es el método que mejor les ha resultado. La guerra contra el narco les ha brindado buenos dividendos, así que la táctica publicitaria resalta ese carácter de salvadores y defensores del pueblo contra los narcos, no por nada sus mejores íconos son los luchadores como Iridia Salazar o El Santo en su nuevo film contra las momias y vampiros del narco. El trato que Felipe Calderón dio al narcogobierno de Morelos (panista), y a los posiblemente infiltrados en el gobierno perredista de Michoacán, fue muy diferente y parcial, al respecto, he de reproducir el artículo difundido por el Partido Socialdemócrata.
Guerra selectiva contra el narco
Necesario legalizar las drogas
Michoacán y Morelos fueron tratados diferentes
La operación federal en Michoacán mediante la cual fueron detenidos 10 presidentes municipales, mandos y funcionarios de la administración local presumiblemente ligados al crimen organizado sólo pone en evidencia el uso faccioso y selectivo que el gobierno de Felipe Calderón imprime a su cuestionada guerra contra el narcotráfico, aseveró el vice presidente nacional del Partido Socialdemócrata, Luciano Pascoe.
Pascoe Rippey hizo notar que esta guerra de la que hace un uso electoral el gobierno federal no se ejecuta ni se aplica con el mismo rasero toda vez que apenas hace una semana en Morelos, el gobernador Marco Antonio Adame fue notificado con anterioridad por las autoridades federales lo que le permitió al Ejecutivo estatal actuar y tomar medidas para tratar de reducir los costos políticos.
Trato diferente, resaltó el dirigente socialdemócrata, ocurrió en Michoacán, donde el gobierno federal actúo unilateralmente, en secrecía, para asegurarse un golpe certero y mediático, lo que no ocurrió en Morelos donde algunos de los implicados, todos ellos altos funcionarios del gobierno estatal, tuvieron tiempo de tomar medidas para resguardarse de la justicia.
Además, aseguró Pascoe Rippey, la detención de los 28 funcionarios evidencia el nivel de infiltración del crimen organizado en el país y llama a cambiar el paradigma del combate al narcotráfico hacia un esquema de legalización de las drogas que permita al Estado quitarle el mercado al crimen corruptor, antes que este termine por socavar las instituciones de todos los mexicanos.
Finalmente, el dirigente del PSD exigió al gobierno de Felipe Calderón que en Michoacán y en Morelos las investigaciones se apeguen a Derecho y lleguen hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, y demandó a los Ejecutivos estatales solicitar licencia y separarse de sus cargos para asegurar transparencia en estos casos.