Constitución Política Mexicana

PROYECTOS DE IZQUIERDA DEMOCRÁTICA PARA UNA LEGISLACIÓN FEDERAL PROGRESISTA

Javier Orihuela García y Mario Rojas Alba
Cuernavaca, Morelos, México, 8 de Agosto (natalicio del Jefe), 2012.
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Documento PDF: Proyectos de Legislación Federal Progresista

Introducción

El mejor homenaje que un legislador podría ofrecer al General Emiliano Zapata, en este aniversario de su natalicio, es el impulso decidido a las iniciativas progresistas que mejor beneficien al pueblo de México. Por diversas razones la representación federal de la izquierda electa en el proceso electoral del 2012 no alcanzó la mayoría del Congreso, frustrando las esperanzas para la convocatoria de un constituyente que permitiera la reforma positiva y profunda del Estado y la promulgación de una Nueva Constitución Mexicana. No obstante, la representación es suficientemente numerosa como para lograr avances legislativos importantes, tanto en lo social como en lo económico, sobre todo si se logran superar los egoísmos facciosos y partidistas y se trabaja de manera coordinada entre las fracciones del PRD, PT, MC, y el apoyo de los representantes de otros partidos que pudieran responder con sensibilidad y honestidad a los argumentos sustentados e inteligentes de la bancada progresista.

Marco conceptual

Si se está planteando una legislación progresista, democrática, social y de izquierda, conviene definir esos conceptos en el contexto mexicano, así sea de manera resumida.

Progresista y progresismo. De manera simple y sin afán de polemizar sobre el sentido semántico del concepto progresista, se puede definir como el calificativo o dicho de una persona, sociedad o partido que profesa ideas o actitudes políticas avanzadas. Por su parte el progresismo es la doctrina o inclinación que promueve las ideas progresivas. Ambos términos se contraponen al de retrógrada que quiere llevarnos al pasado y a las actitudes sociales y políticas ya superadas, al reaccionario que responde en contra de las ideas revolucionarias e innovadoras, y al conservador que quiere mantenernos en la inmovilidad y el atraso legislativo y político.

Aunque algo tiene de liberal, el progresista mexicano va más allá de las doctrinas filosóficas, políticas y éticas emanadas de la Revolución francesa de 1789, de los movimientos sociales europeos y norteamericanos del siglo XIX, y de las luchas por las libertades individuales. Visto en su sentido dialéctico e histórico, el progresista que no cambia ni quiere avanzar más, se transforma en un conservador, cuando se opone a las nuevas propuestas de cambio e innovaciones establecidas se torna reaccionario, y al querer reestablecer ideas del pasado termina siendo un retrógrado.

De manera dinámica y evolutiva en positivo, el sentido del progresismo mexicano está asociado a diferentes corrientes políticas e ideológicas a veces contrarias en un momento histórico dado, Hidalgo, Morelos fueron radicalmente progresistas a su tiempo, lo mismo se puede decir de Juárez y los liberales del siglo XIX, el complejo liberalismo social y anarquistas de Flores Magón, el colectivismo indígena de Zapata, los legisladores sociales del Constituyente de 1917, el nacionalismo revolucionario de Cárdenas, las ideas del estado benefactor, el indigenismo mexicano, las tendencias antiimperialistas, el radicalismo e incluso la izquierda y el socialismo científico, tanto como los movimientos ecologistas por fuera de la corrupción usurpadora del PVE mexicano.

Izquierda y socialismo. La palabra izquierda proviene del euskera (vasco) ezkerra, se le dice así a la parte del cuerpo humano que está situada del lado del corazón. Una persona de izquierda es aquella que profesa ideas progresistas, que se ubica, metafóricamente, del lado del corazón, y de los buenos sentimientos hacia los demás. En términos filosóficos, éticos, y políticos, los de izquierda se inclinan más por los intereses de la colectividad que por los del individuo; por la generosidad social y colectiva que por el egoísmo individual y privado; defienden los intereses de los trabajadores sobre los burgueses y propietarios de los medios de producción; esta posición favorable hacia los derechos de la sociedad y de la colectividad, ligan el término de izquierda, de manera inseparable, a los de socialdemocracia, socialismo, comunismo, anarquismo, y radicalismo social.

Situación actual a grandes trazos

Aunque traten de decir lo contrario, la mayoría de los legisladores y dirigentes políticos de todos los partidos han exhibido, unos más que otros, su motivación económica y de poder personal muy por encima de los ideales y mística de servicio. Los altísimos sueldos y prestaciones que reciben son la prueba irrefutable que los ciudadanos conocen y critican de los politicastros y vividores de la política. Los altos ingresos y el poder por el poder todo lo corrompen, en aras de mantenerse pegados al erario son capaces de cualquier cosa: legislar para reelegirse, facilitar el reciclado permanente de un cargo a otro, empleo discrecional de los recursos públicos para promoverse, despensas, material de construcción, tarjetas de Soriana, compra en efectivo del voto, etc. Nada tendrá sentido si no se reivindica primeramente la honestidad y dignidad del quehacer político.

Los políticos y sus partidos tienen el más alto y bien ganado descrédito entre la población. Mientras tanto, en estos momentos los mexicanos estamos inmersos en un contexto especialmente crítico en lo económico, político, y social. El crecimiento económico del país es de los más bajos de Latinoamérica. Al mismo tiempo la plutocracia y la clase política se hacen cada vez más ricos y poderosos a costa de millones de mexicanos que viven en la miseria y el desempleo. La mayoría de los jóvenes son rechazados de las instituciones de educación superior. Como si eso no fuera suficiente, la violencia y la delincuencia desatada se recrea por todo el país. La plutocracia y los poderes fácticos se han apoderado del gobierno, y con un cinismo prepotente, como nunca se había visto, las directivas políticas del Estado funcionan en beneficio de la clase más rica y poseedora de los medios de producción.

Mientras se nos distraía con las fiestas centenarias, la alianza PAN-PRI-oligarquía, aprovechó para consolidar sus contrarreformas del Estado, parche sobre parche hasta acumular casi 200 desde 1917. Con el abandono del nacionalismo revolucionario, el PRI torció el rumbo y traicionó los principios revolucionarios que le dieron origen. Con Salinas de Gortari el PRI adoptó el neoliberalismo y muchas de las propuestas del programa del PAN, tanto que ambos partidos se confundieron en el PRIAN, de esta manera se reformó el Artículo 27 constitucional, se restableció la alianza retrógrada con la iglesia, se privatizó la mayor parte de las empresas paraestatales, eliminando de hecho la economía mixta y la rectoría económica del Estado. En lo social, el “prianato” hizo a un lado el mal llamado “Estado benefactor” para adoptar el modelo de “Estado socialmente irresponsable”.

El presidente hispanomexicano Vicente Fox, legítimo, pero poco inteligente, y el ilegítimo “haiga sido como haiga sido”, Felipe Calderón, dieron continuidad a las privatizaciones, al neoliberalismo conservador y mocho. Sus reformas constitucionales han tocado sobre todo el poder judicial, dejando a un lado lo positivo de los juicios orales, los parches blanquiazules únicamente han servido para darle más poder al poder, y alejar al Estado de un verdadero estado de derecho y orden constitucional; por el contrario, el Poder Judicial ha continuado siendo el peor y más corrupto de los tres que conforman la República.

La crisis económica y social se ha acentuado junto al deterioro y desprestigio del quehacer político-electoral. La derecha en el poder ha vetado prácticamente la posibilidad de que la izquierda y las fuerzas progresistas puedan acceder al poder ejecutivo federal. La reforma electoral que regrese el poder al pueblo y sus ciudadanos no se ha visto, en cambió se ha mantenido una ley electoral que sustenta a la clase política y la “partidocracia”, permitiendo que las jerarquías de los partidos se rolen los cargos públicos de manera permanente. En estas circunstancias, la mayoría de la población no ha alcanzado la madurez y educación política necesaria para enfrentar con éxito los cambios requeridos y que hoy tocan de manera insistente las puertas de la Nación.

Los Congresos conservadores impulsados por el PRIAN han otorgado más poder y fueros a las fuerzas armadas y su uso policial en la guerra sorda y estúpida contra el narcotráfico. Se han restringido la garantías constitucionales anulando de facto la inviolabilidad de los domicilios, y permitiendo la invasión de la privacidad en la vida personal mediante la intervención discrecional de la telefonía, el correo electrónico, y las redes sociales, amen de otorgar carta blanca para espiar a cualquier ciudadano. Se ha entregado el espectro radiológico al duopolio televisivo. Se ha legislación a modo de la oligarquía para dar continuidad al entreguismo del patrimonio nacional a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. La privatización anticonstitucional del petróleo y electricidad marcha a pasos agigantados, al igual que la entrega de nuestras riquezas mineras, hoy como en el pasado colonial las potencias extranjeras saquean nuestro oro, plata y cobre. Las trampas de la ley de ingresos ha mantenido los estados fiscales de excepción para que los grandes empresarios puedan evadir impuestos, mientas que se arremete con altos gravámenes fiscales a los medianos y pequeños empresarios mexicanos. La ley y el uso faccioso de la misma ha permitido la usurpación de la soberanía popular y el dominio de una clase política “profesional” y burocrática.

Para quienes se apoderaron de las franquicias partidarias, el quehacer político es un negocio muy lucrativo. La deshonestidad ha dominado la vida política, las campañas electorales han envilecido al ciudadano y violentado la dignidad de las personas, y en su afán de “ganar a toda costa”, los politicastros han olvidado principios y corrompido el ambiente electoral reduciéndolo a una repetición de consignas vacías, sin sustento político sólido y sin una orientación ética válida, en donde gana, no el mejor, sino quien tiene más dinero y el mejor publicista. Independientemente de la tendencia de cada partido, la clase política piensa únicamente en su interés personal, su consigna y objetivo único es mantenerse en el presupuesto de cualquier forma; el afán de servicio público y social es solamente una pose mentirosa con la que se pretende ocultar lo que todos saben, que los altos sueldos que devengan por el ejercicio del poder es su motivación central.

Es momento de responsabilidad y nobleza de espíritu. La derecha misma debe aprender de la historia, su miopía y cerrazón de siempre, ha causado revueltas, muerte y sufrimiento para el pueblo, es la hora de abrirse al debate de calidad y dejar que impere la soberanía popular. La democracia participativa es buena para todos, la solución de los grandes problemas sociales beneficia a los de abajo tanto como a los de arriba. Ante la cerrazón y prepotencia histórica de la derecha y el conservadurismo, el pueblo mexicano ha tenido que recurrir al supremo derecho de la resistencia contra la opresión, reconocido en el Artículo 2 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789), esta vez la plutocracia debería permitir el camino de la paz y la concordia, con la revuelta violenta todos perdemos. Es el momento de impulsar las reformas constitucionales necesarias por la vía pacífica y civilizada del diálogo, el debate, y el mutuo convencimiento sustentado en el peso de los argumentos, todo en bien de México.

Mientras esto ocurre, las fracciones parlamentarias de izquierda, en lo federal tanto como en lo local, no han estado a la altura de las necesidades sociales y democráticas. Con sus notables excepciones, los parlamentarios han estado ocupados en las disputas de poder de las diferentes facciones partidistas internas, manifestando su incapacidad para priorizar las necesidades de los sectores populares y con menos ingresos del país.

Antecedentes programáticos e ideas progresistas

Ningún proyecto legislativo progresista puede ignorar los precedentes, los representantes deben estudiar y conocer a fondo los antecedentes programáticos presentados con anterioridad, de esta manera podrán replantearse aquellos que han quedado ignorados o inconclusos por el Congreso, y, por supuesto, elaborar las reformas innovadoras necesarias a fin de mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales del pueblo mexicano.

Los proyectos legislativos deben recoger las ideas y principios fundamentales de carácter progresista conocidos desde el origen de la República, priorizando la legislación contemporánea que surge del Constituyente de 1917 hasta la actualidad. Las Principales ideas y proyectos que aquí se esbozan recogen muchos de los ideales del PSUM, de las organizaciones políticas y sociales de la izquierda y de los movimientos ecologistas de los años 80, del FDN, el PRD y PT.

Desde de su nacimiento el 6 de febrero de 1996, en la Revista Electrónica Tlahui Mario Rojas Alba ha estado difundiendo las constituciones de México, hasta la fecha millones de personas han consultado su publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde entonces también ha estado proponiendo la necesidad de una reforma constitucional a fondo y en sentido progresista. A partir de la primera edición digital en la red (5 de febrero del 2002) su proyecto ciudadano de Nueva Constitución Mexicana ha sido bajado por miles de personas desde el sitio web de Tlahui. Un número indeterminado lo ha divulgado por sus propias vías, en lo personal, o en colectivo.

En 1994 los indígenas de Chiapas irrumpieron en el escenario político recordándonos que el país sigue siendo una dictadura de la minoría étnica europea establecida en el país desde la Colonia española. Estos sobrevivientes de las primeras naciones continúan en la miseria y marginación general. El EZLN fue el más eficiente detonador de la conciencia haciendo ver la necesidad de la reforma constitucional a fin de permitir la inclusión de los indígenas y sus aspiraciones. Los Acuerdos de San Andrés recogieron sus mejores propuestas para el cambio constitucional. Adicionalmente, en Junio del 2005, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió su Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Las iniciativas que se plantean toman estos referentes, especialmente en lo que respecta a la legislación agraria, indígena, cultural y ecológica.

En 1996, dentro del PRD-Morelos conformamos la corriente Cuauhtleco, nuestras propuestas democráticas y sociales fueron aprobadas en el Congreso Estatal, y en buena parte por el Congreso Nacional de 1997, las mismas que fueron anuladas de manera facciosa por una Asamblea Nacional de Estatutos convocada a ex profeso. Por esas fechas Porfirio Muñoz Ledo planteó la necesidad de una reforma constitucional (reforma del Estado), y al menos desde el 2001, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de manera contundente se sumó a la idea de regresar al espíritu original del documento de 1917. Desde el 2006 el PRD y el PT han coincidido en la necesidad de una nueva Constitución. Por su parte Andrés Manuel López Obrador ha secundado a sus seguidores definidos desde el 2006 y a través de la Convención Nacional Democrática (CND), a favor de impulsar una asamblea constituyente que apruebe una nueva Constitución. Durante la campaña electoral federal, AMLO presentó su Proyecto Alternativo de Nación, un documento por demás importante y por supuesto orientador de muchas de las iniciativas progresistas que se presentan en este documento.

Al calor de la agresión contra los campesinos, mineros, y obreros, por parte del gobierno de Felipe Calderón, ha surgido la iniciativa de agrupar esfuerzos a fin de ir madurando, entre todos, un nuevo proyecto constitucional de carácter social. De esta forma en el 2010 surgió el Congreso Constituyente Social, la segunda asamblea realizada en Querétaro se abocó a discutir la política antisindical del gobierno federal, y la violencia de que han sido víctimas los electricistas del SME, los mineros de Cananea, y profesores de la CNTE, una labor importante que reclama la solidaridad y la defensa social, no obstante, distrae el estudio y debate de fondo sobre la temática constitucional, motivo central del Constituyente Social. La tercera Asamblea del 5-6 de febrero del 2011, en Cuernavaca, Morelos, retomó los conflictos sociales y sindicales más candentes, al mismo tiempo comenzó a discutir algunos los grandes temas para el impulso de un proyecto de Nueva Constitución Mexicana. La VI Asamblea Nacional del Congreso Social del 13 de Julio del 2012, sin dejar sus aspectos reivindicativos y lista de demandas sociales, la ha ido madurando la discusión de algunos planteamientos netamente constitucionales y legislativos de importancia.

Objetivos generales para una legislación progresista

La legislación progresista requiere del planteamiento de objetivos generales bien definidos, de otra manera los legisladores pierden el rumbo, corriendo el riesgo de caer en el caos y el “espontaneísmo” legislativo. Aquí algunos de los objetivos fundamentales:

• Toda legislación tiene como objeto la felicidad del pueblo.
• En alguna medida, cada iniciativa debe de simplificar la vida y hacerla más agradable y llevadera.
• Cualquier iniciativa debe tener claridad sobre el carácter soberano del pueblo y sus ciudadanos, y el de ciervos de la Nación de los funcionarios públicos y gobernantes.
• Sin paternalismos y con respeto irrestricto a la dignidad de las personas, la legislación se ocupa prioritariamente de los ciudadanos comunes y los sectores mayoritarios socialmente menos favorecidos.
• Para restituir la soberanía popular, toda propuesta de ley debe aumentar en alguna medida el empoderamiento del ciudadano común, y ofrecerle las herramientas legales ágiles para su participación en el gobierno, la consulta, la toma de decisiones, y el control efectivos de quienes ejercen el poder.
• Todo proyecto legislativo debe tomar en cuenta la sustentabilidad ecológica y la protección y preservación del medio.
• La legislación debe tratar con equilibrio y de manera simultánea los derechos y las obligaciones de las personas.
• El sentido universal de la ley y la equidad de las personas frente a la misma debe incluir las excepciones de justicia social, ya que tratar igual a los diferentes es un acto de injusticia.

Lista de proyectos legislativos progresistas

Enseguida se expone una lista de los proyectos legislativos progresistas, muchos se han planteado desde 1996, incluso algunos han sido ya copiados y presentados de manera tramposamente mutilados en los congresos locales, tanto como en el federal. La mayoría de los proyectos cuentan con el documento de reforma o modificación de la Constitución y/o de las leyes respectivas, en otros se plantea únicamente la idea general:

• Restitución de la soberanía popular.
• No reelección inmediata de dirigentes y funcionarios a ningún cargo público.
• Iniciativa ciudadana, consulta, plebiscito, y referéndum.
• Legislación sobre candidaturas ciudadanas sin partido con y sin registro.
• Anulación de fueros y revocación del mandato.
• Juicio por fraude político.
• Legislación sobre organismos de fiscalización ciudadana.
• Democracia directa en partidos y organizaciones sociales.
• Los cargos proporcionales asignados por el método de prelación.
• Derechos políticos para los mexicanos en el exterior.
• Se crea el Estado de Anáhuac.
• La prioridad del cambio social y el desarrollo económico.
• Dejar de financiar al imperialismo e invertir en lo social.
• Control de los altos sueldos de funcionarios.
• Fortalecimiento de la economía mixta y reforma a la Ley del Banco de México.
• Iniciativa sobre precios y comercio justo de productos agropecuarios y artesanías.
• Legislación sobre donativos, hacienda pública, organismos sociales y civiles.
• Impedir complicidades entre Ejecutivo y Procuraduría.
• Educación universal y gratuita en todos los niveles.
• Legislación sobre transgénicos.
• Legislación federal para el ejercicio de las profesiones.
• Salud y seguridad social verdaderamente universal y gratuita.
• Legislación constitucional y en la Ley de Salud sobre Medicina Tradicional y Alternativa.
• Derechos de niños y mujeres.
• Presupuesto constitucional a salud y educación.
• Legislación indígena.
• Representación federal para las primeras naciones.
• Diversas propuestas de legislación indígena.
• Políticas de gobierno digital.
• Legislación sobre medios y comunicaciones digitales.

Por un México en paz con justicia y dignidad

I. Razones y urgencia

Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.

Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte, muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas, y por la destrucción del ambiente. Se trata de una violencia sistémica donde los más afectados provienen de los sectores excluidos, marginados y vulnerabilizados de esta sociedad: mujeres, jóvenes, niños, migrantes, pueblos indígenas.

Esta guerra es fruto del monopolio que está configurando el narcotráfico en nuestro país a través de sus interconexiones transnacionales de territorios e imponiendo sus reglas de acción al Estado-Nación, lo que implica la pérdida de la capacidad gubernamental para decidir el rumbo de las políticas económicas y responder a los grupos menos favorecidos, creando, a la vez, “territorios-sin-gobierno”, en donde las bandas se disputan el dominio del trasiego de la droga desde Sudamérica y Centroamérica hasta aquí para enviarlas a Estados Unidos.

Así, la guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.

Frente a este escenario, el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social, privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública, no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional, sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles: actualmente 500 miembros del Ejército –desde generales hasta tropa– tienen licencia para ocupar cargos en las policías estatales y municipales de todo el país. Avanza la preeminencia de la lógica militar sobre la lógica civil en múltiples ámbitos de la vida nacional.

Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta, es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos, generando 40 000 ejecuciones en lo que va del sexenio. Sólo en el mes pasado, en abril, se contabilizaron 1 427 asesinatos, considerando los cuerpos hallados en las narcofosas. Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país: más de 230 mil personas desplazadas, 10 000 huérfanos; (la Redim calcula 30, 000, aunque no es una cifra oficial); 10 000 secuestros de migrantes; más de 30 alcaldes asesinados.

Además de estos saldos, esta estrategia, y la diversificación de la acción criminal, han impactado directamente la vida social de numerosas poblaciones, presas del secuestro, la extorsión, la desaparición forzada; trata de personas, feminicidios, reclutamiento forzado de jóvenes, en comunidades urbanas y rurales que quedan bajo control económico, social y político de los grupos violentos.

Preocupa especialmente que el sector de la juventud más vulnerable ha sido estigmatizado y criminalizado bajo la categoría de “ninis”, 7 millones de jóvenes en el país, sin el reconocimiento de que tal condición es producto de las acciones y omisiones del gobierno mexicano al negarles condiciones de acceso a la educación y al trabajo digno. Es central la responsabilidad del gobierno, en las políticas económicas, sociales, educativas y urbanas que generan exclusión, rompimiento de los lazos familiares, desgarre del tejido social, estas políticas son las responsables de la generación de “ninis”. Se trata de miles de jóvenes y menores de edad sin educación ni empleo que para sobrevivir no tienen otra opción que engrosar las filas del ejército a través del servicio militar o cooperar con el narcotráfico, para así morir o ser encarcelados; se trata de miles de adolescentes en el ejército, miles en las cárceles, y miles en las tumbas.

Los intentos del gobierno por atacar de otras formas el problema de la inseguridad, como el programa Todos Somos Juárez implementado desde hace quince meses, han fracasado a ojos de la ciudadanía. Se ha buscado sustituir con dinero a la exigencia de justicia. Ha sido un intento de contener con obra pública la indignación y el dolor de una comunidad vulnerada y agraviada. Ha beneficiado a un puñado de constructoras y no ha atacado las raíces sociales de las violencias. Ha generado además efectos perversos porque obstaculiza la organización autónoma de la sociedad y donde se implanta se hace sin tomar en cuenta la dinámica de los actores, las iniciativas y los conflictos locales.

Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles: federal, estatal y municipal. Según datos que se han hecho públicos por expertos, más del 70% de los gobiernos municipales se encuentran bajo presión del crimen organizado, por amenaza, o por corrupción de los funcionarios.

La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país: el 98.3% de los delitos quedan impunes. Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos.

El deterioro de las instituciones democráticas en México se refleja en la situación de los derechos humanos en el país: se han sextuplicado las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden; entre éstas, múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, desapariciones y detenciones arbitrarias. De manera simultánea se ha dado un proceso de regresión en materia de derechos humanos tanto para el ejercicio de libertades, como en los derechos sociales, particularmente los laborales; de los derechos colectivos de comunidades sobre sus territorios y bienes naturales, así como la criminalización de la protesta social y el hostigamiento a los defensores de derechos.

Los efectos en la vida cotidiana de las personas y las colectividades producen un profundo proceso de fragmentación del tejido social; sentimientos de impotencia e indefensión frente a la imposibilidad de obtener justicia y protección; miedo, culpa, ira e incertidumbre frente a la realidad; desesperanza y trastocamiento de las visiones de futuro.

II. Visión común con exigencias mínimas y compromisos

En esta hora de emergencia nacional, la Nación se debe articular de manera plural e incluyente, desde abajo y entre todos y todas, para impulsar cambios de fondo que recuperen el piso común que nos une y que posibilita la convivencia social.

Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad:

1.Exigimos verdad y justicia.
A. Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de persona, y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad, mediante procesos transparentes y efectivos de investigación, procuración y administración de justicia, en que se procese a los autores intelectuales y materiales, incluyendo las redes de complicidad y omisión de las autoridades responsables. Determinar la identidad de todas las victimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.

B. Exigimos a las autoridades estatales y federal, como señal de la capacidad de funcionamiento del Estado, la resolución pública que presente, en un máximo de 3 meses, a los autores intelectuales y materiales de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, como son:

. la familia Reyes: Josefina Reyes Salazar, María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto (esposa de Elías), Julio César Reyes Reyes, Rubén Reyes Salazar (hermano)
. Marisela Escobedo y su hija Rubí,
. Susana Chávez,
. Bety Cariño y Jiri Jaakola
. las niñas y niños de la guardería ABC:

. María Magdalena Millán García
. Andrea Nicole Figueroa
. Emilia Fraijo Navarro
. Valeria Muñoz Ramos
. Sofía Martínez Robles
. Fátima Sofía Moreno Escalante
. Dafne Yesenia Blanco Losoya
. Ruth Nahomi Madrid Pacheco
. Denisse Alejandra Figueroa Ortiz
. Lucía Guadalupe Carrillo Campos
. Jazmín Pamela Tapia Ruiz
. Camila Fuentes Cervera
. Ana Paula Acosta Jiménez
. Monserrat Granados Pérez
. Pauleth Daniela Coronado Padilla
. Ariadna Aragón Valenzuela
. María Fernanda Miranda Hugues
. Yoselín Valentina Tamayo Trujillo
. Marian Ximena Hugues Mendoza
. Nayeli Estefania González Daniel
. Ximena Yanes Madrid
. Yeseli Nahomi Baceli Meza
. Ian Isaac Martínez Valle
. Santiago Corona Carranza
. Axel Abraham Angulo Cázares
. Javier Ángel Merancio Valdez
. Andrés Alonso García Duarte
. Carlos Alán Santos Martínez
. Martín Raymundo de la Cruz Armenta
. Julio César Márquez Báez
. Jesús Julián Valdez Rivera
. Santiago de Jesús Zavala Lemas
. Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas
. Xiunelth Emmanuel Rodríguez García
. Aquiles Dreneth Hernández Márquez
. Daniel Rafael Navarro Valenzuela
. Juan Carlos Rodríguez Othón
. Germán Paúl León Vázquez
. Bryan Alexander Méndez García
. Jesús Antonio Chambert López
. Luis Denzel Durazo López
. Daré Omar Valenzuela Contreras
. Jonathan Jesús de los Reyes Luna
. Emily Guadalupe Cevallos Badilla
. Juan Israel Fernández Lara
. Jorge Sebastián Carrillo González
. Ximena Álvarez Cota
. Daniela Guadalupe Reyes Carretas
. Juan Carlos Rascón Holguín

. la familia Le Barón: Erick Le Barón, Benjamín Le Barón, Luis Widmar Stubbs
. los jóvenes de Villas de Salvarcar:

. Marcos Piña Dávila
. José Luis Piña Dávila
. Rodrigo Cadena Dávila
. Juan Carlos Medrano
. Horacio Alberto Soto Camargo
. José Luis Aguilar Camargo
. Yomira Aurora Delgado
. Brenda Ivonne Escamilla José Adrian Encino Hernández
. Edgar Martínez Díaz
. Jesús Enríquez
. Jesús Armando Segovia Ortiz
. Carlos Lucio Moreno
. Eduardo Becerra
. Jaime Rosales

. los jóvenes de Morelos: Juan Francisco Sicilia, Luis Romero, Julio Romero, Gabriel Alejos, Álvaro Jaime y Socorro Estrada.

C. Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia, a no olividar y exigir justicia, colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.

2- Exigimos poner fin a la estrategia guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.

A. Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos, que evite la participación del ejército en tareas policiales; que avance un modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido social, y que recupere las experiencias comunitarias autogestivas y la participación ciudadana en las colonias, barrios y unidades habitacionales.

B.I Exigimos que, antes de dos meses, los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad, y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

B.II Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional, y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Que se aprueben Leyes consensadas con las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil con un enfoque democrático y de respeto a los derechos humanos.

C. Convocamos a la sociedad civil a organizar un “Encuentro Nacional” de las experiencias de seguridad pública y defensa ciudadana autogestiva y comunitaria, que ya existen en el país, para poder reflexionar colectivamente las alternativas ciudadanas al respecto, y cómo reconstruir el tejido social en las comunidades, barrios y colonias a partir de conocer y diagnosticar la forma que toma la delincuencia en cada región y saber cómo frenarla.

3- Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.

A. Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales y extablezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos. También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.

B. Exigimos que, en máximo 6 meses, el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, en materia de actos de corrupción, delitos del orden común y de crimen organizado.

4- Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen

A. La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de “protección” y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.

B. Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.

C. Llamamos a la ciudadanía a denunciar los casos notorios de riqueza mal habida y lavado de dinero, así como los casos de infiltración de recursos del crimen organizado en las campañas políticas y los negocios.

5- Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.

A. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes, porque son las y los principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública

B- Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto, garantizando, al menos, lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria, media superior y superior; un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria, EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios, comunidades y unidades habitacionales.

6- Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.

1.La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana. Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.

Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa, en el menor tiempo posible, los monopolios y genere una amplia democratización y apertura, no sólo a la competencia, sino al fortalecimiento de los medios públicos.

1.Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece, la consulta popular, la iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.

B..I. Exigimos que la legislación reglamentaria de la reforma política considere una amplia consulta y participación ciudadana que incluya la revocación del mandato y la reducción del financiamiento a los partidos políticos, y que retome los asuntos pendientes en materia de la legislación de las acciones colectivas evitando su restricción y retroceso, así como la aprobación de la Ley Federal Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales propuesta por la sociedad civil y legisladores de varios partidos.

III. Para iniciar el camino

Estas propuestas buscan detonar una nueva convivencia y nuevas bases para la legalidad, son el inicio de un camino, no son su fin.

Proponemos dos momentos para lograr esto: un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y en un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos, de exigencias a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.

Este momento requiere la participación de todas y todos; el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional, para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación. Tenemos que dejar la apatía, la queja, el paternalismo, las visiones sectarias, para sumarnos activamente con una nueva responsabilidad de participación en los asuntos públicos.

Esta es una invitación, por un lado, a la sociedad civil para organizarnos y unirnos en torno a demandas y ejes fundamentales de lucha para detener la guerra. Por otro lado, con esta unidad podremos realizar un emplazamiento a las más altas autoridades y responsables frente a la nación para exigirles que se comprometan públicamente a construir unas acciones básicas con el fin de empezar a construir una paz verdadera con justicia y dignidad en México ¡ya! No se trata de sentarse con las autoridades y responsables de esta emergencia nacional en un mismo estrado y sacar fotos.

El 10 de junio nos reuniremos en Cd. Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada unos de los 6 puntos.

La sociedad civil va a monitorear con mucho cuidado el cumplimiento de sus exigencias y a establecer las consecuencias de sanciones necesarias si no se cumplen. Todos y todas seremos testigos del compromiso real de estos actores, y verificaremos que cumplan cada punto.

Se crearán estas Comisiones Civiles de Verificación y Sanción para cada punto, las cuales evaluarán el compromiso y cumplimiento muy concreto, y, en caso que no se acepten las exigencias o se hagan discursos y no se cumplan, se establecerán, junto a la sociedad civil, las acciones de resistencia civil y pacífica correspondientes para lograr el cumplimiento de este “suelo” mínimo que consideramos para la reconstrucción de la nación.

Durante este periodo hasta el 10 de junio, las Comisiones, con las aportaciones del resto de la sociedad civil, irán especificando con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia. Invitamos a toda la ciudadanía, en las comunidades, barrios, colonias, lugares de trabajo, a aportar en esta discusión y construir “espacios de reflexión y acción colectiva nacional” permanentes. Necesitamos fortalecer y visibilizar problemáticas regionales, articularnos en reflexión y acciones locales y nacionales, promover en todo momento una memoria activa y la participación central de todas las víctimas de este proceso de guerra hecha en nuestro nombre y sin nuestro consenso.

Con el Pacto civil estableceremos un mandato ciudadano y exigiremos respuesta precisa a los titulares del Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales; a los presidentes nacionales de los partidos políticos y los coordinadores de las fracciones en el Congreso de la Unión; a los representantes del Poder Judicial, así como de los sectores empresarial y financiero; a los sindicatos, las iglesias y las organizaciones sociales.

Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero. Unamos nuestras voces de ambos lados de la frontera para exigir paz y detener el negocio de las drogas y el delito que destruyen vidas a ambos lados de la frontera.

Sigamos caminando juntos y juntas para construir ¡YA! un México en paz con justicia y dignidad.

En el Zócalo de la Cd. de México, al finalizar la Marcha

¡Estamos hasta la madre!
¡Alto a la guerra!
¡Por un México justo y en paz!

Mayo 8, 2011

Discurso de Javier Sicilia leído en el Zócalo.
Nuevo pacto o fractura nacional
Domingo, 08 de mayo de 2011 
 Javier Sicilia

Hemos llegado a pie, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra, ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina donde alguna vez habitó Tenochtitlan -a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan-; hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompañan la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino.

Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni serán nunca los nuestros; estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades.

Si no hacemos esto solamente podremos heredar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños una casa llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y engaño, donde reinan los señores de la muerte, de la ambición, del poder desmedido y de la complacencia y la complicidad con el crimen.

Todos los días escuchamos historias terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos: ¿Cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad? Los claroscuros se entremezclan a lo largo del tiempo para advertirnos que esta casa donde habita el horror no es la de nuestros padres, pero sí lo es; no es el México de nuestros maestros, pero sí lo es; no es el de aquellos que ofrecieron lo mejor de sus vidas para construir un país más justo y democrático, pero sí lo es; esta casa donde habita el horror no es el México de Salvador Nava, de Heberto Castillo, de Manuel Clouthier, de los hombres y mujeres de las montañas del sur -de esos pueblos mayas que engarzan su palabra a la nación- y de tantos otros que nos han recordado la dignidad, pero sí lo es; no es el de los hombres y mujeres que cada amanecer se levantan para ir a trabajar y con honestidad sostenerse y sostener a sus familias, pero sí lo es; no es el de los poetas, de los músicos, de los pintores, de los bailarines, de todos los artistas que nos revelan el corazón del ser humano y nos conmueven y nos unen, pero sí lo es. Nuestro México, nuestra casa, está rodeada de grandezas, pero también de grietas y de abismos que al expandirse por descuido, complacencia y complicidad nos han conducido a esta espantosa desolación.

Son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores, para decirles directamente a la cara que tienen que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos -a esos que la maldad del crimen ha asesinado de tres maneras: privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio ominoso que no es el nuestro-; para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esta infame realidad que ustedes, la clase política, los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas policiacas han negado y quieren continuar negando. Una realidad que los criminales, en su demencia, buscan imponernos aliados con las omisiones de los que detentan alguna forma de poder.

Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar los instrumentos de éste para erosionar las mismas esperanzas de cambio de los ciudadanos. O ¿dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las Iglesias, los congresos, los empresarios; dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica? ¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia, acusado de tener vínculos con el crimen organizado y lo introdujeron al recinto que debería ser el más honorable de la patria porque en él reside la representación plural del pueblo y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en dos vergonzosos sainetes? ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo y a la incertidumbre? ¿Por qué se trató de hacer pasar, a espaldas de la ciudadanía, una ley de seguridad que exige hoy, más que nunca una amplia reflexión, discusión y consenso ciudadano? La Ley de Seguridad Nacional no puede reducirse a un asunto militar. Asumida así es y será siempre un absurdo. La ciudadanía no tiene
 por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia del Congreso y sus tiempos convertido en chantaje administrativo y banal cálculo político. ¿Por qué los partidos enajenan su visión, impiden la reforma política y bloquean los instrumentos legales que permitan a la ciudadanía una representación digna y eficiente que controle todo tipo de abusos? ¿Por qué en ella no se ha incluido la revocación del mandato ni el plebiscito?

Estos casos -hay cientos de la misma o de mayor gravedad- ponen en evidencia que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el Panal, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. En todos ellos hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total con la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones ¿por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar? ¿No se dan cuenta de que con ello están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas, que están destruyendo la voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy se encuentran?

Los partidos políticos debilitan nuestras instituciones republicanas, las vuelven vulnerables ante el crimen organizado y sumisas ante los grandes monopolios; hacen de la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en rehén de la violencia imperante.
Ante el avance del hampa vinculada con el narcotráfico, el Poder Ejecutivo asume, junto con la mayoría de la mal llamada clase política, que hay sólo dos formas de enfrentar esa amenaza: administrándola ilegalmente como solía hacerse y se hace en muchos lugares o haciéndole la guerra con el ejército en las calles como sucede hoy. Se ignora que la droga es un fenómeno histórico que, descontextualizado del mundo religioso al que servía, y sometido ahora al mercado y sus consumos, debió y debe ser tratado como un problema de sociología urbana y de salud pública, y no como un asunto criminal que debe enfrentarse con la violencia. Con ello se suma más sufrimiento a una sociedad donde se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas que deben conquistarse por cualquier medio y a cualquier precio.
Este clima ha sido tierra fértil para el crimen que se ha convertido en cobros de piso, secuestros, robos, tráfico de personas y en complejas empresas para delinquir y apropiarse del absurdo modelo económico de tener siempre más a costa de todos.

A esto, ya de por sí terrible, se agrega la política norteamericana. Su mercado millonario del consumo de la droga, sus bancos y empresas que lavan dinero, con la complicidad de los nuestros, y su industria armamentista -más letal, por contundente y expansiva, que las drogas-, cuyas armas llegan a nuestras tierras, no sólo fortalecen el crecimiento de los grupos criminales, sino que también los proveen de una capacidad inmensa de muerte. Los Estados Unidos han diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales donde México ha quedado atrapado.

¿Como reestructurar esta realidad que nos ha puesto en un estado de emergencia nacional? Es un desafío más que complejo. Pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture hasta hacer casi inaudibles el latido de nuestros corazones que es el latido de la nación. Por eso les decimos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los artistas, las Iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad, que le permita a la nación rehacer su suelo, un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las
 víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia.

Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los que hoy estamos reunidos en el zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades del país.

Si no lo hacen, y se empeñan en su ceguera, no sólo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones de 2012 serán las de la ignominia, una ignominia que hará más profundas las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país.

Estamos, pues, ante una encrucijada sin salidas fáciles, porque el suelo en el que una nación florece y el tejido en el que su alma se expresa están deshechos. Por ello, el pacto al que convocamos después de recoger muchas propuestas de la sociedad civil, y que en unos momentos leerá Olga Reyes, que ha sufrido el asesinato de 6 familiares, es un pacto que contiene seis puntos fundamentales que permitirán a la sociedad civil hacer un seguimiento puntual de su cumplimiento y, en el caso de traicionarse, penalizar a quienes sean responsables de esas traiciones; un pacto que se firmará en el Centro de Ciudad Juárez -el rostro más visible de la destrucción nacional- de cara a los nombres de nuestros muertos y lleno de un profundo sentido de lo que una paz digna significa.

Antes de darlo a conocer, hagamos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones que llama a todos a refundar la Nación. Hagámoslo así porque el silencio es el lugar en donde se recoge y brota la palabra verdadera, es la hondura profunda del sentido, es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores, es esa tierra interior y común que nadie tiene en propiedad y de la que, si sabemos escuchar, puede nacer la palabra que nos permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra casa: México.

Sicilia por un Nuevo Constituyente

Por: Mario Rojas Alba

El poeta Javier Sicilia ha venido planteando, con el respaldo ciudadano que hay detrás de él, diversas propuestas que trascienden, para bien, los ámbitos exclusivos de su crítica a la violencia desatada por una mala estrategia de guerra contra el narcotráfico. Creo conveniente ir comentando, así sea en pequeñas notas, algunas de esas ideas.

Aunque todos desearíamos que la táctica y estrategia del gobierno panista hubiera funcionado, y que la guerra declarada de Felipe Calderón, mediante el uso del ejército, nos hubiera llevado a un ambiente de concordia y seguridad para la población mexicana, eso no ha sido así, y quienes criticamos desde el principio como torpe, errónea, peligrosa e inútil, esa estrategia (ver entre otros artículos, contra el narco, una guerra perdida), desgraciadamente teníamos razón, y con toda tristeza 40 mil mexicanos pagaron con su vida para demostrar que estábamos en lo cierto, no sabemos cuántos más tendrán que morir para que la contumacia de Felipe Calderón se quebrante, y tenga la humildad de reconocer que se equivocó.

Todo parece indicar que la cúpula panista, y la clase política de todos los partidos, sus patrones plutocráticos, y en general todos aquellos miembros de las jerarquías de las instituciones del Estado, de las organizaciones políticas, y religiosas, empresarios, banqueros, monopolios televisivos, jueces, obispos, policías, generales, líderes sindicales, con sus excepciones, ligados de alguna manera al narcotráfico y al sostenimiento de un sistema que se pudre en la corrupción, se evaden, y no se quieren poner el saco de la responsabilidad y complicidad con el estado de violencia.

El movimiento alrededor de Javier Sicilia, sabe, o intuye, que aquellos que hoy nos gobiernan, no han sido, ni serán capaces de resolver la crisis de violencia en la que nos metieron (de nueva cuenta quisiera equivocarme). Que no se puede poner al gato a cuidar y proteger la seguridad del canario, ni pedirle que se abstenga de devorarlo. ¿Entonces qué sigue?, ¿A dónde va el movimiento? Se ha planteado, con las dudas de muchos, un pacto de 6 puntos (8 de mayo, 2011), mismos que comentaré en su momento. Hoy quisiera referirme a una de las propuestas más trascendentales de Javier Sicilia, la realización de un nuevo constituyente.

Para recomponer el tejido social, Javier Sicilia revela su posición a la pregunta que le hiciera José Gil Olmos (Proceso, 1798, 17 de abril, 2011) “¿Todos estos muertos y el crecimiento del  crimen organizado son el saldo del fracaso?”, a lo que respondió el poeta: “-Es el horror del fracaso, por eso hay que rehacer la nación, quizás a partir de ese pacto pensar en un nuevo constituyente, una nueva Constitución, por que la que tenemos la han violado, reformado, omitido, y ya está rebasada; fue hecha para un país que nació a principios del siglo XX y que ahora es diferente”.

Con esto Javier Sicilia se declaró a favor de una propuesta que al menos de mi parte, he venido impulsando desde 1996 (Proyecto Ciudadano para una Nueva Constitución Mexicana); después por el EZLN; se sumó luego Porfirio Muñoz Ledo en su alianza con Vicente Fox cuando quiso impulsar de manera infructuosa una reforma del Estado; la idea ganó muchos adeptos, Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD, el PT, Convergencia, e incluso algunos líderes y sectores del PRI han visto con simpatía la necesidad de un Constituyente.

Actualmente los sindicalistas del SME en resistencias, telefonistas, profesores disidentes, y decenas de organizaciones sociales, civiles, y políticas, han venido impulsando, desde el 2009, el Constituyente Social. Los sectores de ciudadanos más politizados y con un mayor nivel educativo, los sindicalistas democráticos y campesinos con mayor consciencia, están a favor de un proceso de discusión y organización que permita llegar, por la vía pacífica y democrática, al establecimiento de un Congreso Constituyente plenamente legítimo, en donde la ciudadanía recupere su soberanía usurpada por la clase en el poder, y que se establezca un nuevo contrato social. Una nueva Carta Magna a la altura del México moderno, capaz de restablecer el orden y brindar un ambiente adecuado a la felicidad del pueblo. Por supuesto, antes tendrán que darse otros procesos, y el Congreso Constituyente sería, en realidad, la culminación de ese proceso de regeneración nacional. 

Transmitiendo para usted en vivo y tiempo real
mediante el enlace de Tlahui y Radio Chinelo.
Desde algún lugar del trayecto entre Cuernavaca y el Zócalo de la Ciudad de México.

Desde la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad

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Empatía por los diferentes

Mario Rojas A. Comentando sobre mis amigos en Facebook. Tengo una colección fotográfica con numerosas especies de fanerógamas, con su enorme variedad de hermosas flores, se semeja en mucho a los amigos que tengo: hombres, mujeres, lesbianas y homosexuales; de la tercera edad, maduros, adultos, y jóvenes; creyentes en diversas religiones y ateos por la gracia de Dios o de verdad…

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¿Javier Sicilia para Gobernador de Morelos?

Mario Rojas A. En círculos de profesores, y de miembros de la izquierda morelense se ha venido especulando sobre la posibilidad de que Javier Sicialia aceptara la candidatura ciudadana al gobierno del Estado de Morelos, sobre eso expongo aquí mis puntos de vista…

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Iniciativa contra corrupción en Jojutla

Ing. Raul Mendoza Salgado. Jojutla, Morelos, Abril 16, 2011. Los jojutlenses nos encontramos afectados y dolidos por las pésimas administraciones públicas municipales que durante quince años o más no han cumplido con el mandato constitucional de gobernar.

Para leer el texto completo…

Intelectuales, científicos e investigadores de origen francés envían una carta crítica contra Nicolas Sarkozy por dedicar el Año de México en Francia, a la secuestradora Florence Cassez condenada en México a 60 años de prisión.

“CARTA ABIERTA AL GOBIERNO FRANCÉS

La decisión de la justicia mexicana al respecto del juicio de Florence Cassez ha provocado desde algunos días una serie de reacciones por parte del gobierno francés, de los partidos políticos y los medios que acaban de terminar en un fiasco enorme. Hemos asistido a una subida en las tomas de posición, desde la declaración de la ministra de Asuntos Exteriores franceses negándose a participar en las eventos previstos para el Año de México en Francia y la llamada de Martine Aubry a las colectividades locales socialistas para un boicot de estos mismos eventos y suprimir los que dependen de ellas.

El 14 de febrero, al dedicar el Año de México en Francia a Florence Cassez, Nicolas Sarkozy tomó una gran responsabilidad. No se puede pedir a unos artistas, escritores, académicos franceses, como mexicanos, aceptar que los utilicen como medio de presión en unos asuntos que pertenecen al ámbito de la justicia y la diplomacia. No es aceptable para nosotros franceses, y tampoco para nuestros colegas mexicanos. Es una mezcla de géneros inadmisible que ha desembocado en la decisión lógica del gobierno mexicano de retirarse.

El Año de México es un evento destinado a promover un mejor conocimiento de este país. En ningún caso puede volverse el instrumento del gobierno para hacer presión sobre un asunto que depende del poder judicial mexicano y de la diplomacia francesa. Reafirmamos nuestro apego a las relaciones científicas, culturales y humanas con los colegas que siempre nos han recibido con respecto, atención y amistad, muchos de los cuales han escogido seguir sus estudios en Francia y después trabajar con nosotros.

Pedimos al presidente de la República francesa que abandone su decisión de dedicar el Año de México en Francia a Florence Cassez y reafirmamos nuestra amistad con México.

Danièle Dehouve, directeur de recherche CNRS, directeur d’études EPHE; Marie-France Fauvet-Berthelot, Musée de l’Homme; Alain Musset, directeur d’études EHESS; Françoise Lestage, professeur Université Paris-Diderot; Marguerite Bey, IEDES-Université Paris I; Claude Bataillon, CNRS; Jean Rivelois, IRD; Helios Figuerola, EREA; Gregory Pereira, CNRS; Olivia Kindl, El Colegio de San Luis, Mexique; Joëlle Chassin, Professeur Université Paris III; Julie Devineau, sociologue; Anne-Marie Vié-Wohrer, Ecole du Louvre/EPHE; Patrick Menget, directeur d’études EPHE; Anne-Marie Losonczy, directeur d’études EPHE; Marie-France Prévôt Schapira, Professeur Université Paris 8-Creda; Anath Ariel de Vidas, CNRS-EHESS; Gilles Bataillon, directeur d’études EHESS; François Lartigue, CIESAS, Mexique; Danielle Zaslavsky, El Colegio de Mexico, Mexique; Marc Thouvenot, directeur de recherches CNRS; Eliane Daphy, ethnologue, ingénieure CNRS; Valentina Vapnarsky, directrice du Centre EREA-CNRS; Karine Tinat, professeur chercheur, El Colegio de México, Mexique; Michel Tibon-Cornillot, EHESS; Irène Bellier, directrice du Laboratoire Anthropologie des Institutions et des Organisations Sociales-EHESS; Claude Stresser-Péan, ethnologue; Serge Gruzinski, directeur de recherches CNRS, Directeur d’Etudes EHESS; David Robichaux, professeur, Universidad Iberoamericana, Mexique; Brigitte Faugère, professeur, Université Paris I; Philippe Macaire, anthropologue; Martine Dauzier, professeur Université Paris Est Créteil; Hélène Rivière d’Arc, CNRS; Guilhem Olivier, UNAM-IIH, Mexique; John Landaburu, directeur de recherches CNRS; Charlotte Arnauld, directeur de recherches CNRS; Bernard Vincent, directeur d’études EHESS; Sophie Fisher, EHESS; Patrice Melé, professeur Université de Tours; Jean Meyer, CIDE, Mexique; Claudia Cirelli, UMR CITERES-Université de Tours; Chantal Cramaussel, El Colegio de Michoacán, Mexique; Isabelle Rousseau, Professeur, El Colegio de México-CERI Sciences Po Paris; Pascal Mongne, Cours Arts des Amériques, Ecole du Louvre; Nadia Prévost Urkidi, Université du Havre; Nicolas Ellison, EHESS, Toulouse; Eric Taladoire, Professeur, Université Paris I; Kali Argyriadis, IRD-CIESAS Mexique; Maria Eugenia Cossio-Zavala, professeur, Université Paris III; Annick Lempérière, Université Paris I; Séverine Durin, CIESAS Monterrey, Mexique; Virginie Baby Collin, Université de Provence; Elodie Dupey García, UNAM-IIH, Mexique; Afranio Garcia, EHESS; Marie-Carmen Macias, CEMCA, Mexique; Nadine Béligand, CEMCA, Mexique; Lionel Massun, Mexique; Catherine Massun, Mexique; Anthony Stanton, El Colegio de México, Mexique; Magali Demanget, Université Paul-Valéry, Montpellier 3; Catherine Paquette, IRD; Michel Bertrand, Université de Toulouse-IUF; Eva Lemonnier, UMR 8096-CNRS; César Itier, INALCO.”

Gerardo Fernández Noroña sube a tribuna sobre el tema de MVS Carmen Aristegui

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Asamblea general de las Naciones Unidas
10 de diciembre 1948

Llamado público de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) ante la suspensión del programa radiofónico de la periodista Carmen Aristegui

La salida de la periodista Carmen Aristegui de MVS Radio es una pésima noticia para la sociedad mexicana. La voz crítica que Carmen Aristegui ha construido a lo largo de una sólida carrera profesional se ha convertido en una de las más relevantes en la vida pública mexicana. La decisión que cancela ese espacio radiofónico es desafortunada para todos. Pierde la empresa MVS, cuya independencia editorial queda en cuestión debido a la supresión de ese espacio crítico. Pierden la periodista y su amplia audiencia. Pierde la Presidencia de la República, de donde surgieron las exigencias para que Carmen Aristegui se disculpara por un comentario que hizo el viernes 4 de febrero.

MVS ha manifestado que la periodista transgredió el “código ético” de dicha empresa. Sin embargo ese código no es conocido por los radioescuchas. De existir, se trata de un código de eficacia endeble porque se ha mantenido en secreto. En todo caso, los instrumentos éticos no sirven para motivar disculpas sino para evitar errores en el manejo de la información. Si la periodista difundió una información errónea, la persona o la institución afectadas podrían haber solicitado una rectificación. Si se trata de una opinión personal, tiene derecho a difundirla aunque fuese equivocada.

La opinión que Carmen Aristegui dio a conocer acerca de la salud del presidente de la República no estaba sustentada en hechos sino en apreciaciones subjetivas –a partir de una fuente de muy cuestionada verosimilitud–. Puede ser una opinión debatible, pero fue manifestada en ejercicio de la libertad de expresión.

La Presidencia de la República tenía derecho a difundir una aclaración. Pero ni el gobierno, ni la empresa, lo tenían para obligar a la periodista a ofrecer una disculpa. Al preferir la vía de las presiones privadas, en vez de las aclaraciones públicas, el gobierno reedita los peores tiempos de las relaciones autoritarias entre el poder político y los medios de radiodifusión. Exigimos a la Presidencia de la República que, con hechos y específicamente en este caso, garantice el derecho a la libertad de expresión así como el derecho de los ciudadanos a la información.

En tanto los costos de esa medida son muy altos para la empresa, la periodista y la sociedad mexicana, quienes se beneficien de ella serán los intereses que suelen ser exhibidos por Carmen Aristegui. Dicho saldo, nos permite hacer un llamado público a MVS para que reconsidere la cancelación del programa de Carmen Aristegui y a la periodista y a su equipo de trabajo para que estén dispuestos a una solución que, sin demérito de sus convicciones profesionales, propicien la permanencia del espacio que han ocupado con tanto provecho para sus radioescuchas.

México D.F., lunes 7 de febrero de 2011
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
Por el Consejo Directivo: Raúl Trejo Delarbre, presidente

Prensa Vendida 1968

Periodistas y medios vendidos
Por Mario Rojas A.

A través de la historia, las oligarquías siempre han tenido sus propagandistas bien pagados, individuos de baja moral cívica que viven muy bien de la adulación al poderoso. La lisonja palaciega, como la prostitución, son de las actividades más viejas y lucrativas, sobre todo las que se practican en las altas esferas del poder económico y político.

México no se podría quedar atrás, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva, Javier Alatorre, son algunas de las figuras más reconocidas del “cartel de carteles desinformativos”, una delincuencia organizada (“legal” aunque no moral) para manipular la información a favor de la oligarquía que los soborna generosamente.

No son pocos los periodistas, analistas políticos, y medios que se resisten y sobreviven de manera honesta y valiente a la constelación de corrupción que priva desde los municipios, los estados, hasta la capital federal, por eso mismo su ejemplo es digno de reconocer: Carmen Aristegui, Julio Hernández López, Miguel Ángel Granados Chapa, Julio Sherer, Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, Lorenzo Meyer, entre muchos otros.

Detrás de cada “cartel desinformativo” existe un jefe o capo, principal usufructuario del “tráfico de la información manipulada”, el más poderoso de todos, el “cártel de las estrellas” de Emilio Azcárraga Milmo, recibe miles de millones de pesos en pagos de publicidad de la crema y nata de los oligarcas empresariales, de los gobiernos estatales, de las secretarías e instituciones del gobierno federal, de los partidos políticos, y de personalidades políticas que usan nuestros impuestos para promoverse en los medios que los conscienten (como Peña Nieto en Televisa).

El pueblo tiene los periodistas y medios que se merece. En efecto, los medios y prensa vendida existen gracias al financiamiento de la oligarquía, pero sobretodo, por las grandes masas de ignorantes, de los sectores de población que solo saben de fútbol, de telenovelas, de pleitos e intrigas entre los dique “artistas” de la televisión comercial; es esa gente la que impone el rating, así que “si basura quieren, basura les dan”. He oído, leído y visto muchas notas de los personeros de la prensa vendida, y no me extraña que digan mentiras, falsedades carentes de moral y de sustento histórico o científico, finalmente para eso les pagan, lo que si es de lamentar son los millones de mexicanos que haciendo gala de su ignorancia, los sostienen, los apoyan, y emiten comentarios simplones, manipulados, repitiendo como autómatas los eslogans del imperialismo norteamericano, y por supuesto, cacareando los estribillos idiotas de la prensa vendida.

Para el “cartel de las estrellas”, el peor y más indigno de los sindicatos es el SME (cuando es de los únicos que elige con periodicidad y por voto universal libre, secreto y directo a sus dirigentes, yo no conozco ningún otro que haga eso), y que los buenos de la película son los funcionarios de la CFE, “empresa de clase mundial”, con funcionarios eficientes y honestos (aunque eso se contradiga por la realidad y en casos como el de Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de CFE, quien fue sobornado con un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de 297 mil dólares).

Para el madrileño Joaquín López Dóriga y su compinche yucateco Carlos Loret de Mola, los malos maestros se encuentran en la CNTE, terribles profesores que andan rondando por ahí como espíritus chocarreros promoviendo la perdición de las almas puras y limpias de los buenos maestros del SNTE, y alborotándole la base a la sacrosanta y muy democrática Elba Esther Gordillo, ejemplo de honestidad y prócer del sindicalismo mexicano. Increíble, pero millones de mexicanos se lo creen.

El cartel desinformativo, en alianza con el PAN y las altas jerarquías de la iglesia, han promovido la reivindicación de Agustín de Iturbide, e infaman, en lo posible, a Miguel Hidalgo y Costilla, a José maría Morelos y Pavón, entre otros insurgentes que no son del agrado de la visión ultraconservadora y mocha de importantes personalidades que hoy detentan el poder político, económico y religioso. Los oligarcas quisieran integrar a la conmemoración de los Centenarios, a sus propios héroes, Agustín de Iturbide, Antonio López de Santanna, Maximiliano de Habsburgo, Tomás Mejía, Miguel Miramón, Porfirio Díaz, y Victoriano Huerta.

De ninguna manera es justificable el impulso de una visión maniquea de la historia, con una división tajante en héroes y antihéroes, en personajes buenos y malos, ciertamente es conveniente el desarrollo de una consciencia dialéctica de la historia, en donde los líderes y sus movimientos revolucionarios sean vistos como humanos de carne y hueso, con sus aciertos, cualidades, y errores, pero otra cosa muy diferente, es querer imponer a personajes que ya fueron juzgados por la historia. En lugar de dejarse manipular por la información amañada de los videos y documentos publicados al gusto de Televisa y la oligarquía, recomiendo ampliamente la lectura de las magníficas obras que sobre la guerra de independencia y la revolución se han escrito en México. Por ejemplo, respecto a la Independencia, todos los mexicanos deberían de leer el libro de Luis Villoro, El Proceso Ideológico de la Revolución de Independencia, CONACULTA, México, 2002 (1ª ed. 1953), de 255 páginas.

Hoy, más que nunca, es necesario el desarrollo de medios alternativos, como viene ocurriendo en la Internet, para que, juntos, los mexicanos podamos contrarrestar el poder enajenador e idiotizante de los medios vendidos a favor de la oligarquía.